Como decían ayer: “¿quién dio la orden?”
POR SUPUESTO QUE EL MOVIMIENto Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) podía preguntar “¿quién dio la orden?”. Los murales que causaron polémica habían sido injustamente censurados por órdenes judiciales a pedido del general Marcos Evangelista Pinto. En una actuación extraña, el Juzgado 13 Civil de Bogotá había dicho que, mientras no hubiesen sentencias judiciales en contra de los altos mandos militares, las víctimas no podían expresar sus juicios de valores. Sin embargo, la Corte Constitucional vio la inadecuada vulneración a la libertad de expresión y en una sentencia dada a conocer ayer dijo que por supuesto que este tipo de discursos deben estar en el debate público y que los funcionarios de alto rango no pueden silenciarlos de manera caprichosa.
Los murales, que se popularizaron y ahora se encuentran en distintas manifestaciones por todo el país, son dolorosos y retadores. Y debían ser así, no es para menos. Las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, por lo menos 6.402 durante las dos presidencias de Álvaro Uribe según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), están molestas por un Estado que las traicionó y por una cúpula militar que, a menudo, se ha mostrado incapaz de dar cuenta de lo ocurrido. Por eso, en las imágenes salen altos mandos del Ejército con un presunto número de ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo su liderazgo. Esas cifras, claramente, son aproximaciones, porque la justicia colombiana no ha sido capaz hasta la fecha de procesar todos los casos y rendirles cuentas a las víctimas.
Sobre esa presunta imprecisión de las cifras en el mural se centró el debate. Para el general Marcos Evangelista Pinto, excomandante de la Segunda División, “la información difundida no es veraz”, por lo que exigía una rectificación que “conlleve para Movice, en el entendimiento de su equivocación, negligencia, error, tergiversación o falsedad, que solicite a las organizaciones a quienes etiquetó y a las personas que replicaron dicha imagen que sea retirada y repliquen la retractación de la misma”. Lo extraño es que dos instancias judiciales le dieron la razón: según ellas, el mural no podía difundirse porque las cifras no eran exactas ni contaban con fallos judiciales para respaldarlas.
Creer que la verdad judicial es la única que puede autorizar juicios de valor en un país donde reina la impunidad es fomentar la censura. Que un alto mando del Ejército pueda utilizar el aparato estatal para silenciar voces que lo critican muestra un desbalance de poder que, además, genera un acto de revictimización. Exigirles completa rigurosidad a las víctimas en sus reclamos, cuando ni siquiera el sistema judicial ha sido capaz de dar con los responsables, no tiene sentido alguno.
La Corte Constitucional vio el atropello y lo echó para atrás. Sobre la decisión del Juzgado, los magistrados fueron enfáticos al señalar: “Llama la atención de la Sala la afirmación realizada por el juez de segunda instancia según la cual este tipo de asuntos no pueden ser ventilados o siquiera mencionados por ninguna persona hasta que no haya una condena. Sobre este aspecto resulta pertinente reiterar que los ciudadanos tienen el derecho de denunciar de manera pública hechos que consideren irregulares y que sean atribuibles a servidores públicos”. Además, recordó que estamos ante un discurso en el que “el mensaje es de interés público; se relaciona con las responsabilidades de una persona que ejerce mando en el Ejército Nacional y no se traduce en afirmaciones vejatorias o desproporcionadas”.
Que vuelvan los murales, entonces. Y, ante todo, que la JEP siga investigando para que por fin haya justicia y podamos responder quién dio la orden.
‘‘Silenciar
los murales de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales era un acto de censura”.