El retiro de Nicaragua de la OEA
EL VIERNES PASADO, EL RÉGIMEN de Daniel Ortega anunció el retiro del país de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El inicio del procedimiento, que se deberá cumplir dentro de dos años, sigue los lineamientos de lo que en su momento llevó a cabo Nicolás Maduro. Junto a Cuba, cuyo gobierno no ha querido regresar al organismo regional, serán tres las dictaduras que están por fuera de lo previsto en la Carta Democrática Interamericana (CDI).
Desde las recientes y fraudulentas elecciones, Ortega y su esposa vicepresidenta, Rosario Murillo, han sido cuestionados por la mayoría de los países de la región. En la reciente Asamblea General de la OEA se aprobó una resolución, que fue respaldada por 25 Estados miembros, mediante la cual se consideraron ilegítimos los comicios y se solicitó a su secretario general a presentar un análisis de la situación. La respuesta del régimen en Managua fue la de adelantarse a cualquier sanción y anunciar su salida.
El canciller nicaragüense, Denis Moncada, al anunciar su denuncia del tratado que dio origen a la OEA, dio paso a una diatriba antiimperialista, al decir que la Organización fue “diseñada como foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención”. Una vez más un gobierno dictatorial se escuda en un discurso nacionalista y alega la no intervención en sus asuntos internos para violentar el Estado de derecho.
Existe una preocupante deriva autoritaria de ciertos gobiernos en la región que, sin importar su color político, deciden cooptar los demás órganos y se apoderan para su beneficio del Poder Legislativo y el Judicial. Igual suerte suelen correr los entes de control, además de las fuerzas armadas y de policía, que quedan sujetos al antojo del caudillo populista de turno. Precisamente, para prevenir o actuar en casos en que se presenten situaciones similares fue adoptada la Carta Democrática Interamericana, que ha sido empleada con éxito en anteriores ocasiones y en otras no se ha contado con el número de votos suficientes para que pueda ser activada y puesta en práctica.
En el caso de Nicaragua, los 34 países que la integran podrán demostrar a la región y a los demás países de la comunidad democrática internacional que se pueden adoptar mecanismos como la CDI para preservar la institucionalidad. Su secretario general, Luis Almagro, ha solicitado ya en dos ocasiones que se active la Carta frente al régimen de Managua, luego de infructuosas gestiones para llevar a cabo un acompañamiento que le permitiera a Ortega adecuar sus normas electorales. Ortega-Murillo prefirieron desconocer las normas internacionales y, de esta manera, retan una vez más a la comunidad interamericana.
El régimen en Nicaragua apuesta a que en el seno del organismo regional no se logren los 24 votos necesarios para iniciar el largo proceso que podría, tras agotar una serie de instancias de cooperación multilateral, llegar a la exclusión del gobierno centroamericano de la organización. Es de esperar que el dictador esté equivocado en su apreciación.
‘‘Existe una preocupante deriva autoritaria de ciertos gobiernos en la región”.