Coronel (r) Mejía no aceptó rol en falsos positivos y tendrá juicio en la JEP
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que el expediente del coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, imputado por el macrocaso 03 (ejecuciones extrajudiciales), sea trasladado a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de esa misma Jurisdicción. Según la JEP, la decisión se tomó porque el militar no reconoció responsabilidad alguna en el caso.
El expediente de Mejía es estudiado por la JEP dentro del subcaso Costa Caribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira, donde se atribuye a algunos integrantes del Batallón La Popa, comandado por Mejía, presentar como bajas en combate a civiles. La Sala de Reconocimiento de la JEP determinó que el coronel (r) Mejía lideró y contribuyó en un plan macrocriminal para cometer asesinatos y desapariciones.
El coronel (r) Mejía fue imputado en la JEP en julio de este año. Él y otros 14 exmilitares fueron señalados como miembros de una “organización criminal”, que en búsqueda de resultados habrían cometido más de 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas como miembros del Batallón La Popa. En el expediente se habla de premios a cambio de bajas en combate y una fuerte agresión a los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, y la alianza con el bloque Norte de las Auc, a cargo de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40.
En junio de 2020, el coronel (r) Publio Hernán Mejía anunció que entre sus aspiraciones estaba la presidencia de Colombia en 2022. Aseguró que los “colombianos de bien” necesitan armarse. Sobre sus hombros pesa una condena de 14 años de prisión por, como comandante del Batallón La Popa, entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, aliarse con las Auc para cometer falsos positivos. Se demostró que patrulló de manera conjunta con los “paras” y les suministró armas y uniformes de guerra a cambio de víctimas, como si se tratara de mercancía.
Según la JEP, tanto Mejía como su sucesor en el batallón, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, comandante desde 2004 hasta mediados de 2005, habrían usado a los militares bajo sus órdenes para ejecutar un plan criminal. “Se sirvieron de su mando y de su control en una estructura altamente jerarquizada para emitir órdenes dirigidas a presentar asesinatos fuera de combate como resultados operacionales legítimos. La Sala entiende que el poder de mando de estos autores mediatos era precisamente lo que garantiza el cumplimiento automático de sus órdenes, que son una expresión de su autoridad y de su control”, explicó la JEP.
Sobre Mejía, la JEP asegura que ordenó, participó y encubrió la muerte de 75 inocentes, entre ellos 72 hombres -tres indígenas kankuamos-, un adolescente y tres mujeres. Todos habrían sido presentados como guerrilleros o personas que les prestaban apoyo. Según otros comparecientes, quienes ventilaron información en su contra, Mejía tenía el carisma propio de las fuerzas militares, sin embargo, se aprovechó de la credibilidad con la que gozaba para convencer a sus hombres de cometer falsos positivos. Con el bloque Norte de las Auc, al parecer, coordinó la entrega de víctimas, vivas y muertas, que luego eran referenciadas como criminales en documentos falsos.
Sumado a ello, bajo su comandancia entraron en funcionamiento los grupos especiales Zarpazo y Trueno, los cuales operaban bajo las órdenes directas de Mejía y cuya labor casi que exclusiva sería la de presentar ejecuciones extrajudiciales a partir de 2002.