Sin tierra no hay paz
Líderes campesinos, empresarios, académicos y políticos discutieron sobre los retos para consolidar la paz en la ruralidad durante el posconflicto. Cómo resolver los problemas sobre la tenencia y el acceso a la tierra fueron el eje central del debate.
“Las ruralidades de buena parte del país se han caracterizado por un estado de desprotección sobre muchos de sus habitantes, esto ha sido más grave con las comunidades indígenas, afros y raizales, y de las comunidades campesinas en las zonas de colonización”. Con este diagnóstico comenzó su discurso el investigador Alejandro Reyes, quien fuera asesor del Gobierno colombiano durante las conversaciones de paz con la guerrilla de las Farc en La Habana.
La ruralidad ha sido el eje y escenario central del conflicto armado interno: la mayoría de víctimas provienen de allí, así como buena parte de los miembros de los grupos armados irregulares.
El problema de la concentración de la tierra productiva en pocas manos ha sido además uno de los motores de la guerra.
Reyes dio apertura al diálogo “Retos para la no repetición del conflicto armado en los territorios rurales”, un evento convocado y organizado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), con el apoyo de la Unión Europea. Este encuentro se realizó este viernes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
Contó con intervenciones del comisionado Carlos Guillermo Ospina, quien moderó la discusión; el congresista Luis Alberto Albán, la lideresa indígena Luz Mery Panche, la dirigente campesina Elizabeth Pabón, el empresario Jorge Enrique Bedoya y Ana
››Se
calcula que 40 millones de hectáreas con vocación agropecuaria en el país están dedicadas a la ganadería extensiva.
Fernanda Maiguashca, del Consejo Privado de Competitividad.
“En nuestra cosmovisión el territorio se nos entregó ordenado, cada pueblo indígena conoce cómo debe ser el manejo para preservar la armonía y el equilibrio de todas las formas de vida”, explicó Luz Mery Panche, lideresa nasa de Caquetá. “Para nosotros el ordenamiento significa que cada vida debe estar en su sitio, por eso la tarea de reorganizar los territorios debe contar con la mirada de los pueblos indígenas”.
Los planteamientos de Panche fueron en la misma línea de lo que señaló la dirigente campesina del Catatumbo Elizabeth Pabón, quien cuestionó la voluntad política que el Gobierno Nacional tuvo para impulsar la reforma rural integral consignada en el Acuerdo de Paz. “Creíamos que el Gobierno iba a cumplir, pero no fue así”, insistió Pabón. “Como campesinos y campesinas tenemos que seguir defendiendo este Acuerdo de Paz, es la solución a nuestras problemáticas para vivir dignamente”.
Asimismo, llamó a instaurar las Zonas de Reservas Campesinas contempladas en la Ley 160 de 1994, para frenar el avance de la acumulación latifundista. Esto contrastó con la intervención de Ana Fernanda Maiguashca, quien defendió una idea más corporativa de la gestión de la tierra en la que, en su opinión, es necesario atraer grandes inversores para conseguir “tecnología y desarrollo” en la producción agrícola, y así generar “valor para todos”.
“Es muy importante que tengamos claridad en los derechos de propiedad, no en el sentido de que solo exista un tipo de propietario, debe haber una coexistencia productiva: campesinos, cooperativas y desarrollos con trabajadores agrarios”, concluyó.
Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, empresario representante de la Sociedad de Agricultores de Colombia, centró su exposición en cuestionar la ausencia del Estado en los territorios y del sector rural. Ese abandono, aseguró, ha sido el motor generador de la violencia y las economías ilegales.
¿Qué es lo que no queremos repetir?, se preguntó Bedoya, “el atraso del campo se explica por más de 50 años de terrorismo, narcotráfico, secuestro, minería criminal, guerrilla, paramilitares. Esos fenómenos que persisten obedecen al olvido histórico del Estado. Debería haber una política para cumplirle a la ruralidad del país”.
Aun con ideas divergentes sobre los posibles modelos de desarrollo y gestión de la ruralidad, todos los panelistas coincidieron en que los esfuerzos del Estado son pocos y erráticos para solucionar el problema agrario en Colombia.
En ese sentido, Alejandro Reyes enumeró acciones como la creación de un catastro multipropósito, el reordenamiento de la propiedad con criterios ambientales y sociales, y la necesidad urgente de “cerrar la expansión de la frontera agraria”. Reyes denominó esto último como un fenómeno derivado de “la verdadera política agraria” del país: la colonización de baldíos, “una política miserable con los campesinos, que los envía a la selva a sufrir paludismo, parásitos, hambre”.
Todas estas medidas enumeradas por Reyes estaban contempladas de alguna forma en el Acuerdo de Paz, pero su materialización no se ha dado.
Las palabras de Elizabeth Pabón concluyeron las intervenciones que desde diferentes posturas intentaron acercarse a un diagnóstico común: “El reto es que aquí nos toca a todas y todos mirar cómo vivir en una Colombia en paz, que nuestros hijos tengan garantías, que puedan volver a creer”.