La imprescindible acción de la justicia

ESTA SEMANA SE EMPEZARON A DESmontar varios mitos que surgieron durante el paro nacional y que suelen colonizar los peores debates públicos en Colombia. No, no hubo una andanada de desprestigio irracional contra la Fuerza Pública: sí se presentaron serios abusos de poder que era necesario denunciar. Y no, la justicia no es mera cómplice de quienes atacaron a los manifestantes: policías y civiles fueron vinculados a rigurosas investigaciones por estar relacionados con crímenes durante el paro. El mensaje claro es que la ley se respeta, que la Rama Judicial es una garante esencial de la democracia y que quienes cometan crímenes serán enjuiciados.

No se trata de caer en ingenuidades. En este espacio hemos comentado una y otra vez las decisiones insuficientes y algunas muy problemáticas de nuestra Rama Judicial, como el actuar a menudo rimbombante y poco eficiente de la Fiscalía o como la adopción de medidas cautelares exageradas con objetivos populistas. Sin embargo, los hechos de esta semana muestran que varias de las críticas tremendistas lanzadas sin sustento suficiente lo único que hacen es minar la legitimidad institucional.

Basta con ver las decisiones sobre miembros de la Policía.

A la Fiscalía se le ha acusado de cómplice de los abusos, pero su actuar contrasta con esta versión. Esta semana, después de meses de rigurosa investigación, el ente investigador imputó al coronel Édgar Vega Gómez, al teniente Néstor Mancilla y al patrullero Wilson Orlando Esparragoza por los delitos de homicidio agravado y afectación a la integridad personal. Esto por el asesinato de seis manifestantes en Cali durante el paro nacional. En la audiencia, Juan Carlos Oliveros, fiscal encargado, fue contundente con el coronel Vega: “No solamente la Constitución y la ley le exigían un comportamiento de posición de garante a usted, sino además los compromisos que adquirió usted en virtud de ser el comandante de la Policía”.

Es decir, la Fiscalía confirmó que la Fuerza Pública cometió asesinatos. Con esto se ayuda a tumbar también los discursos que dudaron de las denuncias durante el paro. Se dijo que todo se trataba de una estrategia de desprestigio contra los uniformados, pero hoy vemos que la estigmatización era, más bien, contra las víctimas. Hace falta un reconocimiento de estos hechos en los discursos oficiales de la misma Policía y de los líderes políticos.

Lo propio pasó con los ciudadanos que, ante la mirada pasiva de varios policías, dispararon contra los manifestantes. Esta semana se supo que Andrés Escobar, quien obtuvo reconocimiento público por haber salido con un arma en medio del paro, también en Cali, será imputado junto con otras 16 personas por los delitos de amenazas, tortura, usurpación de funciones públicas, entre otros.

Entonces, tenemos una justicia que tarda, pero que está actuando como debe después de la convulsión de mitad de año en Colombia. No es sencillo construir casos sólidos y la presión de las redes sociales es inútil al momento de determinar responsabilidades. Lo importante es que ahora los procesos no se enmarañen en dilaciones y tantas otras “jugaditas” que bien conocemos. El país necesita saber quiénes cometieron crímenes y que respondan ante la ley. De lado y lado, esa es la condición esencial para que podamos superar la tensión nacional en la que vivimos.

‘‘Tenemos

una justicia que tarda, pero que está actuando después de la convulsión de mitad de año en Colombia. Hay que confiar en ella”.