Hacia un país de propietarios
fácil. Basta mirar el valeroso y exitoso portal de Los Danieles para darse cuenta de que allá se han agrupado unas plumas contestatarias y enhiestas que les están resultando incómodas a Iván Duque, a su prole y a toda su cohorte de aduladores. A Noticias Uno y a su directora, Cecilia Orozco, los han perseguido sin cuartel y hasta a través de la Fiscalía han intentado conocer sus fuentes. Pero también aquí en El Espectador estamos en la mira varios, como Yohir Akerman, Francisco Gutiérrez Sanín, Salomón Kalmanovitz, este columnista y el propio director, Fidel Cano, entre otros. Claro, en honor a la verdad hay que decirlo: no es que con el artículo que han aprobado en esta legislatura oprobiosa podrían empezar a perseguir, porque lo vienen haciendo sin pausa desde los gobiernos de Uribe y últimamente a partir del 7 de agosto de 2018, de la mano de una Fiscalía envenenada con la soberbia, los odios y la insuperable mediocridad de Francisco Barbosa, siempre auxiliada por la complaciente e indolente mirada de Margarita Cabello, para solo mencionar a dos de los alfiles que sostienen el régimen. Así que soldados avisados no deben morir en la guerra, pero me temo que seamos la excepción.
Seguramente Noticias Uno, Los Danieles y El Espectador muy pronto inaugurarán el largo listado de medios que habrán de desfilar por los despachos judiciales para defenderse del inminente cierre que los acosará.
Y este artículo, por cuenta del cual se llenarían los anaqueles judiciales de denuncias contra “las plumas y voces hostiles”, les encantaría a Álvaro Uribe, Iván Duque, sus ministros, aliados y familias, porque para ellas también legislaron.
Ninguna diferencia habría con la República Bolivariana de Venezuela o con la Nicaragua de Ortega, ni con el régimen de Cuba. Seríamos otra republiqueta más donde estaríamos silenciados muchos y en peligro de aniquilación patrimonial los medios que nos han abierto sus puertas. Estamos advertidos. Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso.
Pero que no venga Duque a alabar la libertad de prensa, pues, como Pilatos, su pecado no fue lavarse las manos sino haberlas tenido sucias.
Adenda. Hay que ponerle la lupa al registrador nacional, Alexánder Vega, porque detrás suyo crece algo más que desorganización. notasdebuhardilla@hotmail.com
UNO DE LOS TEMAS EN LOS QUE más ha avanzado este Gobierno, aunque de forma callada, es en el de la implementación de la política de catastro multipropósito y la posterior habilitación de titulación masiva de predios, que permitirá a Colombia pasar de ser un país de “ocupantes”, fácilmente manipulados y expulsados del territorio, a ser un país de “propietarios”, como debe ser. El catastro permite conocer la realidad económica y social del territorio.
El concepto de “multipropósito” brinda la concepción integrada del territorio, que a modo de sándwich tiene capas: una parcelaria, que registra predios, vías, ríos etc., y otra no parcelaria, que registra los derechos (D), restricciones (R) y responsabilidades (R) que tiene cada una de las capas (DRR). Una función puede ser definir territorios protegidos como parques nacionales, y otra registrar subsuelo, títulos mineros, servicios públicos, vías, riesgos y aspectos fiscales, etc. Estas capas tienen jerarquías: un páramo está por encima de un título minero; por lo tanto, en un páramo los DRR excluyen la actividad minera.
El gobierno anterior entregó menos del 3 % del territorio con el catastro actualizado y cerca del 30 % sin formar, con una desactualización promedio de 16,4 años. Además, el 50 % de la información de catastro NO coincidía con el registro, no se registraba la informalidad y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estaba politizado, con un altísimo costo, pues tenía cerca de 300.000 expedientes pendientes. Para arreglar el desastre con la ayuda de cooperación suiza y de países como EE. UU., Holanda, UK, Alemania, Canadá, Suecia, entre otros, se implementó un cambio total. Lo primero fue acordar entre todos los actores el camino a seguir, plasmándolo en un “Memorando de entendimiento”. Se definió que tenía que ser completo (todo el territorio), actualizado, confiable, integrado con registro y totalmente digital e interoperable. Se modificó la gestión catastral. Para esto el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955/19) estableció el catastro como servicio público. Es obligación de los alcaldes implementarlo y la Procuraduría tiene que hacer este seguimiento. Se expidieron dos Conpes, los decretos reglamentarios del catastro multipropósito, la articulación cartográfica y el concepto del aporte del catastro al ordenamiento ambiental. Se gestionaron recursos del Banco Mundial y el Banco Interamicano de Desarrollo, mas ayuda de cooperación, créditos Findeter, cofinanciación de la Corporación Autónoma Regional (CAR) y habilitación de regalías, permitiendo que cada municipio, asociación de municipios y departamentos, así como la Agencia Nacional de Tierras y el IGAC,