La “masacre”

y cantaban arengas contra el abuso policial. Su madre, Aída Fory, de 61 años, nacida en Puerto Tejada, Cauca, sabe que su memoria de ese 9 de septiembre es de impunidad y desencanto. El día que su hijo recibió un disparo en el abdomen que le salió por la espalda. Después duró tres días y tres noches reclamando su cuerpo hasta que logró que se lo entregaran por vía de tutela. Signado al olvido porque nadie quiere saber quién lo mató. Dicen que fue un desconocido, ella pide justicia y que no se diga más que él era un vándalo, porque “trabajaba de día, estudiaba de noche y descansaba uno que otro fin de semana”.

Andrés Felipe Rodríguez tenía 23 años. Vivía en Verbenal pero trabajaba en un lavadero de autos en Chapinero. Ese 9 de septiembre, salió con unos amigos a las manifestaciones. El relato es de Tintín, nombre que la relatoría reserva por razones de seguridad. No oculta que él y Andrés estaban tirándoles piedras a la Policía. Pero súbitamente empezaron a disparar y Andrés recibió un tiro en el pecho. Tintín logró que un taxi los recogiera, pero a las dos cuadras los paró la Policía.

“Bajen a ese malparido, bájelo”, fue la orden de un uniformado. Tintín obedeció, pero luego se lo echó al hombro hasta que lo llevó a una ambulancia. “Gracias Tintín, gracias socio. Me salvó la vida”. Su cadáver duró cuatro días en Medicina Legal y después se lo llevaron a Buenavista (Córdoba).

Durante dos décadas, la familia Hernández Yara vivió a tres cuadras del CAI de Verbenal, pero tras el 9 de septiembre tuvo que irse del sector por persecución de la Policía. La Personería les aconsejó irse de la localidad, solo se movieron unas cuadras. La razón fue la muerte violenta de Cristian Camilo Hernández, joven domiciliario de 26 años que murió el 9 de septiembre y la familia se dio cuenta por televisión. Su hermana Lina alcanzó a abrazarlo mientras agonizaba. Duró media hora abrazada a su cuerpo. “Deje de chillarle a ese vándalo, usted debe ser igual, unos ñeros”, decían los policías. Otro pasó y lo escupió. Cristian recibió un disparo en la frente y duró dos horas tirado en la calle. Después lo echaron en una bolsa como a un animal. El CTI de la Fiscalía argumentó que fue rápido porque tenía mucho qué hacer.

Cada historia es un agravio de intimidación y miedo. Germán Smith Puentes Valero, de 25 años, quien murió desangrado en Suba Rincón. La Fiscalía probó que el patrullero que le disparó accionó su arma 21 veces, pero lo atribuyó a una crisis nerviosa. Jáider Alexánder Fonseca tenía 17 años, fue el más joven de los asesinados. Un rebelde que según su familia merece ser recordado porque los jóvenes de Verbenal vivían intimidados por la Policía. Distinto a Lorwan Stiwen Mendoza, que administraba un restaurante popular y murió de un balazo en Ciudad Verde, Soacha, un disparo que algunos dicen salió de la azotea de la estación. Julián Ramírez apenas llegaba a los 19 y caminaba hacia la casa de una amiga en La Gaitana cuando recibió un balazo en el corazón. Al lado de su pareja, Angie Paola Baquero murió cerca al CAI de Aures por un disparo en el estómago. Vidas cortas en el estrecho mundo de la arbitrariedad.

La muerte al azar de una bala perdida en medio de una borrasca social. En una protesta pública que no elige a sus víctimas. Como Freddy Mahecha, capítulo aparte en los contrastes de Colombia. Su hermana Valentina es patrullera de la Policía. Su abuelo fue policía, varios tíos son policías. Es una familia de la institución. “Lo que quiero saber es quién dio la orden de disparar y quiénes fueron los indolentes que le negaron auxilio a mi hijo viéndolo herido”, es el reclamo del padre. La familia Mahecha Vásquez confía en que la reparación que espera de la Policía, a la que ha servido por varias generaciones, es que reconozca que se equivocó y le diga al país “que las víctimas del 9 de septiembre no eran vándalos, sino jóvenes trabajadores llenos de sueños, como lo era Freddy”, que murió frente al CAI de Aures y no pudo convertirse en el militar que quería.

Para que los horrores no queden solo en recuerdos efímeros, la relatoría formuló recomendaciones precisas a varias instituciones para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. A la Policía le pidió un acto solemne de reconocimiento de responsabilidad y petición genuina de perdón por sus abusos, un gesto que aumentaría su legitimidad si es acompañado por el presidente de la República; al Congreso y al Gobierno, crear un programa de reparación integral para las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la Policía; a la Alcaldía de Bogotá, una mesa de seguimiento sobre los hechos de violencia del 9 y 10 de septiembre y en, general, al Estado, acciones legales, educativas y de acompañamiento para garantizar, desde todos los frentes, el legítimo derecho a la protesta.

El documento —que consultó unas 450 fuentes de información y 91 entrevistas a testigos, autoridades, familiares de los fallecidos y expertos— insta a la Fiscalía a garantizar acceso a la justicia y bloqueo a la impunidad. No solo mediante medidas relacionadas con el impulso a los procesos investigativos pendientes, sino en la instrucción a funcionarios respecto al manejo de las manifestaciones de violencia basadas en género. El cierre del documento preparado por siete profesionales con experiencia en ciencia política, antropología, periodismo, derecho penal y derechos humanos, coordinados por Carlos Alfonso Negret, exdefensor del pueblo, implora a la Fiscalía proteger a las víctimas, los testigos y los representantes en los procesos judiciales.

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documento consultó a unas 450 fuentes de información e hizo 91 entrevistas a testigos, autoridades, familiares de los fallecidos y expertos.