El pueblo inga y la defensa de los ríos de proyectos extractivos
El pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo, se ha organizado para que el Estado reconozca que, desde hace siglos, habitan el territorio en el que se tiene planeado un proyecto de exploración petrolera.
María Beatriz Otaya Andaquí es una sabedora y médica tradicional del pueblo inga de Villagarzón, en Putumayo. Desde que era niña su padre, que también era autoridad y médico tradicional, la llevaba a recorrer su territorio ancestral en busca de plantas medicinales.
“Nos íbamos caminando por la orilla del río San Vicente hacia abajo. Luego de dos días de camino recogíamos unas plantas y nos veníamos otra vez. A los ocho días hacíamos el mismo viaje, pero por el San Vicente hacia arriba. Cuando estábamos de regreso en casa mi papá me decía: ‘Bueno, ahora sí venga, mija, a conocerlas. Esta es para la fiebre y con esta usted va a alentar a la gente. Cuando yo me muera usted quedará sabiendo todo’”, cuenta la médica tradicional.
Para María Beatriz, su padre y su comunidad, el río no solo era la guía del camino hacia las plantas medicinales, también era el lugar en donde encontraban muchas de ellas. Desde hace unos años han visto con preocupación la presencia de varias empresas que quieren hacer exploración de petróleo en su territorio, pues sienten que los impactos de estos proyectos amenazarían su supervivencia física y cultural, y contaminarían las sagradas fuentes de agua.
“Desde hace 15 años se vienen presentando situaciones que ponen en riesgo la vida, el territorio y la persistencia del pueblo inga debido a la presencia de empresas extractivistas en nuestro territorio”, asegura Carlos López, presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Municipio de Villagarzón (Acimvip). “Se han adelantado exploraciones sin el debido consentimiento de las comunidades y se construyó una plataforma en territorio indígena, desconociendo su presencia”, explica.
La plataforma a la que se refiere López hace parte del proyecto de perforación exploratoria La Cabaña, de la empresa Gran Tierra Energy, con el que se busca determinar la presencia de hidrocarburos mediante la perforación de nueve pozos petroleros en un área de 629 hectáreas.
En marzo de 2012 la empresa Gran Tierra Energy solicitó al Ministerio del Interior que se certificara la presencia o no de grupos étnicos en el área del proyecto. El mismo año, la Dirección de Consulta Previa de la cartera expidió una certificación en la que aseguraba que no se registraba presencia de comunidades étnicas. Sin embargo, la comunidad inga de Villagarzón y comunidades afrocolombianas viven a escasos metros de donde está planeada la exploración. De hecho, el terreno del proyecto había sido el antiguo territorio de un mayor del resguardo San Miguel de la Castellana.
Una vez el Ministerio del Interior certificó que “no había comunidades indígenas”, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) entregó a la empresa Gran Tierra Energy la licencia ambiental para el proyecto. “Decimos que violaron nuestros derechos porque ingresaron de manera inconsulta a nuestro territorio y construyeron una plataforma para la explotación del petróleo. No tuvieron en cuenta a la comunidad ni los asentamientos que estaban alrededor de la plataforma y no hicieron el debido proceso, que es la consulta previa e informada con las comunidades”, asegura Óscar Buesaquillo, exgobernador de uno de los resguardos indígenas.
En consecuencia, en 2015 Acimvip interpuso una acción de tutela contra la nación, específicamente contra el Mininterior, porque considera que la instalación de la plataforma petrolera del APE La Cabaña es una vulneración a sus derechos fundamentales como pueblos indígenas. Desde entonces ha tenido lugar una batalla jurídica en la que las comunidades indígenas se han organizado para demostrar, con mapas, visitas, documentos, videos y recorridos, que han habitado ese territorio por siglos.
Una preocupación por los ríos y el agua
Una de las mayores preocupaciones de la comunidad es la afectación a sus fuentes hídricas. Según afirman, la plataforma de exploración se encuentra en una zona de humedales, nacederos de agua y quebradas que, al verse afectadas, comprometerían a sus fuentes hídricas más importantes: el río San Vicente y el río Putumayo.
“Ahí donde construyeron la plataforma del APE La Cabaña era un nacedero de aguas. Era el comienzo de las canangucheras, el inicio de las quebradas que desembocan en el río San Vicente”, agrega Buesaquillo. Las canangucheras, conocidas también como palma de moriche, forman en conjunto un tipo de humedal por su capacidad de almacenar y purificar el agua, y son plantas sagradas para los ingas.
Tras varios recursos, este año se llevó a cabo una tercera visita de verificación, entre el 1° y el 8 de marzo, solicitada por el Tribunal Administrativo de Nariño. Se buscaba, entonces, dar una conclusión sobre la presencia de grupos étnicos en el área de perforación exploratoria del proyecto. Fue una semana visitando resguardos, chagras, cementerios, cuerpos de agua sagrados y otros sitios de interés étnico que las comunidades consideran que serían afectados.
Por medio de una resolución publicada el pasado 27 de octubre, el Mininterior certificó finalmente que procedía hacer la consulta previa con el Resguardo Indígena San Miguel de la Castellana para el proyecto APE La Cabaña, solo uno de los siete resguardos accionantes que solicitaron la verificación.
Vanessa Torres, abogada y, subdirectora de Ambiente y Sociedad, asegura que resulta preocupante que el derecho a la consulta previa sea reconocido únicamente a favor de uno de los resguardos que conforman este territorio. Esto, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha desarrollado una línea jurisprudencial en relación con el concepto de afectación directa de proyectos de desarrollo, el cual no se puede entender únicamente como un aspecto geográfico. “Como pueblo exigen el ejercicio de su derecho a la consulta libre previa e informada, y no un reconocimiento fraccionado, determinado por un análisis que desconoce el precedente jurisprudencial”.
Ahora, los informes de todas las partes se encuentran ante el Tribunal de Nariño, que deberá entregar una respuesta. El proyecto, entre tanto, está suspendido desde 2015. “Es importante destacar que Gran Tierra Energy ha cumplido y atendido todas las órdenes emitidas por las autoridades legales, ambientales y de consulta previa”, señalan desde la empresa.
*Esta historia fue posible gracias a una alianza entre El Espectador y la organización Ambiente y Sociedad.
››El pasado 27 de noviembre, el Ministerio del Interior certificó que se debía hacer consulta previa con uno de los resguardos cercanos al proyecto.