No es la economía, es la política
EL RESULTADO DE LAS DISCUSIONES sobre el salario mínimo de 2021 indica que, más que una negociación técnica-económica, fue una negociación política.
Las condiciones en las que se llevó a cabo la negociación son muy particulares. Primero, estamos en medio de un proceso de recuperación económica después de la peor recesión de nuestra historia, generada por la pandemia. Segundo, desde abril hemos tenido las protestas sociales más grandes en muchos años. Tercero, estamos iniciando un proceso electoral en el que la estructura tradicional de poder está en peligro de ser derrotada.
En condiciones como estas, los elementos políticos fueron especialmente relevantes. Esto era claro para el Gobierno y los empresarios más grandes del país. Por eso, los argumentos económicos tuvieron una importancia secundaria.
El resultado fue un incremento salarial del 10,07 %, el más alto en términos reales en muchos años. Desde el punto de vista político, este resultado es consistente con las condiciones sociales predominantes y habrá que ver si produce los resultados políticos que espera el Gobierno. Los trabajadores consideran esto como un triunfo importante que corona las jornadas de protestas.
Los posibles efectos económicos han sido objeto de discusión entre los economistas. Aquellos de tinte neoclásico ven este aumento con preocupación, argumentando que puede tener efectos sobre el empleo y acelerar la inflación. Ellos hacen mucho énfasis en los aumentos de costos laborales. Fedesarrollo, claramente, indicó que este aumento salarial “pone en peligro la recuperación del empleo”.
Los economistas de otras orientaciones enfatizan el efecto que dicho aumento tendrá en términos de poder de compra de la población. Para ellos, el aumento es necesario para disminuir las altas cifras de pobreza que generó la pandemia y posiblemente acelerará la recuperación.
Muy posiblemente ambos tienen parte de razón. Los incrementos salariales representan mayores costos para los empleadores. Una buena parte de estos mayores costos se trasladarán a los precios. Un caso muy difícil es el del empleo que genera actividades diferentes a las productivas, como el empleo doméstico, cuyo mayor costo no se puede llevar a ningún precio.
Para limitar el efecto inflacionario, el Gobierno se ha comprometido “desindexar” muchos precios administrados, como los de servicios públicos, las multas, etc., que se basaban en el valor del salario mínimo. Esto es bueno y se ha debido hacer hace años.
Muy posiblemente los efectos económicos del incremento salarial de este año van a ser los mencionados por los economistas de ambos bandos: seguramente habrá algún efecto negativo sobre la generación de empleo y la inflación, pero también mejorará el poder de compra de muchos trabajadores. El resultado neto no es claro.
Sin embargo, no hay que olvidar que lo importante de esta negociación es el efecto político de corto plazo. Los sindicados se sienten triunfadores y los grandes empresarios y el Gobierno esperan que hayan podido evitar una posible agravación de los conflictos y mejorar las probabilidades de resultados favorables en las próximas elecciones.
El nuevo gobierno tendrá que afrontar los problemas económicos, no solo los asociados con esta negociación sino muchos otros, como el endeudamiento, el déficit fiscal, la reforma tributaria integral, las reformas institucionales requeridas, etc.