Rajados en corrupción
EN ESTA ORILLA HEMOS DENUNCIAdo la corrupción desde distintas perspectivas, pues se trata del mayor problema que enfrenta Colombia y genera pobreza que, aunada al conflicto armado, nos ha condenado al retraso. Por esa razón, nunca es suficiente insistir en combatir la corrupción.
El Espectador publicó una investigación adelantada por Transparencia por Colombia en la que se muestra una radiografía de la corrupción, comenzando por recordar que los casos se quedan en el olvido, pues la mayoría de ellos terminan en total impunidad ante la vista atónita del pueblo colombiano.
Ese diagnóstico es diciente de nuestra realidad, pues ubica la corrupción de servidores públicos en el primer lugar, demostrando que en Colombia muchos de quienes llegan a ocupar cargos en el Estado lo hacen para robar y no para servirle a la ciudadanía. La función pública dejó de ser vocación y se convirtió en un medio para que el funcionario de turno se haga rico y haga más ricos a sus amigos con jugosos contratos y malgastando la plata de los colombianos.
La corrupción pública se convirtió en pan de cada día; tanto así, que la comunidad está hastiada de que en la televisión, los periódicos y la radio se hable todo el tiempo de servidores presos o de la apertura de nuevas investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, sin que se obtengan resultados reales. Todo parece indicar que las autoridades no tienen la voluntad política ni la capacidad técnica para investigar y juzgar todos los casos de corrupción, pero, por otro lado, lamentablemente, es común que esos casos se vean entorpecidos por la labor de “ilustres juristas” que incurren en cualquier artimaña para lograr absoluciones, libertades por vencimiento de términos y excusas para dilatar los procesos y eludir que se haga justicia.
Por su parte, las garras de los corruptos cada vez están más afiladas. Han cooptado incluso el Poder Judicial, que se ha visto muy golpeado por numerosos escándalos de venta de fallos, como si la función de administrar justicia estuviera a merced del que tiene más para pagar. Tan podrida está la Rama, que hasta en las altas corporaciones, donde se supone llega lo mejor de lo mejor, han explotado casos de corrupción, como el vergonzoso cartel de la toga, algo que no podremos olvidar por muchas generaciones. Es inadmisible que jueces y magistrados vendan su conciencia jurídica al mejor postor.
El discurso anticorrupción no puede convertirse en un discurso vacío, de plaza pública, para conseguir aplausos y quizá votos, ya que eso mueve masas y sentimientos, pero no soluciona el problema. Se necesitan propuestas realizables y verificables; de lo contrario, los corruptos siempre sentirán el respaldo de una administración pública paquidérmica, inoperante y que en algunos casos cohonesta con esa corrupción o vive de ella.
Colombia se rajó hace rato en materia de lucha anticorrupción y somos vistos como un país corrompido de pies a cabeza, donde hasta para respirar hay que comprar a un funcionario. De manera que esa lucha debe ser una política de Estado, a largo plazo, para quitarles la plata pública a los corruptos y que sea destinada a lo que verdaderamente debe servir: el bienestar de los colombianos.
Este Gobierno, seguramente al igual que muchos de los anteriores, desperdició el tiempo y dilató el emprender una lucha frontal contra la corrupción. Lo grave es que cuando esto ocurre sistemáticamente la liebre salta disfrazada de populismo con un discurso anticorrupción para hacerse a la Presidencia y nunca más soltarla. Es entonces cuando también hay un peligro ligado a la corrupción que todos ven pero pocos se atreven a cortar de raíz.