¿Para cuándo la regulación de las plataformas?
EL GOBIERNO DE JUAN MANUEL Santos hizo promesas y al final no las cumplió. Llegó y está a punto de irse el gobierno de Iván Duque, que hizo las mismas promesas, y tampoco avanzó el tema. Por eso, ocho años después de su llegada al país, nos encontramos con un nuevo alboroto que involucra a Uber, el gremio de los taxistas y la falta de una regulación moderna. Colombia no es un país de avanzada ni capaz de convertirse en un foco de innovación digital si sus liderazgos políticos se estancan en el pasado y no tienen capacidad de sacudirse de las presiones indebidas. ¿Hasta cuándo vamos a estar en el intercambio inocuo de ataques entre las plataformas digitales, los taxistas y los gobiernos de turno?
Ahora el pleito fue por una publicidad en el aeropuerto internacional El Dorado. Uber acordó con Opaín S. A., el concesionario, que su logo estuviera en uno de los espacios publicitarios. La Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax) radicó una carta ante la Superintendencia de Transporte para que se “investigue y, en caso de encontrar mérito, sancionar a Opaín S. A. y ordenar la remoción, de manera inmediata, de la publicidad de Uber en las instalaciones del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá”. Jorge Enrique Robledo, precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, escribió en su cuenta de Twitter que “esta publicidad de Uber en El Dorado es descaradamente ilegal. Porque como Uber viola la ley y promueve su violación, propagandas como estas ya les han sido sancionadas por las autoridades”. Ante la presión, la publicidad se bajó de El Dorado.
Toda la situación es frustrante porque se siente el eco de un debate ridículo que tuvo que haberse resuelto hace años. Todas las partes involucradas, además, tienen parte de la culpa. Uber, con su modelo disruptivo y su férrea oposición a reconocer los derechos laborales de sus conductores, ha entorpecido normativas que sean justas y no rompan el mercado. El gremio de taxistas, con sus paros y su indebida presión a los líderes políticos, ha buscado conservar un statu quo que solo beneficia a unos cuantos y deja a muchos conductores desprotegidos. El Gobierno Nacional y el Congreso eluden los debates que permitan avanzar en una regulación moderna que proteja los derechos laborales y, además, abra la puerta a la innovación.
Por donde se le mire, el debate sobre Uber y similares está lleno de incoherencias. La multinacional se fue del país a principios de 2020, luego de que la Supertransporte la sancionara por el modelo de intermediación entre conductores y pasajeros. A los 20 días reabrió operaciones con un supuesto cambio en su modelo de negocio: ahora hace firmar “contrato de arrendamiento de vehículos con conductor”. Legalmente, la jugadita es válida. En la práctica, es la misma realidad que llevó a la sanción.
La solución no es expulsar a las plataformas. En un comunicado, Uber contó cómo turistas de todo el mundo utilizan su app en “más de 600 aeropuertos en cinco continentes, 180 de ellos en Latinoamérica. Colombia no puede ser la excepción”. Tiene sentido que el país no se cierre a la libre competencia, en términos de equidad (algo que la multinacional suele dejar por fuera de sus comunicados). ¿El próximo Congreso y presidente volverán a incumplir las promesas de modernización de las normativas colombianas?
‘‘Colombia no es un país de avanzada ni capaz de convertirse en un foco de innovación digital si sus liderazgos políticos se estancan en el pasado y no tienen capacidad de sacudirse de las presiones indebidas”.