Regalo navideño: más burocracia
EN MEDIO DE LA AUSTERIDAD PRO-clamada desde el Gobierno Nacional, el regalo navideño para la Procuraduría General de la Nación es la creación de 1.208 nuevos cargos. En decreto firmado por el presidente Iván Duque y los ministerios de Justicia y de Hacienda, promulgado hace poco, se muestra que las promesas de la procuradora sobre no agrandar la planta de personal se incumplieron. El aumento de burocracia es además preocupante, porque se está presentando como el cumplimiento de una sentencia internacional que tanto el Gobierno como la Procuraduría han decidido malinterpretar de forma irresponsable.
Se dijo varias veces: el proyecto de reforma al Ministerio Público impulsado por la procuradora general, Margarita Cabello, era un aumento burocrático innecesario que incumplía la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra Colombia. No importó. La aplanadora del Gobierno, en fuerte alianza con la procuradora, aprobó la ley a la medida que buscaban. Cabello fue enfática: “No es cierto lo que están diciendo, que se van a crear miles de cargos dentro de la Procuraduría, ni mucho menos, decir que es burocracia lo que se le va a entregar a la Procuraduría. Lo que se pretende es, al dar cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, separar investigación y juzgamiento”. Lo que resultó no ser cierto fue lo dicho por la procuradora.
El Decreto 1851 de 2021 crea 1.208 nuevos empleos permanentes en la Procuraduría. Entre ellos están, por ejemplo, 20 nuevos asesores para el despacho de la procuradora general. El Ministerio Público se defiende argumentando que los nuevos cargos son necesarios para cumplir la sentencia de la Corte IDH y que, en todo caso, según le respondieron al periódico El
Tiempo, “la provisión de estos cargos, que no es inmediata, no generará adiciones al presupuesto ordinario asignado a la Procuraduría General de la Nación”.
El mensaje que se envía, empero, es claro: en tiempos de austeridad, la Procuraduría se llena de nuevos puestos. Esa ambivalencia discursiva afecta la legitimidad institucional, más en tiempos de pandemia y crisis económica. Adicionalmente, promueve la sensación de que los órganos de control siguen engordándose de funcionarios y de poder justo cuando sus motivaciones han sido cuestionadas.
Tal vez el principal problema es que este aumento de personal se venda como el cumplimiento de una sentencia contra Colombia. No es así. Lo que pidió la Corte IDH, como lo discutimos en su momento, fue reestructurar el poder disciplinario y supeditar cualquier sanción política a una condena penal previa. El Gobierno y la Procuraduría decidieron adoptar una interpretación extraña de lo ordenado por la Corte y terminaron fortaleciendo aún más el poder del Ministerio Público.
Lo que nos lleva a terminar el año con esta bonanza de cargos. Un regalo navideño incómodo en medio de tantas promesas de austeridad.
‘‘La creación de nuevos cargos en la Procuraduría es un contraste con los discursos de austeridad en el Gobierno”.