En veremos
LOS PRECANDIDATOS PRESIDENCIAles son contestes en la urgencia de atacar la corrupción, pero ninguno sabe por dónde empezar. El último pronunciamiento es de antología: Íngrid Betancourt la enfrentaría con la muy “novedosa” solución de nombrar a un zar anticorrupción.
Tampoco este columnista tiene la fórmula redentora contra la endemia de la corrupción, pero cualquier remedio tiene que pasar por aprobar una ley que permita el rastreo de la situación patrimonial no solo de los funcionarios sino de sus cónyuges, hijos, parentela más cercana y hasta del entorno de asociados y amistades.
El asunto no se reduce a esa tontería de entregar al posesionarse o retirarse de un cargo la relación de activos y pasivos. Eso es un canto a la bandera. La corruptela es muy sofisticada y utiliza toda clase de triangulaciones para ocultar dineros mal habidos. Es vox populi que un funcionario paracaidista, metido en las entrañas del poder, recibe escuetos ingresos derivados de sus salarios, cuando se sabe que hizo constituir sendas sociedades comerciales en las que no figura pero sí lo hacen sus cómplices, quienes reciben coimas o suscriben jugosos contratos, sin que nadie sospeche quién es el beneficiario real del entramado. Para pescar peces gordos camuflados hay que diseñar mecanismos legales que permitan identificarlos, porque lo que hay es para risas.
La exigencia de informar el estado patrimonial de cada funcionario es tan “transparente” como las cuentas de las campañas que presentan partidos y candidatos al Consejo Nacional Electoral, pues todas mienten. En el caso de los servidores públicos las autoridades no tienen cómo investigar el esquema patrimonial extendido a muchas personas, salvo que se inicie un proceso penal, disciplinario o fiscal, pero Fiscalía, Procuraduría y Contraloría se hacen las de la vista gorda con amigos y copartidarios. De lo que se trata es que esa averiguación pueda hacerse de manera expedita. Bastaría obligar a cónyuges, hijos, primos, subalternos, socios y cercanos amigos a entregar información actualizada sobre sus bienes, y autorizar a un ente públi