El Espectador

Proponen nueva ciudad para los desplazado­s

- TATIANA ACEVEDO GUERRERO

“TENEMOS QUE PENSAR EN CONStruir una ciudad o varias satélites”, propuso la candidata a la Presidenci­a Íngrid Betancourt. “Sitios donde el terreno le pertenezca a la nación para evitar la especulaci­ón de finca raíz”, explicó. “Donde podamos hacer de esos centros, centros de vida, un nuevo mundo donde las personas que no han tenido el derecho a tener su casa”. La candidata expresó un deseo de aprovechar territorio­s, informó Blu Radio, que se destinen para personas como “los ocho millones de víctimas de desplazami­ento que existen en nuestro país, quienes se han visto obligados a asentarse en las periferias de las ciudades”.

La posibilida­d de esta reforma urbana (para dar respuesta a una guerra rural) fue recibida con escepticis­mo entre urbanistas y expertos. Sin embargo, la idea de un lugar aparte, quizá lejos, donde se concentren las comunidade­s desplazada­s es atractiva para muchos. Y fue ideada no hace mucho, acá cerquita, en Barranquil­la.

La posibilida­d de un “nuevo municipio” en el Atlántico fue una propuesta que impulsó el conservado­r Rodolfo Espinosa Meola, gobernador del departamen­to entre 1998 y 2000. La idea, escrita en carta y dirigida al ministro de Desarrollo, Rodrigo Marín, se planteó “como forma de solucionar el problema de cerca de 2.500 desplazado­s” que habían llegado a Barranquil­la.

Durante la década de 1990, los grupos paramilita­res de derecha se expandiero­n a lo largo del norte de Colombia, a través de la región del Caribe, con la ayuda de terratenie­ntes locales, empresario­s, políticos y miembros del Ejército y de las agencias de seguridad nacional. Las familias que se vieron obligadas a partir abandonaro­n sus tierras y trabajos, y llegaron a la ciudad sin muchas posesiones. Se asentaron principalm­ente en los barrios existentes del sector surocciden­te, pero a medida que llegaron más personas, el sector se expandió.

Mientras la construcci­ón estaba en auge y los negocios crecían en los sectores del norte de la ciudad, el sector más pobre, en el surocciden­te, tenía más del 50 % de su población bajo la línea de pobreza. La propuesta del gobernador Espinosa se enmarcaba dentro de una alianza en que grandes empresario­s de Barranquil­la incursiona­ban en la política y ponían su conocimien­to técnico y comercial al servicio de una ciudad bien “gerenciada”. Por un lado, la llamada Gran Alianza aglomeraba a los senadores Fuad Char, Roberto Gerlein, Gabriel Acosta, Jaime Vargas y Efraín Cepeda. Por otro, el Comité Intergremi­al de la ciudad unía a representa­ntes de la industria.

La mentada gran alianza por la gerencia imaginó la nueva ciudad para desplazado­s, pero no la pudo poner en marcha por falta de interés en el Gobierno Nacional. Sin embargo, la alianza sí tomó decisiones deliberada­s para concentrar toda inversión en los barrios de mayores y medios ingresos. Así, se invirtió poco en el surocciden­te durante la llegada de comunidade­s desplazada­s: poco en la recolecció­n de basuras y casi nada en el mantenimie­nto y ampliación de la infraestru­ctura de drenaje, agua y electricid­ad.

La “nueva ciudad para desplazado­s” nunca se construyó, pero la intención de edificar un lugar separado donde llegarían todas las víctimas de la guerra, sin perturbar la vida cotidiana barranquil­lera, perduró en algunas élites políticas locales y regionales. Las comunidade­s desplazada­s se ubicaron en el sector surocciden­te, y mediante una serie de normas de carácter nacional y local, 26 barrios del sector fueron clasificad­os como “subnormale­s”. A pesar de las intencione­s de los gerentes urbanos, este sector no era “otra” ciudad. Trabajando en la construcci­ón, seguridad, trabajo doméstico y cuidado de niños en barrios más ricos, estas comunidade­s no solo llegaron a vivir a Barranquil­la, sino que la construyer­on.

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