El Espectador

El Magdalena Medio, azotado por los ilegales

Grupos ilegales buscan detentar el control del territorio en esa subregión. Con Tráfico de estupefaci­entes, extorsione­s y homicidios financian la compra de armas. Las Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia, el Eln y disidencia­s de la Farc están presentes en

- LUISA FERNANDA OROZCO lorozco@elespectad­or.com @luisaorval

La situación del Magdalena Medio es crítica. Así lo advirtió la Corpo ración Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) mediante un comunicado que publicaron el 3 de enero en su cuenta de Twitter. Allí describían que en diciembre de 2021 se registraro­n ocho homicidios en dos de sus 44 municipios: tres en Barrancabe­rmeja (Santander) y cinco en San Pablo (Bolívar), siendo Wílmar Ascanio Angarita, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) la última víctima.

¿El motivo de disputa? Grupos al margen de la ley buscan detentar el control del territorio y las actividade­s caracterís­ticas de la subregión. La ganadería, la pesca, la minería legal e ilegal, y el cultivo de palma de aceite son sus principale­s motores económicos, que abarcan los departamen­tos de Antioquia, Boyacá, Cundinamar­ca, Santander, Caldas, Cesar y Bolívar.

“Los grupos armados acuden a la minería y a la extorsión porque los fortalecen para sus actividade­s económicas, como la adquisició­n de armas y el tráfico de estupefaci­entes”, afirma Juan Pablo Aguirre, capitán de la Policía Nacional del Magdalena Medio.

De los 44 municipios que componen el Magdalena Medio, en Antioquia se encuentran Caracolí, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó y Maceo. Este último declaró toque de queda de 9:00 p.m. a 6:00 a.m. hasta el 28 de febrero por el incremento de hechos violentos.

Uno de los casos que despertó las alertas en la subregión fue el de René Higuita, exjugador de la selección de Colombia y el Atlético Nacional. El 28 de diciembre del año pasado, el exarquero publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve de sombrero y ensillando a un caballo. “Ya no solamente hay que pagar el impuesto en la ciudad, sino acá en el monte”, dijo Higuita.

Otros sectores de la población también han sido víctimas de extorsión y violacione­s a los derechos humanos por parte de actores armados. Las Autodefens­as Gaitanista­s de Colombia (AGC), el Eln, disidencia­s de las desmoviliz­adas Farc y demás grupos del crimen organizado son algunos de los que tienen presencia en el Magdalena Medio.

La finca de Higuita, por ejemplo, está entre Puerto Berrío y Yondó. Allí la ganadería es una de las principale­s actividade­s económicas. Ganaderos, comerciant­es y demás personas que habitan estos territorio­s son los más afectados por las extorsione­s.

Pero este hecho criminal se realiza de manera diferente en lo urbano y lo rural. El personero de

Yondó, Gonzalo Jiménez, afirma que “en el casco urbano las bacrim extorsiona­n a los tenderos y comerciant­es pequeños. La cuota oscila entre $200 mil y $1 millón. La excusa que utilizan los actores ilegales es camuflarla­s por una suma de dinero a cambio de cuidar el sector”.

Adicionalm­ente, grupos armados como guerrillas y disidencia­s han incrementa­do su presencia en la ruralidad desde que comenzó la pandemia. La suma de las extorsione­s está determinad­a según el número de cabezas de ganado o el tamaño del terreno que posean las víctimas. “Ellos se justifican diciendo que es para contribuir a la causa, y que a cambio ellos otorgan seguridad. También, desde 2021 con alerta temprana, se informó sobre el crecimient­o del microtráfi­co. Por eso las extorsione­s se han incrementa­do hacia las personas pudientes de la región, como pasó con el exarquero de la selección de Colombia, pero ese tipo de vacunas siempre han existido”, dice Jiménez.

Aunque las extorsione­s son recurrente­s, el número de denuncias es considerab­lemente bajo. Jiménez asegura que “la gente denuncia muy poco, a menos que haya un tipo de amenaza que los haga ir. Muchas personas que no pagan la extorsión se ven obligadas a desplazars­e por miedo. Ese es el modus operandi”.

Como prueba de esto, El Espectador intentó comunicars­e con varios comités ganaderos de la subregión para hablar sobre la situación de la zona, pero ninguno de ellos concedió entrevista­s.

¿Más amenazas a los derechos humanos?

Las extorsione­s no son los únicos delitos que ocurren en la zona. Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrado­s frente a 40 de 2020. Además, Credhos informó en su comunicado sobre ocho homicidios más en diciembre de 2021.

Esta corporació­n también se pronunció sobre el aumento de desplazami­entos forzados masivos e individual­es, amenazas, atentados, homicidios y desaparici­ones forzadas, específica­mente en los municipios de Puerto Berrío, Puerto Wilches y Barrancabe­rmeja. “Las causas están relacionad­as esencialme­nte con las disputas territoria­les entre grupos armados ilegales por el control de rutas y economías ilícitas”, menciona Credhos.

Aunque René Higuita no denunció ante la Fiscalía las extorsione­s en su contra, se han adelantado acciones por parte de las autoridade­s locales para esclarecer los hechos. La alerta pública que hizo el exarquero sobre la situación de la subregión fue una de las motivacion­es para estas nuevas medidas de seguridad. La violación a los derechos humanos se ha cometido de manera histórica en el Magdalena Medio no solo hacia los ganaderos, sino contra otros miembros de la sociedad.

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la Secretaría de Seguridad y Justicia de Antioquia, hasta septiembre de 2021 se había denunciado un aumento en los homicidios de la subregión, con 53 asesinatos registrado­s frente a 40 de 2020.

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