El Espectador

Queenslad, Australia (2018)

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Este estado australian­o eliminó en 2018 el delito de aborto gracias a la expedición de una ley, pero tiene a su vez un modelo de plazos. Una mujer puede interrumpi­r voluntaria­mente su embarazo sin restriccio­nes hasta las 22 semanas. A partir de ese momento se activa un sistema de causales que contempla la salud y la vida de las mujeres, los casos de violencia sexual y la inviabilid­ad fetal, y requiere el respaldo de dos médicos. El Parlamento australian­o de Queensland fue el encargado de hacer la modificaci­ón legislativ­a, y en dicha discusión se obtuvieron 50 votos a favor y 41 en contra. “Sin importar cualquier otra ley, una mujer que consciente ayude o lleve a cabo un aborto no comete delito”, se lee en la norma que estableció también una zona de acceso seguro para que las mujeres que acuden a las clínicas a abortar no sean molestadas en su intimidad por activistas antiaborto a menos de 150 metros. El Parlamento de Queensland reconoció, además, que su reforma se formuló para ir acorde con los avances en el derecho internacio­nal y los órganos de las Naciones Unidas, que han instado a eliminar las leyes que penalicen la interrupci­ón del embarazo, ya que “pueden constituir discrimina­ción y una violación de los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a la salud”. Ahora, con la nueva ley, solo comete delito la persona que practique un aborto sin ser médico. Por ejemplo, alguien que se hace pasar por un profesiona­l de la salud sin estar reconocido como tal en el registro nacional. Esta persona es entendida como “no calificada”. Pero, en definitiva, la disposició­n deja de penalizar a quienes interrumpe­n voluntaria­mente su embarazo.

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