Pilotos de “fracking”: ¡así no!
EN 2018, EL GOBIERNO CONVOCÓ UNA Comisión Interdisciplinaria para que estudiara si era conveniente o no hacer fracking en Colombia. Esta Comisión, de la cual fui parte, entregó en abril de 2019 su informe final y su recomendación no fue ni un sí ni un no. Esto dejó a muchos insatisfechos.
Con argumentos de investigación y generación de conocimiento, la Comisión propuso la ejecución de Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) y presentó ocho condiciones que se deberían cumplir de manera previa a la ejecución de los PPII. También identificó acciones complementarias y otras para la evaluación de resultados. El propósito fue, en un ámbito democrático e informado, evaluar los impactos positivos y negativos del fracking y tomar una determinación con mejor calidad de información.
La transparencia, el diálogo y la activa participación de comunidades y pares académicos independientes son condiciones esenciales para que los grupos de interés, que parten de posiciones muy diversas, consideren válidos los resultados de los PPII.
Si bien el Gobierno y Ecopetrol han avanzado en el cumplimiento de algunas de las condiciones propuestas, hay una indispensable que no se ha cumplido y es el carácter pacífico y democrático que debe calificar el proceso. A inicios del año pasado, ante amenazas a miembros de organizaciones sociales que se han opuesto a los PPII, varias organizaciones y algunas personas que fuimos miembros de esa Comisión solicitamos al Gobierno suspender los PPII hasta que se garantizaran las condiciones de seguridad para la participación de las comunidades.
Recientemente, en el proceso de licenciamiento ambiental de los PPII se han presentado actos violentos e intimidaciones que han llevado a la necesidad de proteger, sacando del territorio e incluso del país, a algunos miembros de las comunidades que se oponen al fracking. La violencia afecta la confianza y la relación entre Gobierno, empresas y comunidades. En contextos de violencia, la “licencia social” para cualquier actividad, más aún para una tan controvertida como el fracking, no es viable. Entendemos como “licencia social” el visto bueno de las comunidades ante propuestas de intervención en sus territorios. Las condiciones de violencia que se han vivido en los PPII impiden que estos generen el proceso de participación, conocimiento y transferencia de información que valida su ejecución.
En Colombia, según la Defensoría del Pueblo, en el 2021 fueron asesinados 145 líderes sociales y, según Indepaz, en 2022, hasta el 12 de febrero, habían asesinado a 24 líderes. El asesinato de líderes sociales y ambientales demuestra la incapacidad del Estado para controlar la violencia. En este momento y hasta que el Estado pueda garantizar las condiciones necesarias para su ejecución y validación, lo responsable y razonable es suspender los PPII. Como dice una de las personas amenazadas: “No es posible que por levantar la voz contra una actividad que pretenden adelantar en nuestro territorio nos quieran silenciar matándonos”.
P. D. Como ciudadano me duele y protesto por el asesinato de líderes sociales y ambientales, como ocurrió el 22 de febrero en San Martín (Cesar), donde fueron asesinados Teófilo Acuña y Jorge Tafur, líderes campesinos que lucharon por la recuperación de tierras, la protección de medio natural y la defensa de derechos del campesinado.