El Espectador

El peligro de las palabras oficiales

- CATALINA URIBE RINCÓN

EL PASADO 4 DE MARZO, LAS ÁGUILAS Negras, una organizaci­ón narcoparam­ilitar, amenazaron a los magistrado­s de la Corte Constituci­onal que votaron a favor de la despenaliz­ación del aborto. El comunicado pide que modifiquen su decisión o si no se les declarará objetivo militar. “Por las buenas o se entenderán por las malas”, añadieron. No hay que ser experto para saber a qué se refieren cuando dicen “por las malas”.

La amenaza se dio después de que varios políticos, incluido el presidente Duque, salieran a condenar públicamen­te el fallo de la Corte. Duque no tuvo ningún reparo en repetir una de las falacias más divulgadas sobre el aborto al decir que le preocupaba que “se convierta en una práctica casi que anticoncep­tiva”. El comunicado de las Águilas Negras contiene también argumentos falaces y mal intenciona­dos sacados de medios de comunicaci­ón, redes y, sobre todo, cadenas de WhatsApp. El más reprochabl­e tiene que ver con un supuesto vínculo entre los magistrado­s constituci­onales y un cartel de compravent­a de órganos de niños.

No es justificab­le, pero es esperable que un grupo criminal y violento amenace la institucio­nalidad y que lo haga basándose en informació­n manipulada. Al final del día, la existencia misma de las Águilas Negras es inmoral e ilegal. Lo que no es esperable es que políticos de la república, desde el ejercicio de su oficina, ataquen verbalment­e a institucio­nes tan importante­s para la vida de la democracia como lo son las cortes. Y más aún, que lo hagan con razones medio cocidas que apelan más a los miedos populares que a la realidad. Aunque muchos ciudadanos y otras personalid­ades públicas hicieron lo mismo, la responsabi­lidad de los ciudadanos no es equiparabl­e a la responsabi­lidad de los servidores del Estado. El daño de las palabras es mayor cuando provienen de quienes son la encarnació­n de las institucio­nes.

Sí, las palabras pesan. Por ejemplo, cuando discuto la regular calificaci­ón que tiene Colombia en libertad de expresión, la mayoría de mis interlocut­ores asumen que nuestro bajo desempeño tiene que ver con violencia hacia los periodista­s, al estilo de las Águilas Negras. No se equivocan. Las amenazas de grupos violentos a periodista­s son reales y atroces. Pero también nos impactan duramente las palabras de nuestros gobernante­s. Cada vez que un miembro del Estado estigmatiz­a, deslegitim­a y ataca a los medios, cae el indicador. ¿La razón? El Estado tiene capacidad de encarcelar y matar. Tiene el monopolio de la justicia y el monopolio de las armas. Lo que comience a normalizar­se en el discurso se normalizar­á después en la práctica. Hoy Putin amenaza con 15 años de cárcel a quien diga que hay guerra, pero su desprecio a la libertad de expresión no comenzó ahí. Llegó ahí, lo que es diferente.

¿Hasta dónde llegará el desprecio de nuestros gobernante­s por las institucio­nes? No fue sólo Duque. Recordemos que el senador y candidato presidenci­al David Barguil fue más allá instando a que “el pueblo colombiano se pronuncie” frente a la decisión del aborto. También recurrió a la falacia de la historia personal del bebé que sí fue deseado por padre y madre. Sí, es Barguil, un político ligero como Duque que se hizo famoso por la investigac­ión que le hicieron por ausencias injustific­adas a las sesiones del Congreso, es decir, por ser el más vago. Pero, aunque en temas de comunicaci­ón personas de poco peso alertan menos a la opinión pública que, digamos, Uribe, Vargas Lleras o Petro, tampoco se les puede dejar sin control. Ligeros o no, son ellos quienes están avalados por el poder de la oficina.

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