El conflicto que se desbordó en Putumayo
Las disidencias de las Farc están enfrentadas en el departamento por el control de las zonas donde se cultiva coca y por las rutas hacia el Pacífico, lo que ha generado afectaciones a la población, que también se siente atacada por los trabajos de erradicación del Ejército. La Defensoría del Pueblo ha proferido siete alertas tempranas.
La controversia desencadenada por el operativo militar contra las disidencias de las Farc en Puerto Leguízamo (Putumayo), que se efectuó el pasado lunes 28 de marzo y en el cual las autoridades aseguraron que murieron 11 presuntos disidentes de las Farc, fue cuestionada por denuncias de organizaciones de derechos humanos e indígenas que lanzaron una alerta porque entre las víctimas había civiles, entre las que se destacan la autoridad indígena Pablo Panduro Coquinche; el presidente de una junta de acción comunal, Divier Hernández; su esposa, Ana María Sarriamientras, y un joven de 16 años, quienes participaban de un bazar en una cancha de la vereda El Remanso.
Mientras el país espera respuestas para esclarecer lo sucedido ese día, en los últimos meses ese departamento ha sufrido una escalada de violencia en la que están de por medio no solo conflictos de la comunidad con el Ejército, por las erradicaciones manuales de coca, sino además un agudizado enfrentamiento entre disidencias de las Farc que buscan controlar el territorio cultivado con coca y los corredores fronterizos y hacia el Pacífico, que son claves para el narcotráfico.
La situación ha sido reseñada en por lo menos siete alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en la región desde 2018. La más reciente es la 002 de 2022, enfocada en Puerto Leguízamo, donde se hizo el referido operativo militar, en la que el ente de control llama la atención sobre el alto riesgo de reclutamiento de menores y de migrantes que llegan a este punto para pasar a Ecuador y Perú, así como sobre las amenazas a líderes sociales que impulsan los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito.
En gran medida, la disputa por el control es por los corredores fluviales: los ríos Caquetá y Putumayo, que atraviesan el departamento y son importantes puntos de logística ante la falta de vías para comunicarse con el Cauca y demás zonas de los llanos orientales y la Amazonia, por lo que está claro que además del comercio son punto estratégico para el tránsito de droga.
Esta importancia siempre fue reconocida por las guerrillas. Históricamente la zona fue controlada por el bloque Sur de las Farc, conformado por los frentes 15, 32 y 48, por lo que tras la firma del Acuerdo de Paz las comunidades campesinas, indígenas y afros creyeron en que su implementación iba a alejarlos del conflicto y del cultivo de la coca, pero en los últimos cuatro años la reorganización de los grupos armados les demostró que la historia no iba a ser como se la imaginaban.
Aunque durante los dos años posteriores a la suscripción del Acuerdo se vivió una etapa de tranquilidad ante la salida de las guerrillas, en 2018 se comenzaron a reconocer dos estructuras: un grupo disidente que se autodenominó Frente Primero Carolina Ramírez, bajo el mando de
Gentil Duarte, y los Comandos Bolivarianos de la Frontera o Los Sinaloa, que integraron a excombatientes y organizaciones criminales. En ambos casos, la pandemia fue fundamental para su fortalecimiento y organización territorial, ya que el Frente Primero tomó el control del río Caquetá y emprendió acciones de reclutamiento y amedrentamiento de líderes indígenas y campesinos, mientras que Los Sinaloa se asentaron en el río Putumayo y han dominado con un régimen de terror que incluye “la imposición de normas de conducta, homicidios selectivos, desaparición forzada, trata de personas con fines de explotación sexual”, entre otras acciones que documenta un informe de la Fundación Conflict Responses (CORE).
Los enfrentamientos
Aunque los grupos armados ya habían establecido los territorios de control, en octubre de 2020 comenzaron los enfrentamientos cuando los Comandos Bolivarianos de la Frontera incursionaron en la inspección de Yurilla, para aprovechar el corredor por el río Caquetá, ante el presunto debilitamiento del Frente Primero, lo cual no era tan cierto, pues estos ya se habían aliado con el Bloque Jorge Briceño y la Compañía Miller Perdomo.
Para febrero de 2021, los Comandos Bolivarianos anunciaron una alianza similar, pero con la Nueva Marquetalia, por lo que para el segundo semestre del año pasado se incrementaron las acciones violentas, especialmente en Puerto Leguízamo, donde además de un aumento de los homicidios se han presentado desplazamientos y constantes confinamientos de las comunidades.
Para Yuri Quintero, defensora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, son tres los aspectos claves en el territorio que tienen relación con la reconfiguración del conflicto y la disputa de tierras de los actores armados, que como lo indica la Defensoría, se ha alertado y se ha traducido en violencia, como la incursión armada que se dio el 29 de diciembre en la comunidad de Bellavista, que dejó a siete personas muertas y alrededor de 120 desplazadas; o las dos masacres que se registraron en la primera semana de febrero, en las que asesinaron a tres hermanos en la vereda del Diamante y a Efrén Ramos, fiscal de la junta de acción local del Barsal, en la inspección de Yurilla.
“La presencia del Estado solo ha sido a través de la militarización de los territorios y lamentablemente se han desentendido de las solicitudes de las organizaciones en el territorio para entablar diálogos frente a la verdadera construcción de rutas para la prevención y no repetición”, indicó Quintero.
Otro conflicto
A ese panorama se le añade el conflicto de las comunidades con el Ejército por la erradicación forzada de coca. Quintero señala que no se han cumplido las condiciones a las familias que se vincularon al programa y por eso han seguido con la hoja de coca, que es el principal cultivo en la zona, lo que los sigue haciendo víctimas de la reconfiguración de los actores del narcotráfico.
“No se cumplió con los trámites de inversión que deberían ir de la mano con la sustitución, es decir, que no hubo construcción de caminos, de vías, ni inversión integral al programa de sustitución y los programas PDET, que deberían ir de la mano, ni se han tenido las garantías para que las familias puedan hacer la transición a cultivos legales”, manifestó la líder.
Sumado a esto, están las acciones del Ejército que han chocado con la comunidad. De hecho, el pasado 4 de febrero un niño embera resultó herido en una vereda de Puerto Asís, luego de que un agente antinarcóticos disparó cuando la comunidad se acercó en medio de un operativo de erradicación.
“Las alertas tempranas de la Defensoría dan una lectura de los te
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Asís es uno de los cinco municipios en los que se concentra el 33 % de los cultivo de coca en el país, según el sistema de monitoreo de la ONU.
rritorios y anuncian lo que puede ocurrir en caso de no actuar. De hecho, no hay rutas de no repetición, justicia y verdad, como tampoco planes de contingencia que arrojen acciones inmediatas ante los ejercicios de erradicación forzada ni planes de contingencia para atender los desplazamientos, en especial en el Bajo Putumayo”, argumentó Quintero.
Algo similar ha indicado el líder comunitario Yilmar Cuellas a medios locales, al resaltar que en la disputa territorial los principales afectados son la población civil y las comunidades indígenas. “Alrededor de 21.000 familias se acogieron al Acuerdo y muchas creyeron en el programa de restitución de tierras, pero están aguantando hambre porque no les están ayudando. Hay propuestas como el de trabajar concentrado para todo tipo de carnes como alternativa de sustitución, pero en cambio tuvimos la masacre de los tres hermanos, que vimos crecer dentro de nuestras comunidades, hasta asesinatos selectivos, como el de una niña de nueve meses a la que le dispararon en la cabeza. Dígame que culpa podría tener ella dentro del conflicto armado”.
El gobierno local señala que no han estado con los brazos cruzados. En respuesta, el secretario de Gobierno de Putumayo, Carlos Gerardo González, indicó que tras socializarse la última alerta de la Defensoría se determinaron acciones conjuntas con el Gobierno Nacional. “Puerto Leguízamo concentra el 45 % de la vocación rural del departamento, por lo que hemos adelantado acciones directas en materia de seguridad y de inversión pública, que nos permitan disminuir esa brecha de conflictividad. Además, hemos insistido a la Fiscalía que amplíe la presencia en el territorio e invitamos a la población a denunciar, porque no desconocemos la situación de seguridad, sino al contrario, buscamos garantías”.
Añadió que se han realizado consejos de seguridad en la zona y se instaló una unidad móvil del Comando Júpiter, al tiempo que solicitaron audiencias con Presidencia y los ministros del Interior y Defensa para articular nuevas acciones, entre las que se encuentran redoblar la presencia de la Fuerza Pública, así como fortalecer las instancias judiciales, ya que uno de los mayores temores a la hora de denunciar es la falta de garantías para hacerlo.
“Se necesita hacer presencia. Desde el Gobierno también hemos atendido el tema de migración con la dirección Nacional de Fronteras y a través el programa de convivencia ciudadana hemos fortalecido la presencia en la frontera de San Miguel y queremos hacer lo propio en Puerto Leguízamo, pero allá hay un contexto más complejo, porque están las dos fronteras con Ecuador y Perú y lastimosamente se han convertido en corredores de los actores armados para traficar cocaína y todos estos cultivos ilícitos que afectan tanto la región del Putumayo”.
Por último, González reconoce que parte de las causas del recrudecimiento del conflicto se debe a las demoras en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitucion de Cultivos Ilicitos (PNIS). “La política de cultivos ilícitos es una política nacional y lamentablemente detrás de esta se desencadenó la violencia que hemos tenido que atender, por eso el llamado que hacemos al Gobierno es reestructurar porque lamentablemente eso es lo que está desencadenando la violencia en las zonas rurales como Puerto Leguízamo”.
Quintero señala que la principal necesidad es que se aterricen los protocolos de prevención y protección de la comunidad y se abran los espacios de investigación hacia lo que significa la justicia y reparación para las víctimas, en especial de lo ocurrido en los últimos cinco años. “Queremos que de la mano del cumplimiento del punto uno y cuatro del Acuerdo de Paz, se paren las acciones de erradicación forzada y fumigación terrestre que justifican no solo la militarización sino además las posibles alianzas con los actores armados”.
Desde la comunidad esperan acciones contundentes que eviten nuevas tragedias, pues hay terror de que la nueva oleada de violencia se esté configurando por el enfrentamiento de las disidencias, ante a la ausencia de acciones del Estado contra su avance, mientras que con respecto al operativo militar se esperan acciones contundentes por parte del gobierno local y mayor claridad por parte del nacional ante la identificación de los 11 cuerpos, entre los que hay una mujer y un menor de edad, y por las declaraciones de la comunidad que niegan una confrontación armada con el Ejército. Por eso las organizaciones sociales y campesinas en la zona han pedido mayor acompañamiento a las comunidades, en su mayoría rurales y a sus líderes, pues no hay nada que ya no se haya advertido y sí son más los episodios de violencia que podrían ocurrir de no implementarse acciones en el territorio.