El dragoneante acusado de tortura que había sido destituido por corrupto
Julián Piñeros está en juicio por presuntamente torturar a reclusos durante y los días siguientes al motín en La Modelo, en marzo de 2020. El Espectador encontró que en 2008 fue destituido por 10 años, por pedirle plata a un recluso para llevarlo a una ci
Según el único avance investigativo para esclarecer qué pasó durante el motín en la cárcel La Modelo en Bogotá, el 21 de marzo de 2020, están involucrados tres dragoneantes por el delito de tortura. La Fiscalía ya los llamó a juicio porque supuestamente habrían desnudado, maltratado y cortado a tres internos en aquella noche de terror. Uno de los implicados es el exguardia Julián Alberto Piñeros, quien a raíz de la investigación fue desvinculado del Inpec. El Espectador encontró que este no ha sido su único lío con la justicia, pues el Consejo de Estado decidió en su contra en un caso de corrupción que data de 2008.
Piñeros inició su carrera en 1998. En 2005, según lo dejó plasmado el Inpec en tres resoluciones, el dragoneante quedó envuelto en un problema tras ser denunciado por manejo irregular de dineros. Para entonces, cumplía funciones en el área de sanidad de la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, en Boyacá. Según lo reportó la ciudadana Claudia Isabel Suárez, el entonces vigilante Piñeros le solicitó una consignación de $200.000 para ayudar a su esposo. Se trataba del interno Andrés de Jesús Vélez, quien necesitaba una cirugía urgente del hombro izquierdo.
El Inpec tomó la denuncia y el 6 de junio de 2008, a través de la resolución 0886, destituyó e inhabilitó a Piñeros por un término de diez años. Lo declaró disciplinariamente responsable por “ejercer actividades o beneficios de negocios incompatibles con el buen nombre y prestigio de la institución a la que pertenece”. Quedó demostrado que Piñeros le pidió $300.000 adicionales a la familia para lograr la cita médica. El interno Vélez testificó que es común en los centros de reclusión que los guardias exijan dinero a cambio de agilizar trámites de salud.
Piñeros apeló la decisión, alegando una vulneración a su derecho a la defensa y dejando sobre la mesa que el testimonio de un recluso no es creíble. Sin embargo, con la Resolución 09872 de 2009, el Inpec confirmó que seguiría destituido por diez años. La institución consideró que el exguardia no podía argumentar que el testimonio del interno Vélez carecía de veracidad solo por el hecho de estar condenado. Si así fuera, argumentó el Inpec, “se permitiría la impunidad de los delitos o faltas disciplinarias que perciben los detenidos”.
Las pruebas bastaron para arrinconar a Piñeros. La denunciante aportó el recibo de consignación de los $200.000 que quedó a nombre de la señora Milena Galindo. Piñeros mismo explicó en diligencia de versión libre que ella era su esposa, como también lo confirmó la dirección de talento humano del Inpec. Además, Bancolombia,
con oficio de noviembre de 2005, certificó que ingresó esa cantidad de dinero a una cuenta que tenía la señora Milena Galindo. Asimismo, el extinto Comcel aportó registros de llamadas entre Piñeros y la denunciante.
El interno Vélez también declaró en contra de Piñeros y así quedó registrado en la pesquisa disciplinaria: “Yo he estado sometido a una serie de exámenes por especialistas. Siempre que solicitaba dinero [el denunciado] era para agilizar esos exámenes. La prueba de esto es que el día que vino la doctora especializada en medicina interna yo no estaba en ese listado y fui incluido a puño y letra del dragoneante Piñeros”. Todo por plata.
Al final, el Inpec ejecutó el fallo el 6 de octubre de 2009. En esa resolución quedó registrado que Piñeros fue uno de los miembros fundadores del Sindicato de Trabajadores del Establecimiento Carcelario de Bogotá. El caso, años después, llegó al Consejo de Estado. El entonces dragoneante, ahora acusado por supuesta tortura, pidió dejar sin efectos todas las resoluciones que terminaron en su despido. Señaló que no se le informó la fecha del testimonio de una funcionaria y que no le notificaron el auto que le permitiría presentar sus alegatos de conclusión.
El Consejo de Estado, el 2 de mayo de 2013, falló en contra de Piñeros. “Tuvo la oportunidad de solicitar las pruebas que a su juicio consideraba pertinentes en procura de su defensa. Si bien no todos los testimonios le fueron decretados a su favor, la providencia que así lo dispuso le fue debidamente notificada. Se le garantizó el debido proceso”, se lee. Las resoluciones quedaron válidas y el expediente se archivó en 2014. No obstante, existen registros que mostrarían que, en 2013, antes de que terminara su sanción, Piñeros regresó al Inpec y podía sufragar en las elecciones ante las comisiones de personal.
Ahora, más de una década después de su despido por corrupción, está en juicio por el delito de tortura. Según el escrito de acusación, habría atacado al interno Hárold Junco en el túnel de abogados. Al parecer, lo esposó, desnudó y le ordenó que se quedara en posición de cuclillas por “un número considerable de horas”, en medio de agua, sangre y heces humanas. Este diario le preguntó al Inpec por qué uno de sus guardias había sido reintegrado, pese a sus antecedentes disciplinarios, pero no obtuvo respuesta. Piñeros, por ahora, permanece preso mientras avanza su juicio por tortura.
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Fiscalía acusó a tres dragoneantes del Inpec por tortura durante el motín del 21 de marzo de 2020 en tla cárcel La Modelo.