El problema de la violencia sexual en colegios
EL EDITORIAL PUBLICADO EL 25 DE MARZO de 2022 por El Espectador, “Vacíos para atacar el acoso y abuso sexual en los colegios”, intenta evidenciar una problemática gravísima en las instituciones educativas, como lo es “la ausencia de normas y la incapacidad de las autoridades para tomar medidas adecuadas”. Lamentablemente, en la exposición realizada se termina adjudicando un rol preponderante al supuesto fuero sindical, que impide despedir al docente presuntamente abusador, desconociendo que estamos en un Estado social de derecho, en el que se presume la inocencia de toda persona hasta el momento en que se declare su culpabilidad a través de un juicio.
Ingenuamente, el editorialista considera que una de las soluciones a la problemática es tener la competencia para despedir a los presuntos abusadores: en pocas palabras, instaurar una cacería de brujas para generar la idea de justicia y efectividad en los procesos de acción ante la problemática.
En relación con la inacción de la justicia estamos de acuerdo, sobre todo si recordamos que en Colombia la impunidad ronda el 97 % en delitos como el homicidio y del 90 % en el caso del abuso sexual. Cabe señalar que ese porcentaje es para la totalidad de los delitos denunciados e investigados, incluyendo los ocurridos en diferentes espacios y no solo en el ámbito escolar. Lo señalado muestra el meollo del asunto: el problema no es la ausencia de normas, dado que la Ley General de Educación (115 de 1994), el Decreto 1075 de 2015, la Ley de Infancia y Adolescencia (1098 de 2006) y la Ley de Convivencia Escolar (1620 de 2013) dan un marco jurídico suficiente para abordar la protección de los niños, adolescentes y jóvenes tanto en la institución escolar como en espacios sociales en general.
El problema es la incapacidad de los entes investigativos de llevar a cabo un proceso que logre acumular las evidencias y pruebas suficientes para que desde la instancia judicial se emita un veredicto, se castigue a los culpables y se repare a las víctimas, con lo que además de administrar justicia se envía un mensaje claro a la sociedad y a los sujetos que incurren en este tipo de conductas. Es claro que es necesario trabajar en la capacitación de docentes y directivos para la identificación y remisión de los casos de abuso sexual. Pero es evidente que al tener indicios de este delito ya se trasciende la competencia de las instituciones educativas y obviamente de directivos y docentes, y pasa la responsabilidad a la Fiscalía como ente investigador y a la justicia penal como administrador de justicia.
Por su parte, en las instituciones educativas debemos enfatizar la formación integral de los estudiantes, el reconocimiento de sus derechos y deberes, y la diversidad y multiculturalidad que caracterizan a nuestro país, generando un marco relacional de respeto por el otro que es fundamental en la construcción de un mejor país, abordando las cosas por su nombre: el abuso es un delito y hay instancias para su investigación y juzgamiento.