El operativo

Algunos pobladores le pidieron al Ejército que los dejara ir. “Después de que nos habían dicho que nadie se podía mover ni ir a las casas, nos dicen a esa hora que ninguno de nosotros está secuestrado o retenido y que podemos irnos si queremos”, relata una de las sobrevivientes.

Los periodistas que reporteamos este caso pudimos acceder a un video que muestra a la población de la vereda reclamando fuertemente a los militares armados por la tragedia que acababa de ocurrir. “No tenemos armas los civiles, ¿por qué nos hacen esto? Lo más berraco es que les pusieron armas. El señor al que ustedes le pusieron un fusil es un gobernador acreditado por la Alcaldía. Él era una persona desarmada”.

Las inconsistencias

Aunque el Ministerio de Defensa aseguró en una rueda de prensa que el operativo se había realizado en conjunto con la Fiscalía, el ente investigador reportó conocimiento de los hechos hasta las 2:20 p.m., siete horas después de los combates. Según los testigos, durante ese tiempo el Ejército habría sido la única autoridad que hizo presencia en el lugar.

Otro de los reclamos de las familias de las víctimas mortales es que el Ejército no les habría permitido ver e identificar los cadáveres en la vereda antes de trasladarlos y que temen que los cuerpos de sus seres queridos hayan sido manipulados. En un video suministrado por la comunidad se observa a una mujer tendida en el piso suplicando que le permitan ver el cuerpo de su hija. Un hombre vestido de negro que acompaña a los militares le responde: “¿Mamita, no vio que estaban en unas bolsas blancas? (...) Se la muestro en fotos”.

Otra de las evidencias que están en poder de la Fiscalía, y que pudimos conocer, es una serie de tres fotografías del que sería el cadáver de Brayan Santiago Pama, el menor de 16 años muerto en el operativo. En una de las tres imágenes se ve el cuerpo del niño sobre el suelo. Vestía una camiseta y una pantaloneta negras y encima un jean. En una segunda fotografía se ve el mismo cuerpo vestido igual, pero ubicado sobre una lancha del Ejército. A su lado derecho se alcanza a ver otro cadáver con un chaleco portaproveedores. En la tercera fotografía los dos cuerpos también aparecen en la lancha, pero esta vez con dos fusiles sobre sus cuerpos. Ninguna de estas fotos serán publicadas por respeto a los familiares.

El análisis de un experto médico forense consultado explica que la posición de las armas en la última fotografía es inusual. “Si era un tirador, el arma no pudo quedar sobre su espalda, como se ve en la fotografía”.

Y agrega: “Las armas fueron puestas posterior a la muerte. La camisa demuestra que el cuerpo fue halado (...) Al lado derecho se ven huellas de arrastre y hay tierra en los pliegues de la camiseta. Eso demuestra que lo arrastraron de la parte inferior del brazo derecho cuando todavía estaba vivo. Los cuerpos fueron subidos a la lancha posteriormente a su asesinato”.

El concepto preliminar del médico forense indica que “existió manipulación y alteración del sitio con fines de escenificar, es decir, se muestra algo que en realidad no ha ocurrido, para desviar la investigación de forma deliberada”, explica.

Otro gran interrogante que queda por resolver es la cadena de custodia que tuvieron los cuerpos cuando permanecieron en poder del Ejército. El tanatólogo de la funeraria que recibió y arregló los 11 cuerpos en el territorio también asevera que recibió un cuerpo vestido con uniforme camuflado y que por lo menos otro cadáver llegó “envuelto en cortinas rojas”. Esta afirmación coincide con varios testimonios recopilados que aseguran que el Ejército le pidió a la comunidad llevar sábanas y cortinas para mover los cuerpos antes de trasladarlos. Una de las fuentes, de hecho, especifica que las cortinas rojas eran del burdel que quedaba a la entrada de la vereda y que fueron arrancadas para movilizar los cuerpos.

El tanatólogo, que pidió no ser identificado, dijo que a la funeraria llegó una solicitud para recoger siete cadáveres en el Batallón de Artillería No. 27 Santana. “El 28 de marzo nos llaman para recoger siete cuerpos de Puerto Leguízamo, producto de un enfrentamiento entre las autoridades y las disidencias. Allá recibimos 11 cuerpos y los dirigimos una parte a la funeraria de Puerto Asís y otra parte a la Fiscalía, pero hasta ese momento todos estaban sin identificar”. Señala que todos los cuerpos estaban envueltos en bolsas blancas y que luego fueron trasladados a la morgue del Parque Cementerio Normandía (Mocoa), hasta que Medicina Legal realizara las necropsias.

Fideligna Gaitán, la esposa del gobernador Panduro, explica que fue hasta el miércoles por la noche que en Mocoa le permitieron trasladar el cuerpo de su esposo hasta Puerto Leguízamo, junto al de Brayan Santiago Pama. El resto de cadáveres habrían sido llevados a Puerto Asís entre el miércoles (31 de marzo) y jueves (1° de abril), donde finalmente sus familiares pudieron realizar las honras fúnebres, casi una semana después de los hechos.

Mindefensa vs. Fiscalía

A pesar de la complejidad de este caso, la Fiscalía arribó hasta el lugar de los hechos para comenzar las pesquisas judiciales y la toma de testimonios cuatro días después del operativo, cuando la Mesa Territorial de Garantías de Putumayo, conformada por más de 10 organizaciones de derechos humanos, y algunos medios de comunicación ya habíamos llegado al departamento.

El Espectador le preguntó a la Fiscalía por qué llegaron tan tarde al lugar. El ente investigador nos respondió, a través de una carta, que “por asuntos de logística, traslados y condiciones climáticas, la comisión con personal destacado solo pudo llegar a la vereda el 1° de abril”.

Cuando llegamos hasta el Alto Remanso, el sábado 2 de abril junto a las organizaciones de la sociedad civil, el ambiente estaba tenso. La mayoría de testigos del ataque armado habían llegado en lanchas desde otras veredas y no habían regresado hasta ese lugar desde el 28 de marzo, cuando muchos decidieron desplazarse del territorio por seguridad. Eran aproximadamente las 10:00 a.m. y en el sitio había presencia de unidades militares en la vereda que, según la Fiscalía, estaban prestando la seguridad al personal del CTI que adelantaba la toma de testimonios a las víctimas en una caseta al aire libre.

En algunas casas todavía había manchas de sangre y la Fiscalía ya había instalado varias banderas para indicar la presencia de material probatorio. A pesar de eso, ningún lugar del Alto Remanso estaba acordonado. Ni siquiera la caseta comunal, donde más se sintieron los disparos y cerca del lugar donde cayeron dos víctimas. Tampoco lo estaba el burdel del cabildo, en donde todavía había cobijas tiradas en el piso y algunas manchas de sangre. Ante esto, la Fiscalía respondió que, al llegar al lugar de los hechos, se encontraron con “un terreno de gran extensión de área para procesar. (...) Es importante entender que el abordaje de escenas del crimen abiertas, como la de este caso, tiene dificultades particulares, dado que no se puede perturbar la cotidianidad y comodidad de los habitantes. Un acordonamiento general de todos los caseríos hubiese exigido necesariamente desocupar todas las viviendas y desplazar a los moradores, causando un desarraigo temporal de la comunidad”. Esta afirmación contrasta con la realidad, ya que pudimos comprobar que la mayoría de los habitantes se habían desplazado.

La desconfianza de la población era latente. Habían visto llegar a los investigadores de la Fiscalía en helicópteros militares y temían contar sus testimonios frente a ellos. Los militares paseaban por la vereda y al menos uno de ellos tenía una cámara de video integrada a su casco. Ese día arribaron a la vereda tres generales, entre los que estaba el brigadier general Óscar Alexánder Tobar Soler, jefe del departamento jurídico integral del Ejército, y la mayor general Paulina Leguizamón, subjefa jurídica del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares.

Los habitantes temen por sus vidas por la estigmatización de la que están siendo víctimas. Uno de los sobrevivientes cuenta que, “no siendo suficiente con haber asesinado población civil, después de la masacre hemos sido víctimas de detenciones en otras veredas, nos preguntan por los grupos armados y hasta nos han quitado nuestros enseres sin razón alguna”.

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Fiscalía dijo que llegó cuatro días después del operativo “por asuntos de logística, traslados y condiciones climáticas”.