Cuatro años de preguntas y pocas respuestas
Hace cuatro años se confirmó la muerte violenta de tres periodistas de “El Comercio” de Ecuador. Desde entonces, la justicia logró dos condenas, pero un acusado quedó en libertad por vencimiento de términos. Los familiares, quienes conocen la verdad a med
Hoy hace cuatro años, el 13 de abril de 2018, el expresidente ecuatoriano Lenin Moreno confirmó la masacre de los periodistas del diario
El Comercio de Ecuador Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. El equipo, jalando la pita de la criminalidad en la frontera nariñense, se atravesó con los dominios del frente Óliver Sinisterra de las Farc, al mando de alias Guacho. Su curiosidad y valentía los llevó a la boca del lobo, donde, en hechos que cuatro años después siguen siendo un misterio, fueron secuestrados, asesinados y abandonados en la selva colombiana. Desde entonces, la justicia ya condenó a dos disidentes, pero, por vencimiento de términos, otro quedó libre. Todavía no hay respuesta al porqué y, aparte, la nación tienen en contra un proceso de reparación directa.
La verdad, un camino difícil de encontrar
Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel, es uno de los disidentes condenados con preacuerdo a 28 años de prisión. En su acto de perdón, conocido por este diario, dijo haber escuchado de operaciones militares en la región. “La liberación (de los ecuatorianos) sí se iba a dar. Eso estaba bien avanzado. Se estaba hablando con gente de allá del otro lado (autoridades ecuatorianas). No sé qué ocurrió la verdad. El Gobierno colombiano como que se metió entre el medio de esa conversación, y pues se dañó por cuestiones de operativos que metieron en el área, por daños a la familia del mismo Guacho. Creo que eso dificultó más la liberación de los señores, porque alias Pitufín (segundo al mando) decía que ellos lo iban a liberar”.
Alias Reinel explicó que tuvo bajo su poder, y por orden de Guacho, a los periodistas durante tres días. Al parecer, en la casa de sus padres, les ofreció colchonetas, refrigerios y los cuidó, dado que entre las políticas de la disidencia no estaba una masacre de esa naturaleza. Todo cambió de repente. “Un día llegó
Guacho, y que tenían que matarlos y que tenían que matarlos. Y que tenían que hacer un comunicado después de que los mataran. Ahí estaba presente el que quedó en libertad: Alias Barbas. Él grabó el video de supervivencia (difundido por RCN Televisión el 3 de abril de 2018). El man tiene mucha responsabilidad en esto. La verdad que uno no entiende. Dejar en libertad a alguien así es algo que uno no entiende”, agregó Reinel.
La abogada Ángela Caro representa a las familias de Ortega, Rivas y Segarra. Es asesora legal de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la cual vigila las actuaciones judiciales y sigue clamando por verdad y justicia para los periodistas. “Se tienen dos condenas, pero fueron producto de dos preacuerdos que se establecieron entre la Fiscalía y los acusados. La declaración de Reinel, por otro lado, nos da cuenta de que no se frenaron todos los operativos por parte del Estado en ese lugar donde están retenidos los comunicadores. Si la intención del Estado colombiano era que, en efecto, se les liberara, se debieron suspender las operaciones en contra de ese grupo y de control que se mantenían en ese territorio”, explicó.
Alias “Barbas”, la ficha que dejó ir la Fiscalía
Gustavo Alonso Ospina, alias Barbas, quedó libre por orden de un juzgado de Tumaco (Nariño) en junio de 2020. La Fiscalía no aportó la certificación del Consejo de Seguridad Nacional sobre la calificación del frente Óliver Sinisterra como un grupo armado organizado (GAO). Justamente, en 2018, un juez de garantías había decretado medida de aseguramiento en su contra, con el objetivo de obligarlo a comparecer a las fases siguientes de la investigación. En este caso: un juicio penal, que se supone está programado para el 3 de mayo de este año y en el que Barbas podría aclarar, entre muchas otras cosas, si la presencia de militares en la zona llevó a que Guacho diera la orden de ejecutar a los periodistas.
No hay trato con la nación
En el Tribunal Administrativo de Cundinamarca está en curso una demanda de reparación directa contra la nación, representada por la Presidencia, el Ejército, el Ministerio de Defensa y la Unidad Nacional de Protección. Las partes se sentaron con la Procuraduría, en audiencia de conciliación extrajudicial, pero no llegaron a ningún acuerdo. Según respondió el Ejército, “no existen elementos materiales probatorios que endilguen responsabilidad a la convocada (la nación), dado que no se aportaron las pruebas necesarias que acrediten la ocurrencia de los hechos, la existencia de un daño antijurídico, su cuantificación y la imputabilidad del mismo a la entidad”.
No obstante, según plasmó la Flip en la demanda contra la nación, vía tutela logró que el Ejército confesara que sí realizó tareas militares en la zona donde habrían estado recluidas las víctimas. “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “Hércules”, se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) Operación de acción ofensiva San Mateo, que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (…)”, le contestó el Ejército a la fundación.
La Flip, entonces, busca que la nación sea declarada administrativamente responsable por las muertes. Añadió que los familiares del equipo de El Comercio han tenido que pagar gastos exequiales, viajes internacionales, atención psicológica y psiquiátrica, así como gastos de representación judicial. Aparte, aunque no es cuantificable, son víctimas de un conflicto armado que solo presenciaban por televisión y de hechos nunca antes vistos en Ecuador.
››Aunque
el Estado ha defendido que nada tuvo que ver con los asesinatos, la defensa de los ecuatorianos asegura que sí hay evidencia de que operaciones militares llevaron a la ejecución de los comunicadores.