“En San Andrés, ocho días para coger mil libras de pescado; en Nicaragua, dos”
Dos raizales cuestionan la pesca ilegal en San Andrés. Dicen que la Armada no los protege, pero el gobernador de la isla los refuta.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), anunciado el 21 de abril, que determinó que Colombia violó derechos soberanos de Nicaragua en sus espacios marítimos, puso en evidencia los derechos sobre la pesca artesanal en bancos tradicionales de las comunidades raizales de San Andrés y Providencia.
La CIJ negó la existencia de derechos de pesca artesanal de los raizales en los 75.000 kilómetros cuadrados que en 2012 ese tribunal declaró como Zona Económica Especial (ZEE) de Nicaragua.
La pesca artesanal usa formas tradicionales de obtención de peces con redes, anzuelos y demás. Se trata de flotas pequeñas que se desplazan a pocos metros de la orilla del mar y suelen ser ambientalmente responsables con el mantenimiento del ecosistema.
Silvia Mantilla Valbuena, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, comenta que el fallo de la CIJ de La Haya es un fuerte golpe para las comunidades raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. “Es una comunidad que además de vivir ya un poco aislada en su espacio insular, ahora es despojada de esa otra gran parte que componía su espacio vital que es el mar”.
Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal y líder de la Federación de Pescadores de Providencia, comenta: “La Corte dice que los dos países deben firmar un tratado que garantice los derechos de pesca, pero es que el territorio es de nosotros, de los raizales, debemos ser nosotros quienes se sienten a hablar, somos los interlocutores válidos”, manifiesta Stephens.
Es categórico al señalar que sus derechos a la actividad pesquera han sido violados a causa del aumento de los casos de pesca industrial e ilegal en manos de compañías extranjeras y embarcaciones artesanales de San Andrés, que salen con personas instaladas de forma ilegal en el departamento, pues no poseen la tarjeta de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE).
Por eso, asegura que es incoherente que Colombia hable en la Corte de los derechos de pesca de la comunidad raizal, pues no los ha defendido antes.
“Los ilegales pasan en frente de la Armada y no hacen nada. Uno se pregunta, ¿de qué derecho pesquero están hablando?”, reflexiona.
Hernán McGowan, quien lleva casi cuatro décadas trabajando como pescador ancestral en San Andrés, confirma la denuncia de Stephens: “Me encontré un barco de pescadores provenientes de Jamaica. Ellos no podían estar ahí, pero el capitán dijo que sí porque tenían un permiso desde Bogotá. ¿Cómo es que Bogotá va a dar el permiso a pescadores que son de Jamaica a pescar en un territorio que es de nosotros?”, cuestiona McGowan.
El Espectador indagó sobre esta situación a Everth Julio Hawkins, gobernador de San Andrés y Providencia, quien rechazó las declaraciones de los pescadores ya reseñadas. “Ellos mencionan que la Armada colombiana los ha sacado de sus territorios ancestrales y que apoya la ilegalidad, pero ha sido la misma Armada la que ha denunciado los casos de pesca ilegal. Yo no voy a decir que antes de 2012 o hace muchos años no pasara eso, pero la Armada desde el primer fallo se convirtió en el mayor protector de los pescadores”, afirma Hawkins.
Añade que “la Armada transita por cuestiones de control del narcotráfico. Muchos desafortunadamente han utilizado la actividad pesquera para hacer narcotráfico y contrabando. No son todos, la mayoría son honrados, eso sí hay que decirlo con toda claridad”, responde Hawkins.
Sin embargo, los pescadores insisten en que no se sienten protegidos por la Armada y que, por el contrario, se sienten intimidados por ambos gobiernos (de Nicaragua y Colombia), por “violar sus derechos”, según afirman.
“Tenemos miedo a ambos lados, porque si la guardia costera de Colombia encuentra mi navegación cerca de la frontera marítima, que está muy lejos de San Andrés, seguramente me va a coger diciendo que estoy llevando droga. Y si las autoridades de Nicaragua me encuentran en este sitio, me van a meter en la cárcel. No somos criminales y cualquier fallo debe ser a favor de los raizales”, dice McGowan.
Golpe económico
El fallo del 19 de noviembre de 2012 confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de siete islas menores y cayos (Albuquerque, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Bolívar, Roncador y Quitasueño), pero dejó la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en los que había bancos tradicionales y exclusivos económicamente.
Al respecto, Hernán McGowan, experimentado pescador, asegura que han navegado en zonas marítimas de Nicaragua, pues allá mantenían tradicionalmente actividades de pesca y, además, hay mayores y mejores recursos pesqueros. Sin ese territorio, sus ingresos económicos han disminuido.
“Nosotros llegamos más allá de la zona 82 (frontera marítima con Nicaragua), ya que alrededor de San Andrés y en los cayos no cogemos lo suficiente para sostener a la familia. En San Andrés tengo que durar entre ocho a quince días para coger mil libras de pescado y en Nicaragua son solo dos días para recoger lo mismo”, explica McGowan.