Protección a líderes sociales: un asunto que estudia la Corte
El alto tribunal analiza nueve acciones de tutela en las que se pide dar cumplimento al Acuerdo de Paz, para que se proteja la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, en un país en donde solo aumenta la cifra de homicidios.
Una cuenta pendiente que tiene el Estado llegó a la Corte Constitucional. Se trata de la violencia contra los defensores de derechos humanos, que se convirtió en una constante que ningún gobierno ha logrado atajar. El alto tribunal escuchó, en audiencia pública, a líderes sociales, como evidencia irrefutable de la falta de protección del Estado, y a entidades gubernamentales, por otro lado, defendiendo su labor. Los argumentos que se escucharon en la diligencia podrían abrir la puerta a que la Corte declare un estado de cosas inconstitucional (ECI), que no es otra cosa que reconocer que existe una violación masiva a los derechos humanos de los líderes sociales.
La Corte tiene la tarea de analizar nueve acciones de tutelas que reposan en el despacho del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en las que piden la creación de una política pública que defienda los derechos humanos y a quienes hacen el trabajo de protegerlos. También piden que se dé cumplimiento a las normas que están vigentes y que permiten esa protección no solo en territorio rural, sino urbano. En el escritorio del jurista hay evidencia de que, en el primer trimestre del año, 52 defensores fueron asesinados y que Cauca, Putumayo, Nariño, Arauca y Norte de Santander son los departamentos con más índices de violencia. Los accionantes, entre ellos Franklin Castañeda, quien defiende los intereses de tres organizaciones de derechos humanos, y Fabián Doncel Laverde, un líder innato desde hace 25 años, confían en que los argumentos expuestos este jueves sirvan para que no solo el actual Gobierno, sino los venideros, protejan “el derecho de defender los derechos”. A su juicio, todo debe empezar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz, pues allí está consignada la creación de la Mesa de Garantías y el llamado a las instituciones gubernamentales a esclarecer los homicidios de líderes sociales, así como al desmantelamiento de las estructuras ilegales que terminan siendo sus victimarios.
Para Castañeda, el incumplimiento del Gobierno radica en la falta de intención, liderazgo y disposición de recursos para establecer una hoja de ruta para proteger a líderes sociales en zonas apartadas del país, donde persiste la violencia. Ese compromiso, que salió del Acuerdo de Paz con las Farc, a juicio de Castañeda, ha sido uno de los puntos con más incumplimientos. “Acá no se les incumple a las Farc. Acá se les está incumpliendo a estas personas defensoras de derechos humanos que terminan siendo asesinados en su territorios”, le dijo el defensor a este diario. Y añadió que el llamado puntual al Gobierno es promover la política para desmantelar estructuras ilegales y proteger a las mujeres líderes.
Por su parte, el defensor Fabián Doncel, quien fue desplazado del municipio de Palocabildo (Tolima) y terminó protegiendo derechos humanos de organizaciones en Casanare, es claro que hace falta una política de protección diferencial. Se refiere a un mecanismo que tenga en cuenta que los líderes campesinos, que son atacados en sus territorios, no tienen los mismos niveles de riesgo que quienes están en ciudades. Para el vocero nacional de la Cumbre Agraria, un carro blindado y un chaleco de seguridad no solo no son símbolos de protección, sino que no se ajustan a su cotidianidad. Además, Doncel señala que la Corte debe proteger el derecho a defender los derechos.
Las nueve acciones de tutela que llevaron a esta audiencia pública también piden que la Corte le ordene al Gobierno que cumpla las normas que ya existen para la defensa de los derechos humanos. Para Castañeda y Doncel, no es necesario la creación de nuevas reglas que permitan llegar a ese fin, sino, por el contrario, darle cumplimiento al Acuerdo de Paz, que plasmó una hoja de ruta para que los líderes sociales gocen de sus derechos y puedan apostarle a una protección para su territorio, su comunidad y su ancestralidad. Además de sus peticiones, la Corte estudia una tutela de Dejusticia.
En contraste a las intervenciones de los demandantes, la Corte escuchó también los pronunciamientos de entidades del Gobierno que dicen estar cumpliendo con su plan en materia de seguridad. La Unidad Nacional de Protección (UNP) señaló que alrededor de 7.324 personas son beneficiarias de esquema de protección en todo el país, de los cuales 3.652 son líderes sociales.
Aunque las acciones de tutela han tenido su trámite en primera y segunda instancias, de las que han salido bien librados, la Corte ahora tiene la tarea de analizar si, en efecto, existe una vulneración masiva de derechos a los líderes sociales. Aunque el expediente se ha movido desde 2019, los líderes sociales y quienes acompañan sus peticiones confían en que se dé una decisión pronto, porque los hostigamientos y asesinatos no dan tregua.
››Entre 2012 y 2021 se registraron 867 homicidios de defensores. El aumento de casos ha sido progresivo: al pasar de 61 homicidios en 2016 a 84 en 2017 y a 115 en 2018.