En el caso Uribe, triunfa la independencia judicial
EL SISTEMA DE PESOS Y CONTRAPEsos mostró su fuerza y legitimidad en la decisión tomada dentro del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A pesar de que la Fiscalía buscó enterrar el proceso de manera apresurada, presentando con cierto desdén su desacuerdo con las pruebas recopiladas por la Corte Suprema de Justicia, la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, Carmen Helena Ortiz Rassa, no aceptó la solicitud de preclusión. En la práctica eso significa que el caso continúa, que el exmandatario sigue imputado ante la justicia, que el ente acusador quedó contra la espada y la pared, y, lo más importante, que las instituciones hacen valer su independencia constitucional, dando esperanzas para la democracia colombiana.
Lo comentamos en su momento: es muy extraña la diferencia de criterios entre la Corte Suprema de Justicia y el fiscal Gabriel Jaimes, delegado para el caso del expresidente Uribe una vez el alto tribunal perdió su competencia. En la decisión de medida preventiva contra el exmandatario, los magistrados de la Corte dijeron haber encontrado que las pruebas indiciarias en contra de Uribe frente a su participación en la manipulación de testigos son “abundantes, claras, inequívocas y concluyentes”. Sin embargo, para el fiscal Jaimes, tras solo tres meses de haber recibido el expediente, era clarísimo que no había motivos para continuar el proceso. ¿Por qué esa diferencia tan abismal de interpretaciones?
Esa misma pregunta parece habérsela hecho la jueza Ortiz Rassa. En su decisión, que contó con un fuerte regaño a la labor de la Fiscalía, dijo que en el expediente hay suficientes pruebas para dudar de la presunción de inocencia del exmandatario y que ameritan un proceso más juicioso. Básicamente, que no comprende el afán de la Fiscalía por desestimar el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y de los representantes de las víctimas. Por todo esto, en una decisión valiente y que demuestra la autonomía de la Rama Judicial, negó la solicitud de preclusión y luego se declaró impedida para seguir conociendo el caso, dado su estudio de todas las pruebas para llegar a esa determinación. Lo dicho: se trata de las instituciones mostrando su independencia.
Lo que sigue para el proceso es incierto. Como la Fiscalía decidió no apelar la decisión, son dos las opciones: que el ente investigador cambie de parecer y presente un escrito de acusación contra el expresidente o que después de incluir y analizar los argumentos de la jueza vuelva a solicitar la preclusión. Las víctimas han pedido que se presente la acusación, en sintonía con el proceso que se adelantó ante la Corte Suprema de Justicia. Lo que sí es claro es que el exmandatario seguirá siendo imputado en el futuro cercano.
La Corte Suprema de Justicia ha sido reivindicada con esta decisión. Desde la defensa del expresidente Uribe y del partido de gobierno, el Centro Democrático, fue atacada en su legitimidad y acusada de ser un órgano con intereses políticos. Ahora que una jueza independiente evaluó las mismas pruebas y llegó a la misma conclusión, pierden fuerza los ataques y se defiende a la máxima institución de la Rama Judicial. Eso es quizá lo que todos los colombianos, sin importar su ubicación ideológica, pueden celebrar: las instituciones están actuando con independencia, haciendo uso orgulloso de su autonomía y demostrando que los tribunales no pueden verse influenciados por el ruido político.
‘‘La
decisión en el caso del expresidente Álvaro Uribe muestra la importancia de una Rama Judicial autónoma”.