El Espectador

Las escenas tras la histórica audiencia de reconocimi­ento por “falsos positivos”

Así se vivió en el recinto la primera audiencia de reconocimi­ento de responsabi­lidad convocada por la JEP en la que 10 militares y un civil reclutador reconocier­on su responsabi­lidad en 120 casos ocurridos en el Catatumbo.

- SEBASTIÁN FORERO RUEDA ENVIADO ESPECIAL sforero@elespectad­or.com @SebastianF­orerr

En uno de los recesos de la audiencia, Beatriz Méndez, madre de Weimar Armando Castro Méndez y tía de Edward Benjamín Rincón Méndez —víctimas de los falsos positivos en Norte de Santander— se acercó a la tarima, al costado donde estaban los comparecie­ntes. Quería hablar por unos minutos con el coronel (r) Rubén Darío Castro y encargarle un dato que ha estado buscando. Castro llegó a comandar en Bogotá el Batallón de Policía Militar número 13 en noviembre de 2004, y hombres de esa unidad militar serían los responsabl­es del asesinato de su hijo y su sobrino, meses antes, en junio de ese año. Quería preguntarl­e quiénes estaban en ese batallón antes de que él llegara, quién estaba al mando, y así poder acercarse un poco más a la verdad en el caso de sus familiares.

La escena se repetía en cada receso de la audiencia de reconocimi­ento de responsabi­lidades que convocó la Jurisdicci­ón Especial para la Paz en la que diez militares y un civil debían responder ante las familias de las víctimas por el asesinato de 120 jóvenes que luego hicieron pasar como guerriller­os muertos en combate.

Durante los dos días que duró la diligencia, las madres presentes aprovechar­on para acercarse a alguno de los militares e indagar por el dato que les hace falta en el rompecabez­as del caso de su familiar: una fecha, un nombre, un lugar. No todas las víctimas que fueron a la audiencia habían participad­o en los encuentros previos con ellos y sabían que era el momento de buscar respuestas. Otras aprovechar­on para intercambi­ar números de celular con ellos y compromete­rlos a encuentros o llamadas futuras. Ellos escuchaban a quienes se les acercaban y trataban de dar alguna respuesta.

Ese ha sido el camino que han seguido las familias durante décadas. Indagar, tocar puertas, convertirs­e en investigad­ores que levantan informació­n y denuncian, gritan, increpan. Si no fuera por ese trabajo, liderado en su mayoría por mujeres, estos casos no se habrían conocido. Así lo destacó la magistrada Catalina Díaz, relatora del subcaso Catatumbo dentro del macrocaso falsos positivos.

En otra de las pausas, encontré a Flor Hilda Hernández en una de las aulas del segundo piso, procesando el reconocimi­ento que acababa de escuchar de uno de los responsabl­es directos en el asesinato de su hijo Elkin Gustavo Verano. El sargento (r) Sandro Pérez se había parado minutos antes frente a ella en la audiencia y había sostenido la flor que ella misma le entregó la primera vez que se encontraro­n, como símbolo del caso de su hijo.

“Puede ser que esta flor no valga mucho para muchas personas que nos están viendo; pero para usted, señora Flor, yo entendí que aquí está reflejado su dolor y que aquí está reflejada la responsabi­lidad que yo tengo: le quité la vida a su hijo. Gracias por hacerme entender el valor de la vida”, afirmó el sargento Pérez en su intervenci­ón. Mientras él hablaba y decía cada uno de los nombres de sus víctimas, las presentes en el auditorio se deshacían en lágrimas y un puñado de ellas tuvo que salir acompañada de los expertos psicosocia­les que acompañaro­n el espacio.

“Él me sorprendió, porque yo hallaba esas flores en la basura”, me dijo Hernández. También me aseguró —y lo aclaró después cuando habló en la audiencia— que el gesto de tocarse varias veces el pecho mientras el sargento Pérez intervenía no era en respaldo de lo que decía, sino para que sintiera el dolor que ella ha sentido.

En esa intervenci­ón, ella resaltó —quizá sin quererlo— el valor de la audiencia que se estaba desarrolla­ndo. “En la (justicia) ordinaria ¿Cierto que nos miraban como por sí o por no? ¿Cómo se sienten aquí hoy?” y se refería a varios de ellos con nombre propio.

Como ella, varias víctimas que participar­on en ese espacio —la mayoría habitantes de zonas marginadas— les hablaron duro y fuerte a quienes fueron generales y coroneles. No se cansaron de decir que faltó verdad.

Cuando finalizaba la intervenci­ón del general (r) Paulino Coronado, quien aseguró no tener conocimien­to como comandante de la Brigada 30 de lo que estaban haciendo hombres bajo su mando, las víctimas se pusieron en pie y ondearon carteles que mostraron su inconformi­dad. “Aquí faltó verdad”, “faltan máximos responsabl­es”, “quiero a Montoya ya”, se leyó.

Aunque Coronado se atuvo a la imputación que le hizo la jurisdicci­ón, por omisión, sostuvo que él no tenía conocimien­to de lo que estaba pasando con sus subalterno­s en la región. Ahora, esa justicia debe valorar el reconocimi­ento de él, que, en el fondo, no alcanzó a empañar los otros testimonio­s, duros y esclareced­ores de varios de los militares que participar­on.

Zoraida Navarro fue otra de las víctimas que se acercaron a los comparecie­ntes en medio de los recesos. En su caso, quería unas palabras del coronel Álvaro Diego Tamayo, comandante del Batallón Francisco de Paula Santander en la época. Al padre de ella, Jesús Emilio Navarro, después de asesinarlo en una vereda de El Carmen (Norte de Santander), lo subieron a un helicópter­o y su familia nunca volvió a verlo. Quería preguntarl­e a él por qué nunca les permitiero­n ver el cadáver.

El valor de la audiencia era tan significat­ivo para ella que no permitió que se acabara la diligencia hasta que se pronunciar­a de forma correcta el nombre completo de su padre. El coronel Gabriel Rincón Amado había errado en el apellido. “Y si por esto continuamo­s hasta las diez de la noche, nos quedamos. Pero yo quiero que hoy se mencione el nombre de mi padre como debe ser. Señor Amado, usted lo mencionó Medina, pero él es Navarro (…) Si no es hoy, no es nunca”. En seguida, el coronel Rincón rectificó: “Reconozco el buen nombre de Jesús Emilio Navarro, porque no era una persona mala, no perteneció a ningún grupo subversivo, no fue una persona que ocasionara daños ni perteneció a ninguna estructura criminal”.

‘‘Aquí

está reflejado su dolor y aquí está reflejada la responsabi­lidad que yo tengo, le quité la vida a su hijo”.

Palabras del sargento (r) Pérez a Flor Hilda Hernández.

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/ Óscar Pérez El coronel (r) Rubén Darío Castro junto con Idalí Garcerá, madre de Diego Tamayo, joven de Soacha desapareci­do en 2008.
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