Paraguay, ¿bajo el yugo del crimen organizado?
Los asesinatos del fiscal Marcelo Pecci y de un alcalde paraguayo han vuelto a abrir el interrogante por el futuro del país, asolado por el narcotráfico.
Una posición geográfica estratégica, la corrupción que parece enquistada en distintos niveles del poder y otros factores están contribuyendo a la consolidación de Paraguay como el que algunas personas denominan “hub” otras como “bisagra”- para el crimen organizado en el continente. Se trata del mayor productor de marihuana ilegal de la región y un actor que en los últimos años ha empezado a desempeñar un papel relevante no solo para el tráfico, sino para la fabricación de cocaína.
Estar en el centro de América del Sur, con “porosas fronteras terrestres con Bolivia hacia el noroeste, con Argentina al suroeste y con Brasil hacia el este”, según Insight Crime, favorecen el contrabando, mientras que “el extenso sistema fluvial del país, incluido el río Paraguay, que pasa por la mitad del país, de norte a sur, sirve como método importante para el trasiego de estupefacientes”. Ha sido precisamente la cercanía con Brasil la que ha facilitado la penetración de bandas internacionales dedicadas al narcotráfico.
Aunque “no hay un solo departamento de Paraguay libre de crimen organizado”, como dijo Efraín Alegre, político paraguayo y presidente de Partido Liberal Radical Auténtico, a Infobae, uno de los focos está puesto en la fronteriza región de Amambay, en el oriente del país. Allí hay fuerte presencia de las dos principales organizaciones criminales de Brasil: el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho).
Según Insight Crime, pese a que el PCC no tiene el control absoluto de la frontera, sí “tiene cientos de miembros dentro de las cárceles paraguayas, está reclutando habitantes de la zona, está tratando de obtener el control del tráfico de cocaína y cannabis, y ha estado involucrado en masacres carcelarias contra sus rivales, el Clan Rotela”. El hecho más reciente que ha sacudido a la región fue el asesinato de José Carlos Acevedo, alcalde (intendente) de Pedro Juan Caballero (Pedrojuán), capital de Amambay.
El funcionario fue atacado a tiros por desconocidos el martes 17 de mayo y falleció el fin de semana pasado tras sufrir muerte cerebral. En su reemplazo, su cuñada, Carolina Yunis, concejal y presidenta de la Junta Municipal, asumió la intendencia de la ciudad de forma interina. Yunis es esposa de Ronald Acevedo -gobernador de Amambay y hermano del alcalde asesinado-, ambos padres de Haylée Acevedo, la joven de 21 años asesinada el año pasado cuyo homicidio venía siendo investigado por Marcelo Pecci, fiscal contra el crimen organizado acribillado en playas de Cartagena el pasado 10 de mayo.
Aunque no hay conclusiones definitivas sobre estos hechos, las hipótesis del crimen del fiscal Pecci apuntan a su labor investigativa contra el crimen organizado. En el caso del alcalde, su hermano, el gobernador Acevedo, le dijo a ABC, medio de comunicación de Paraguay, que podría haber vínculo entre el asesinato de su hija y el del intendente. “Puede ser que sean las mismas personas, pero es prematuro hablar aún de eso, ya que se manejan varias hipótesis, incluso puede ser político”, indicó. “Muchos políticos están involucrados con ellos (criminales organizados), eso sabemos”.
Y es que precisamente, como le dijo José Amarilla, especialista en inteligencia estratégica y consultor en materia de seguridad, a la Deutsche Welle, “el fortalecimiento económico de estas organizaciones (criminales) permite la infiltración de instituciones que están dedicadas a la aplicación de la ley. Estas organizaciones tienen una capacidad logística y de corrupción mucho mayores que hace un par de décadas atrás”.
Yunis se declara “aterrorizada” y se cuestiona “quién sigue” en la mira de los criminales. A escala nacional crece la preocupación de cara a las elecciones generales (que se llevarán a cabo el próximo año), en medio de investigaciones que han revelado los nexos de miembros de la élite paraguaya con el narcotráfico. Un mayor control a la procedencia de la financiación de las campañas parece ser una de las prioridades en este contexto. Como explica un reciente editorial de ABC, en Paraguay “existe una ley que regula el financiamiento político. Aun así, las últimas elecciones municipales confirmaron que no sirven a los efectos del control y trazabilidad del dinero que alimenta a sospechosas candidaturas”.
Marta Ferrara, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia, citada por ABC, señaló que la ley no traza el dinero ilegal, solo se puede seguir el dinero legal. “Los últimos graves crímenes nos deben hacer entender que nos vamos hacia el abismo y hay que poner un freno. Es ahora o nunca. De las decisiones que se tomen en este trecho que nos queda hasta las internas partidarias simultáneas dependerá qué clase de democracia queremos vivir”, declara el editorial, en el que hace un llamado a actuar rápido para impedir que se repitan historias como la de Pablo Escobar, sus tentáculos en la política colombiana y, por supuesto, las violentas consecuencias del narco en la sociedad.
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cercanía con Brasil ha facilitado la penetración de bandas internacionales dedicadas al narcotráfico.