Justicia virtual en un país desconectado

Sobre su editorial del 22 de mayo, “La virtualidad en los casos penales es apenas lógica”, asombra la falta de sindéresis al avalar el despropósito de la Cámara de Representantes, que volvió permanente la justicia virtual excepto en lo penal, cuando lo que debió haber hecho es volver a la justicia presencial en toda su extensión. Por todos es sabido que más del 40 % de los colombianos carecen de internet y, por lo tanto, la panacea de lo que dicen los colegios de abogados y destacados juristas apoltronados en sus cuarteles de invierno no deja de ser una bofetada a ese inmenso país desconectado y de ruana que todos los días ve más alejada la posibilidad de reclamar sus justos derechos.

Para los jueces es muy cómodo continuar despachando desde sus fincas veraniegas o desde la comodidad de sus casas cuando hay más de medio país —el provinciano— que madruga adonde el oficinista de turno a que le elabore su derecho de petición, su acción de tutela o su respectiva acción judicial, y cuando llega al despacho judicial el funcionario le responde que virtual, que la clave del litigante y que el correo electrónico; el usuario responde que tampoco maneja correo virtual y hasta ahí llega su pretensión, pues al respectivo municipio no le ha sido posible conectarse a internet. Así sucesivamente: el juzgado se lava las manos, un pleito menos y otro ciudadano desguarnecido gritándole al próximo presidente que por favor vuelva la justicia presencial. La virtualidad para ciudades capitales seguro es una panacea, ¿pero para el resto del país?

En el mismo sentido, es inconcebible que la Dirección de Impuestos (DIAN), seguro con el mismo argumento de la Rama Judicial, insista en continuar con la virtualidad en un país alcabalero donde el usuario, para poder pagar sus impuestos, debe someterse a oficinas de mortificación ciudadana. Y, encima, que la virtualidad, que la clave, que el correo electrónico que no conocen y que la conexión a internet que tampoco tienen.