Sobre la Ley de Garantías
Su editorial del domingo 8 de mayo, titulado “Corte a la «jugadita» con la Ley de Garantías”, fue un llamado de atención sobre el estado de deterioro del sistema político, que nos agobia. Pero, en mi criterio, se quedó corto, muy corto frente a hechos de tanta gravedad, pues quedan muchas preguntas por responder. En primer lugar, el proceso legislativo de aprobación de las modificaciones a la Ley de Garantías fue tramitado a sabiendas de la inconstitucionalidad en que se incurría y de las advertencias hechas sobre ello. Entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad política y penal de quienes la aprobaron? ¿Los ministros que junto al presidente firmaron el texto no incurren en una flagrante inadvertencia, al igual que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, puesto que dieron sus vistos buenos a una ley violatoria de la Constitución Política? El presidente no se inmutó y firmó impávido el adefesio haciendo alarde, como siempre, de su estulticia. Pero, en segundo lugar, además de esclarecer estas aberraciones legales, es preciso saber con total claridad cuántos contratos, por qué cuantía, con qué objeto y con quiénes se celebraron.
Más indignante aún es que al declarar la Corte Constitucional la ilegalidad de la norma y hacer retroactivo dicho fallo, creó una situación de gran complejidad entre el Estado, las entidades territoriales que suscribieron contratos y los contratistas, que tienen una expectativa de cumplimiento y un derecho que harán respetar. Entonces, frente a las posibles futuras demandas, ¿quién responderá? Pero hay más: las obras que se iniciaron quedarían inconclusas, con los graves perjuicios que acarrearían para las comunidades. Esto significa un deterioro patrimonial de unas cuantías inconmensurables, frente al cual no se encuentra un responsable. Esto es, de verdad, algo que amerita una posición más enérgica y asumir con mayor decisión la defensa de los intereses públicos, que es lo que los lectores esperamos de un buen editorial de El Espectador.
Jorge Martínez Miranda.
Bogotá.