Un desafío caprichoso a las normas en Medellín
LA CRISIS INSTITUCIONAL EN MEDEllín se ha deteriorado por la negligente actitud del Gobierno Nacional. La designación del alto comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, como alcalde encargado en reemplazo del suspendido Daniel Quintero fue un acto irresponsable y que va en contravía de las normas. La demora de la Casa de Nariño en analizar la terna enviada por el movimiento de Quintero denota, también, un desinterés por ayudar a mermar las consecuencias nefastas de la cuestionada decisión de la Procuraduría. Pierden legitimidad todos los involucrados cuando su actuar se lee como un desafío caprichoso a las normas.
Restrepo Gómez no debió ser designado por el presidente de la República como alcalde encargado de Medellín. Se sabía desde el primer momento en que el mandatario expidió el decreto con su nombramiento. Su llegada a la Alpujarra, además, mostró un interés del comisionado de imponerse, refiriéndose a Quintero, en actitud arrogante, como su “antecesor”, cuando el alcalde suspendido podrá regresar a su cargo cuando cumpla la sanción de tres meses.
El Tribunal Administrativo de Antioquia estuvo de acuerdo con esa lectura: la semana pasada suspendió a Restrepo Gómez porque “en todos los casos en que corresponda al presidente designar el reemplazo del alcalde, deberá escoger a un ciudadano que pertenezca al mismo partido o movimiento político del titular”. Para empeorar la situación y a pesar de haber sido notificado de la decisión, el comisionado siguió ejerciendo como alcalde encargado durante el fin de semana, por lo que ayer el Tribunal tuvo que abrirle un incidente de desacato. Se trata, a todas luces, de una ofensa a la justicia por parte del alto comisionado y también del presidente Duque, quien fue el ejecutor del nombramiento irregular desde un principio.
Para completar el panorama, la Casa de Nariño dijo que necesita más tiempo para evaluar las tres hojas de vida enviadas por el movimiento del alcalde suspendido para reemplazarlo. Es cierto que se ha presentado negligencia de las candidatas, que no habían adjuntado todos los documentos necesarios, en medio del interés de Quintero por victimizarse en el debate público, pero el rol de la Presidencia debería ser agilizar el proceso en lugar de seguir buscando excusas. Allí donde haya un vacío de poder, la institucionalidad tiene que responder con eficiencia.
Desde un principio, Restrepo Gómez no debió ser nombrado como alcalde encargado y la Casa de Nariño debió haber agilizado la selección del reemplazo según los mecanismos legales. Lo que hemos visto en estas semanas es un ataque a la institucionalidad: por un lado, Quintero hablando de manera irresponsable de un “golpe de Estado”; por el otro, el gobierno Duque actuando de formas que dejan muchísimo que desear. Y en el medio, la segunda capital más poblada del país, a la espera de conocer qué ocurre con su liderazgo político. Todo, por cierto, por una decisión de la Procuraduría que parece ir en contravía de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Colombia. El desastre institucional debe detenerse.
‘‘Restrepo
Gómez no debió ser nombrado como alcalde encargado y la Casa de Nariño debió haber agilizado la selección del reemplazo según los mecanismos legales”.