Reducir el gasto público no acaba la corrupción

Ni el Estado puede resolver todos los problemas ni su reducción acabará la corrupción. Una visión simplista sobre los roles de las instituciones públicas y las empresas privadas nos ha llevado a conclusiones erróneas de que unas son mejores que las otras; pero se complementan.

Se necesitan más recursos públicos y conseguirlos no es fácil. En las últimas dos décadas, el aumento del recaudo tributario bruto ha sido de 10,4 % promedio anual y para lograr la propuesta de Petro tendría que crecer más de 30 % en una sola oportunidad de reforma. Por el momento, las mejores perspectivas estarían dadas en reducir la evasión y eliminar exenciones.

En la otra orilla, las propuestas del ingeniero de reducir el gasto como una medida anticorrupción nos llevan a un escenario que suena atractivo, pero es indeseable. Ni el problema de la corrupción es discursivo ni el problema del Estado es el tamaño. Un estudio publicado por el BID en 2018 (Izquierdo, Pessino y Vuletin) muestra que lo importante es la “eficiencia fiscal” con “gasto inteligente”, y “no la solución estándar de hacer recortes generalizados del gasto público para lograr la sostenibilidad fiscal”. América Latina tiene, en promedio, una participación del gasto de gobierno en el PIB dos veces menor que los países desarrollados. Según los datos del BID, cuanto menos gasto público hay, más pobre es la región. Dicho de otra forma, no hay economía capitalista próspera sin Estado. En síntesis, para combatir la corrupción y la ineficiencia se necesita más institucionalidad. Explicaré.

Uno de los propósitos del gasto público debe ser el de identificar y estimular actividades y sectores estratégicos para los objetivos sociales y económicos. Por ejemplo, asignar exenciones tributarias a la extracción minera, que solo ocupa el 1 % de la mano de obra, no solo es una ejecución ineficiente, sino que se podría explicar por lobbies corruptos.

Otras formas aparecen en la contratación de obras y personal sin criterios técnicos. Pero para el caso colombiano hay una mayor incidencia de ineficiencia por sobornos y desvío de recursos públicos que por contratación de personas. De hecho, la proporción de empleos públicos sobre el total en Colombia es de 6,8 %, en comparación con México, donde es 12,5 %, Estados Unidos (15 %) y Suecia (30 %). Además, la ineficiencia por exenciones tributarias en Colombia tiene mucho más impacto fiscal que las filtraciones en programas sociales.

Reducir el gasto público solo acarrearía menos crecimiento y empleos. Datos del FMI muestran que en este aspecto el tamaño del Estado de Colombia, 33 % del PIB, es más parecido a Burundi y Ruanda que a Francia y Japón. En Alemania, uno de los países más industrializados del planeta, el gasto público es la mitad de su economía.

Un gasto eficiente, enfocado hacia invertir en actividades de alta transformación, genera, al menos, tres efectos económicos positivos: brinda más bienes y servicios públicos que mejoran la competitividad, genera mayor productividad laboral por la vía de la formación técnica y profesional, y permite pagar salarios más altos por la ampliación del mercado. Por lo menos así ocurre en los cinco países más competitivos del planeta, que tienen salarios promedio mensuales 10,5 veces más altos que en Colombia.

La corrupción no se acaba reduciendo el Estado, pero sí se reduce haciendo más equitativo el recaudo y más eficiente la asignación del gasto.