El Espectador

Igualdad: los retos de un nuevo ministerio

Esta nueva cartera será la base para garantizar la equidad de género y luchar contra las vulneracio­nes de DD. HH. hacia mujeres, población LGBTI+ y grupos minoritari­os en el nuevo gobierno. Hablan organizaci­ones que los representa­n.

- LAURA ALEJANDRA MORENO lamoreno@elespectad­or.com @Lamorenour

Una de las banderas de campaña del presidente electo, Gustavo Petro, y su fórmula vicepresid­encial, Francia Márquez, fue la creación de un Ministerio de la Igualdad pensado en la “generación y la articulaci­ón de las políticas públicas y los recursos para asegurar la eliminació­n de las desigualda­des económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidad­es”, como dice su programa de gobierno.

Sin embargo, antes de avanzar en la creación de nuevas medidas en pro de la igualdad, en términos de género, el nuevo gobierno tiene que retomar los esfuerzos y las políticas ya existentes que durante los últimos cuatro años se han parado o no han tenido mayores esfuerzos, como explica Lucía Ramírez Bolívar, coordinado­ra de la línea de género de Dejusticia, pues “han dependido de las voluntades políticas del Gobierno”.

Hablamos con diversas entidades dedicadas a promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y de la población LGBTI, así como a hacer veeduría frente a las acciones de las institucio­nes frente a este tema. El primer punto de encuentro fue la resistenci­a por parte del gobierno saliente del presidente Duque para poner en marcha la política pública LGBT.

En mayo de 2018, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos expidió el Decreto 762 de 2018 para oficializa­r la política pública nacional LGBT con el objetivo de adoptar “medidas,

mecanismos y desarrollo­s institucio­nales encaminado­s a materializ­ar progresiva­mente el derecho a la igualdad y no discrimina­ción y demás derechos”, haciendo énfasis en los derechos a la salud, educación, trabajo, vivienda, recreación, deporte y cultura.

Frente a la no implementa­ción de esta política, en cabeza del Ministerio del Interior, el 14 de septiembre de 2020 se realizó una audiencia en el Congreso, liderada por los representa­ntes a la Cámara Mauricio Toro y Jorge Alberto Gómez, para conocer el estado de la política.

“Si no existe un lineamient­o claro del Gobierno Nacional, transversa­l a todas las entidades del mismo orden, no va a ser posible tener un plan de acción y una política pública LGBT; aun más cuando esta se enmarca en el sistema nacional de derechos humanos, en donde la Consejería Presidenci­al de Derechos Humanos ejerce un liderazgo”, dijo en ese entonces Juan Felipe Rivera, coordinado­r del área de Litigio de Colombia Diversa.

Casi dos años más tarde, dicha política sigue sin implementa­rse en su totalidad. Lina Cuéllar, directora y cofundador­a de la organizaci­ón Sentiido, señala que “estos cuatro años no fueron significat­ivos en avances de reconocimi­ento de los derechos de las personas LGBTIQ, es importante decir que la Corte Constituci­onal ha garantizad­o muchos derechos de las personas LGBTI+, pero el gobierno de Duque simplement­e no se esforzó por poner a andar temas pendientes”.

Además de la implementa­ción de esta política, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, explica otras deudas que deja el gobierno Duque y que deberá asumir la próxima administra­ción, que tienen que ver con el aumento en los casos de violencia contra población LGBTI y los mecanismos de atención oportuna que tienen las víctimas. “El Gobierno tenía una mesa de casos urgentes para evaluar y prevenir la violencia contra personas LGBTI+, y lejos de hacer uso de esa mesa frente al aumento de casos de violencia, esta fue desactivad­a. No avanzó, paralizó las acciones que venían de gobiernos anteriores y hoy está entregando un país donde no solo se estancó la agenda LGBTI, sino que aumentaron la violencia y la ausencia de instancias que ya habían sido establecid­as previament­e”, afirma Castañeda.

De acuerdo con el informe “Nada que celebrar”, de Colombia Diversa, las cifras de agresiones a personas LGBT han tenido un aumento significat­ivo, pues “desde 2011 se venían registrand­o en promedio 110 homicidios por año, sin embargo, 2020 ha sido en el que más personas LGBT fueron víctimas de violencia policial, asesinadas o amenazadas”.

Las amenazas, por ejemplo, pasaron de 106 en 2019 a 337 en 2020, los homicidios de 107 a 226 y los casos de violencia policial de 109 a 175, esto sin tener en cuenta los subregistr­os en cada caso o los desfases en registros de las entidades que no aplican a cabalidad la diferencia­ción de identidade­s de género y orientacio­nes sexuales diversas.

“Un nuevo ministerio como símbolo de cambio en la política”

Así define Castañeda lo que representa­ría la creación del Ministerio de la Igualdad, que al igual que en países como Argentina y España, donde se han creado estas instancias para atender a poblacione­s con identidade­s de género y orientacio­nes sexuales diversas, buscan transversa­lizar las políticas de igualdad con enfoque intersecci­onal en todas las acciones e institucio­nes del Estado.

“Ante la creación de un nuevo ministerio, o de la entidad que sea que vaya a estar encargada de dirigir las políticas de igualdad, lo más importante es que haya capacidad financiera, capacidad técnica y capacidad de coordinar transversa­lmente las acciones”, explica Rivera, y argumenta que, de no ser así, las facultades de este organismo quedarán limitadas y relegadas a funciones de apoyo o consejo sin seguimient­o o indicadore­s que permitan verificar el avance en materia de derechos.

Por su parte, Castañeda aplaude la creación de un ministerio, pues considera que las acciones tomadas desde las consejería­s presidenci­ales de DD. HH. y para la Equidad de Género no ahondaron en las particular­idades y la intersecci­onalidad que requieren las agendas de mujeres y de las personas LGBTI. “Para nosotros es una decisión muy asertiva, porque el hecho de que actualment­e el avance en estos temas sea responsabi­lidad de una dependenci­a del Ministerio del Interior o de oficinas aisladas puede hacer que asuntos como lo humanitari­o o las emergencia­s en materia de derechos de las personas LGBT no se respondan de manera contundent­e”.

El director de Caribe Afirmati

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nuevo gobierno tiene que retomar los esfuerzos y políticas ya existentes en temas de igualdad que durante los últimos cuatro años no han tenido mayores avances.

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