Proteger el 30 % de los mares, ¿cómo vamos a lograrlo?
Las acciones de Colombia para conservar los océanos han sido reconocidas a nivel mundial. Pero lograr una protección efectiva de estas áreas requiere enormes retos.
A principios de esta semana, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, que tuvo lugar en Lisboa (Portugal) hasta el viernes 1° de julio, Colombia hizo anuncios muy importantes. Manteniendo la promesa de proteger el 30 % de sus océanos para 2022, el país presentó la ampliación de dos áreas marinas protegidas (el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y el Distrito de Manejo Integrado de Yuruparí), así como la creación de dos áreas marinas nuevas: una en el mar Caribe, denominada Cordillera Beata (con una extensión de más de tres millones de hectáreas), y otra en el Pacífico, denominada Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca Pacífico Norte (con más de dos millones de hectáreas).
En menos de un año Colombia pasó de tener 12,8 millones de hectáreas de áreas marinas protegidas (AMP), a tener 30,6 millones, adelantándose ocho años a la meta global de conservar el 30 % de los mares para 2030. De esas, nueve millones de hectáreas son no-take, es decir, donde no se permiten actividades de extracción de recursos. Un logro catalogado por muchos como “sin precedentes”. De hecho, tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, recibieron reconocimientos internacionales en el transcurso de la semana por impulsar el establecimiento de áreas marinas protegidas de importancia mundial.
“Colombia está tomando vocería y liderazgo en la conservación de los océanos”, afirma Sandra Valenzuela, directora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Colombia. Esto ha sido el resultado, en palabras del capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), de un trabajo de décadas, de exploraciones científicas en el Caribe y el Pacífico, y de mejoras en las capacidades de personal, herramientas, tecnología e investigación en ecosistemas claves.
“La declaración de áreas protegidas siempre es necesaria”, asegura Germán
Andrade, académico de la Universidad EAN en el área de Sostenibilidad del Territorio. “El Gobierno ha hecho muy bien en tomar este momento político e internacional para entregarle al país y al mundo la expansión de estas áreas protegidas en una cifra sin precedentes”. Sin embargo, declarar y ampliar AMP también implica enormes retos. “Declarar un área puede ser sencillo, en términos de generar un decreto o acto administrativo, pero el reto está en garantizar el soporte y la sostenibilidad de los esfuerzos para que el proceso cumpla el deseo”, afirma el capitán de Navío Juan Camilo Forero, secretario ejecutivo de la Comisión Colombiana del Océano.
En el mar los costos de vigilancia y de protección de las aguas son gigantescos, agrega Andrade. Por eso, el reto institucional y de financiación es enorme en las áreas marinas. El capitán Arias coincide: “Administrar áreas protegidas en el mar es muy distinto a hacerlo en tierra. Se necesitan otras habilidades, unos guardaparques con características distintas, embarcaciones, radares, sensores remotos, satélites, navegar durante días en condiciones de mar complejas, costos de operación de buques e investigadores en el mar durante decenas de días”.
Particularmente, la Armada de Colombia, y su grupo de guardacostas, son quienes tienen las capacidades operacionales para garantizar que se cuiden las áreas protegidas. La gran mayoría no se encuentran unidas al litoral, sino a cientos de kilómetros de distancia de la costa, por lo que llegar allá y sostener las operaciones de vigilancia y control requiere grandes cantidades de recursos y tiempo. Eso ha pasado en el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, a 300 kilómetros de la costa Pacífica, en donde, desde hace años, las aguas no cuentan con presencia permanente de buques de la Fuerza Armada para combatir la pesca ilegal, que amenaza a numerosas especies amenazadas de tiburones.
Entonces, la gran pregunta de fondo, dice el académico Andrade, es cómo podríamos mejorar las finanzas del sistema de áreas protegidas con la adición tan grande de nuevas áreas marinas. En diálogo con El Espectador, el ministro Correa aseguró que para las nuevas áreas declaradas y ampliadas se cuentan con recursos, a diez años, de un nuevo programa llamado “Herencia
Colombia”. “Lanzamos este instrumento para garantizar los recursos y gestionar las áreas protegidas de Colombia gracias al presupuesto general de la nación, regalías y recursos de gestión ambiental, con US$118 millones de fuentes del Estado, y con el aporte de 30 donantes internacionales, que darán US$116 millones para gestionar las áreas protegidas en Colombia”, explicó.
Hay una variable más: “Esto tiene que ser ahora tarea del nuevo gobierno, porque la financiación no puede quedar solamente por vía del presupuesto de la nación”, asegura el profesor Germán Andrade. “Sabemos que el presupuesto directo de la nación ya no aguanta más expansión. Así que hay que buscar nuevas formas”.
El capitán Arias, del Invemar, coincide: “Esto no solo les corresponde al Sistema Nacional Ambiental y a la Armada, sino a otras carteras, como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que deben entender que administrar estas zonas necesita recursos y hay que destinarlos para que su conservación se haga eficientemente”.
Colombia ha adquirido en los últimos años grandes compromisos ambientales y climáticos que deberá cumplir. En el mar, está desarrollar junto a ocho países de la región el Plan de Acción de Basura para el Pacífico Nordeste 2022-2026, también realizar proyectos de conservación del Corredor Mari
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el 2023, el ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental debería triplicar su presupuesto, asegura el ministro Carlos Correa.