Samy Merheg, el enmaniguado del Guaviare
CUANDO FERNANDO LONDOÑO ASEguró que en el gobierno de Duque harían trizas el Acuerdo de Paz nunca imaginamos que enviarían a una bandola de piratas legislativos a saquear los dineros de los 170 municipios priorizados por el Acuerdo. Una investigación de los periodistas Sebastián Nohra y Valeria Santos destapó el modus operandi y algunos nombres de los corsarios.
Este año publiqué una columna sobre la deforestación en el Guaviare y advertí que me resultaba extraño que San José estuviera inundado de publicidad del senador Juan Samy Merheg. En ese momento no cuadraba que a un político risaraldense le diera por el repentino amor por la selva amazónica, ni que se desplazara en una docena de ocasiones hasta el Guaviare para fundar un bastión electoral. Pero las llaves aparecieron de la mano de los periodistas: un desfalco de más de $500.000 millones a través de los dineros del OCAD Paz que los parlamentarios se luchaban en Bogotá para repartirlo en coimas y obras. Coimas que les cobraban a alcaldes y gobernadores, y obras para conseguir votos.
La denuncia ayuda a cerrar el círculo. Por ejemplo, Johan C. Rodríguez-Bareño se dio a la tarea de organizar la información que relaciona a Merheg con este escándalo y encontró cómo, en 2020 y 2021, sacaba pecho como el redentor del Guaviare. En Twitter posó de haber conseguido más de $38.000 millones para obras entre la Macarena y el Guaviare, se autodenominó el padre de la vía 7506 entre San José, El Retorno y Calamar, cuyo valor fue de más de $320.000 millones. Con esto, las cuentas empezaron a cuadrar, pues entre la publicidad que se da el congresista por la gestión de obras y los 4.519 votos que obtuvo en el Guaviare (el 16,71 % del total) hay un entramado de corrupción por descubrir y las pistas están dispersas, pero están.
El 19 de julio de 2021, Merheg participó en una entrevista con dos de sus socios: el gobernador Heydeer Palacios y Alexánder Bermúdez, representante. Ante la retahíla de proyectos y platas conseguidas, Merheg dijo: “¿Sabe qué me preocupa, gobernador? Que vayamos a terminar malcriando a nuestra gente del Guaviare. Hay que entender que este es un mensaje de la línea del presidente. Lo que hacemos los congresistas es gestionar para que los proyectos puedan salir adelante, pero estos tres años de Duque son definitivos para el Guaviare”. De esa misma línea del presidente y Merheg son el polémico exgobernador Nebio Echeverry; Álvaro Ávila Silva,
exdirector de Regalías; Aníbal José Quiroz, contralor delegado de la Unidad de Regalías; Ramón Rojas, contratista quien le hizo la campaña en el Guaviare a Merheg, campaña gerenciada por Octaviano Rivera, otro exgobernador; y Ricardo Báez García, quien unas veces actúa como subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales de Invías y otras como contratista de obras.
Esta es la zona donde se presentan efectos graves de deforestación, conflictos de uso del suelo, problemas de ordenamiento territorial y grandes áreas de baldíos apropiados indebidamente. Una razón más para darle fuerza a la Ley de Delitos Ambientales que atacaría a los grandes caimanes de la tierra pública. Y una razón más para defender ese artículo de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los interesados en carreteras, deforestación o tierras públicas que han consolidado una red que les ha sacado provecho a los recursos públicos de la paz, viene construyendo una aceitada maquinaria electoral y goza de protección presidencial, el favor de funcionarios y la presbicia de entes de control y autoridades judiciales. Pero manejar esos entramados es un arte familiar que comparte Juan Samy con su hermano Habib, quien ha estado metido en parapolítica, acaparamiento de tierras, lavado de activos, plagio y evasión de impuestos, pero siempre sabe salir airoso de estos enredos.