Llevándose los retrovisores
FUI CONSULTADO RECIENTEMENTE por El País (América) sobre las proyecciones de crecimiento que hizo la OCDE para Colombia. Las califiqué como positivas, pero pasajeras y frágiles.
El Gobierno resalta, con el triunfalismo al que ya nos acostumbró, que la economía crecerá 6,1 % en 2022, olvidando con conveniencia el ángulo menos optimista: en 2023 la tasa de crecimiento solo llegaría al 2 %. No se superaría el crecimiento de 2019 (3,2 %).
Ojalá que el Gobierno y su partido recuerden que su legado económico va por lo menos hasta el 2023, ¿no?
La dinámica que estamos observando no es sorprendente. Continúa el proceso de ajuste después de la recesión de 2020 —cuando el PIB cayó 7 %—. Se suman, por supuesto, las nuevas amenazas de desaceleración del comercio global.
Teniendo claro que el desempleo en Colombia ha sido permanentemente alto, acompañado siempre por una fuerte informalidad, apenas hoy estamos regresando a la tasa de desempleo de 2019. Volvemos a un 10 %, que no puede ser visto como un éxito del mercado laboral.
Desde temprano comenté que el rebote de la economía no era lo mismo que una reactivación económica y que la agotante grandilocuencia del Gobierno no era ni fundamentada ni útil para identificar el inmenso desafío que el país tenía en frente. En esa misma línea recuerdo el editorial de El Espectador que acertaba al afirmar que “el rebote económico no basta para atacar la pobreza”.
Hay que seguir insistiendo en que solo una política de reactivación con mayor intensidad en la recuperación del empleo formal puede acelerar el recorte de la pobreza y la desigualdad. Eso es lo verdaderamente importante.
La estrategia cuesta. Por eso la prioridad de una nueva reforma tributaria, que debe contar con una necesaria legitimidad social y política basada en la progresividad de los impuestos y en un uso eficiente y transparente de los recursos públicos.
El reto es grande. La fragilidad del contexto macroeconómico del país se evidencia además en otros dos factores: 1) La inflación alta, que tiene a los colombianos pagando con la disminución del poder adquisitivo de sus ingresos y al Banco de la República “apretando el freno de mano”, subiendo la tasa de interés de intervención —con el riesgo de que aumentos agresivos pongan a patinar la economía—. 2) El deterioro de la cuenta corriente. La OCDE anticipa un déficit de cuenta corriente del 6 % del PIB en 2023 —mayor al de 2019 (4,6 %)—. Persiste así la presión de una devaluación cambiaria como mecanismo de ajuste. Esa devaluación hace a su vez más costosos los bienes importados, entre ellos muchos insumos agrícolas y alimentos.
Aunque la solución de mediano y largo plazo debe estar en una estrategia de desarrollo productivo para incrementar la competitividad exportadora, por ahora lo único que atenúa el déficit en cuenta corriente es el precio del petróleo por encima de los US$100 por barril. Más importante que nunca, por lo tanto, tener una absoluta claridad sobre la política petrolera y sus efectos sobre la balanza de pagos y las finanzas públicas.
Nada sencillo el rompecabezas económico. El Gobierno Petro asumirá sus respectivas responsabilidades y tendrá que mostrar los avances que prometió en campaña. Que el saliente, sin embargo, no desvalije el análisis, llevándose los espejos retrovisores, vendiéndole al país la idea de que deja una economía con pleno vigor.