“Reforma agraria no será la de los años sesenta, sino la del Acuerdo de Paz”
Jhenifer Mojica está al frente del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, para el agro. Sostiene que el pilar del nuevo gobierno será retomar la reforma rural que se pactó en La Habana, la que se abandonó en la administración Duque.
Jhenifer Mojica Flórez es abogada, fue subgerente de Tierras en el antiguo Incoder y con más de una década trabajando en los asuntos agrarios del país, está hoy al frente del equipo de empalme del presidente electo, Gustavo Petro, en ese sector. Con un centenar de expertos avanza para dejar lista la hoja de ruta de la que será la reforma agraria del nuevo gobierno y de la cartera de Agricultura que encabezará Cecilia López.
En esta entrevista deja claro que esa reforma agraria seguirá al pie de la letra la reforma rural integral estipulada en el primer punto del Acuerdo de Paz. Otras dos metas serán: convertir al país en una potencia agrícola e integrar en el agro la nueva agenda ambiental.
¿Cuáles son las prioridades en este momento?
Tenemos una ruta que nos marcó el presidente electo, Gustavo Petro, que es retomar todo lo que hay y evaluar en detalle lo que puede funcionar para impulsar la agenda programática del sector agricultura, central en la propuesta del presidente Petro. Estamos identificando qué empata, qué se va a potencializar. Por ejemplo, el catastro o los programas de formalización. También identificamos “temas rojos”, en los que hay que encender alertas, porque definitivamente no van más, como el enfoque de criminalización y persecución que tiene la forma en que este gobierno ha interpretado la resolución de los conflictos de uso de tierra de áreas protegidas -especialmente la Operación Artemisa, que militarizó la función ambiental-. Este será un Ministerio de Agricultura que más se asemeja a un Ministerio de la Paz.
¿Cuál será la reforma agraria del nuevo gobierno?
Una claridad: cuando el presidente Petro habla de que vamos a hacer la reforma agraria, no es la de los años sesenta del siglo pasado, sino la reforma agraria del primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene muchos componentes: acceso a tierras con el Fondo de Tierras que se debe recuperar y entregar a gente que no tenga, la titulación de propiedad, la restitución de tierras a las víctimas, la zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso, y toda la agenda de desarrollo rural integral.
Vamos a tener tres enfoques. Uno: volvernos potencia agroalimentaria. Eso es recoger todos esos esfuerzos que se hacen y enfocarlos para producir más y mejores alimentos. Coger todos esos distintos subsidios y versiones que se hacen de manera segregada y poderlos enfocar en la producción agroalimentaria, y especialmente darle un lugar a la economía familiar y campesina que produce el 70 % de lo que comemos. Dos: cumplir con seriedad la reforma rural del Acuerdo de Paz, porque aquí sabemos que no se ha hecho, es decir, en la práctica volvieron trizas el Acuerdo de Paz, y esa es una realidad. Y tres, la agenda ambiental en lo agrario. Tenemos apuestas muy grandes en el tema de resolución de conflictos de uso de tierras, pero cambiando totalmente el chip de ese enfoque criminalizador.
Esa reforma rural del Acuerdo de Paz tiene metas claras. ¿En qué van los tres millones de hectáreas del Fondo de Tierras que deben ser adjudicadas?
De lo que se dice que está en el Fondo de Tierras (cerca de dos millones de hectáreas), el 10 % realmente son tierras que se pueden disponer para adjudicación. Y esas no se han podido adjudicar por distintas situaciones, habrá que evaluar qué es lo que pasa. La gran realidad es que el 90 % son tierras que están ocupadas o están problematizadas de otra forma, o son tierras que tienen que pasar por un proceso de recuperación de baldío. Hay múltiples procesos que son de competencia de la Agencia de Tierras y que en este momento tienen que ir incluso ante los jueces agrarios -que no existen-. Esa es una alerta que hay que encender.
¿Y los siete millones de hectáreas que deben ser formalizadas?
Informes de Procuraduría y Contraloría coinciden en que de las cifras que se exponen de titulación o de formalización (dos millones de hectáreas), la mitad no corresponde al Acuerdo de Paz, sino que son cifras viejas, anteriores a 2016, que se presentaron como nuevas porque, por ejemplo, se llevó alguna resolución al Registro de Instrumentos Públicos; entonces las adjudicaciones que habíamos hecho acá en años anteriores se registraron y lo empezaron a contar como resultado del Acuerdo de Paz, pero no fue así. Han acomodado las cifras para decir que se hacen muchas gestiones.
La Agencia de Tierras tiene otra deuda, que es con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Algunas de ellas han solicitado su constitución desde hace más de 10 años. ¿Qué ha pasado allí?
Se sintetiza en una política sistemática de estigmatización y señalamiento frente a la figura. Se ha dicho que estas zonas son una figura de la subversión, del enemigo interno y en esa medida, al ser fortines de las Farc, principalmente, no merecen ningún apoyo y son segregadas. Y además las que ya están constituidas muy poco han logrado avanzar en los planes de desarrollo sostenible que se formularon, eso está en el papel.
¿Ustedes van a destrabar estas zonas pendientes por constituir?
En el acuerdo programático está explicito que se van a constituir las ZRC que están en curso. Pero, además de incluir las zonas nuevas, hay también otras expresiones de territorios campesinos que en la ley no están previstas, pero aquí se quieren implementar, como los territorios agroalimentarios. No todo el mundo tiene que estar organizado en unas asociaciones campesinas que quieran ser zona para ser protegidos por el Estado.
››Dos metas del nuevo gobierno: volver al país una potencia agrícola e integrar el agro en la nueva agenda ambiental.