Sí, acabemos con la Procuraduría
LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA Nación (PGN) lleva años siendo un desastre. Desde la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en el caso de Gustavo Petro contra Alejandro Ordóñez, el tribunal fue claro en que la función esencial del Ministerio Público concebido en Colombia, la sanción disciplinaria a funcionarios, iba en contravía de los compromisos internacionales que adquirió nuestro país al ser parte de la Convención Americana. La reforma que se hizo posteriormente, y que se puso a funcionar este año, intentó burlarse descaradamente de la decisión de la CorteIDH, pero solo sirvió para crear una crisis política en varias ciudades en medio de la campaña electoral. Sobran los motivos para que el Congreso apoye la idea del presidente electo de acabar ese órgano de control.
Como explicó Rodrigo Uprimny, columnista de El Espectador y reconocido jurista, la Procuraduría es “una institución redundante, ya que sus tres grandes funciones pueden ser desarrolladas en mejor forma por otras instituciones”. Ya hace una década había escrito en este diario que el Ministerio Público “cumplió un gran papel durante la Constitución de 1886, cuando no había Fiscalía ni Defensoría del Pueblo y era entonces necesario que existiera un funcionario de enorme respetabilidad, que protegiera los derechos humanos, vigilara la conducta de los servidores públicos e hiciera contrapeso al poder presidencial. Pero, sin suprimir la PGN, la Constitución de 1991 creó otras instituciones que pueden cumplir mejor las labores de la PGN, que se volvió una institución de control redundante, enredada y costosa, que no tiene equivalente en ningún otro ordenamiento constitucional”. Estamos de acuerdo.
Adicionalmente, la peor cara de la Procuraduría es que se convirtió en una excusa para hacer persecución política. Lo vimos cuando Alejandro Ordóñez le hizo imposible la alcaldía a Gustavo Petro y lo volvimos a ver este año con varios alcaldes suspendidos por intervenir en política. La CorteIDH fue clara en explicar que una entidad disciplinaria no puede limitar derechos políticos, solo las penales tienen esa potestad a la luz de la jurisprudencia interamericana. Entonces, hoy tenemos una entidad llena de burocracia, redundante y con funciones que solo traerán más demandas internacionales contra Colombia. ¿Qué utilidad tiene mantenerla?
El presidente electo habló recientemente de un acto legislativo para acabar la Procuraduría o convertirla en una “gran Fiscalía Anticorrupción”. Según él, “no echaremos a la calle a miles de empleados que tiene la Procuraduría y que están ligados a los ejes jurídicos y al derecho disciplinario”. Son buenas ideas que merecen mayor discusión. El Congreso debe reconocer que los órganos de control necesitan reformas esenciales. Los recursos del Estado pueden utilizarse mejor. Es momento de un consenso para acabar la Procuraduría y redistribuir sus funciones.
‘‘Hoy tenemo suna entidad llena de burocracia, redundante y con funciones que solo traerán más demandas internacionales contra Colombia. ¿Para qué mantenerla?”.