El progreso desapercibido
EN GENERAL, LOS COLOMBIANOS SOmos pesimistas sobre el progreso del país. Sentimos que las cosas cambian muy lentamente, si es que cambian. La Rama Ejecutiva es débil, los funcionarios pasan poco tiempo en sus cargos y tienen miedo de hacer cosas nuevas, por el efecto intimidatorio que ejercen los órganos de control. Habría que analizar cuál es el efecto real del control ex post que ejercen estas entidades y si no sería mejor moderar sus ímpetus punitivos, para fortalecer más bien su capacidad analítica para promover, a futuro, mejores maneras de hacer las cosas, sin el ánimo de embargar cuentas, ni sancionar ni castigar.
En todo caso, el ritmo lento del progreso a veces nos ciega aun ante logros innegables. Uno de los ejemplos más sobresalientes y más importantes es el caso de los servicios públicos. Hace menos de 30 años se aprobó la Ley 142 de 1994. Antes de ésta, el manejo de los servicios públicos era caprichoso y no obedecía a un marco conceptual claro. Muchas de las empresas vivían al borde la quiebra, la cobertura era regular; la calidad baja. El régimen regulatorio era ad hoc.
El principal aporte de la Ley fue consagrar un principio financiero obvio: en promedio, las empresas tenían que cobrarles a los usuarios el costo del servicio, incluido un retorno apropiado sobre el capital. Esto suena natural y es la única manera de asegurar que las empresas sean viables. Pero en su momento fue revolucionario, pues condujo a un aumento de tarifas. La ley también estableció un esquema fuerte de solidaridad. Los estratos más altos pagarían mucho más que los estratos más bajos y ayudarían a pagar las facturas de los pobres. El Estado también haría aportes enormes para subsidiar a los más pobres, en el caso de energía eléctrica.
El aumento de tarifas tuvo el efecto esperado: las empresas pudieron ampliar la cobertura a quienes no tenían el servicio. Como la gente sin servicio normalmente es la más pobre, el aumento de la cobertura ha beneficiado a los colombianos de menos recursos. De acuerdo con el DANE, entre 1993 y 2017, la cobertura en acueducto, alcantarillado y energía en Colombia aumentó en unos 11 puntos porcentuales. En acueducto, de 80 % a 90 % de los hogares. En alcantarillado, de 68 % a 79 % de los hogares. Y en energía, de 87 % de los hogares a la cobertura casi total.
¿Suena poco? En Colombia había unos 7 millones de hogares en 1993. Unos 6,2 millones tenían cobertura de energía, 5,7 millones tenían cobertura de acueducto y 4,8 millones de alcantarillado. En 2017 había unos 13 millones de hogares, casi todos con servicio de energía eléctrica, 12 millones con servicio de acueducto y 10,5 millones con servicio de alcantarillado. Hoy, hay menos de cuatro personas por hogar. Una cuenta aproximada indica que ahora hay casi 20 millones de personas más con servicio de energía, 17 millones de personas más con servicio de acueducto y 15 millones de personas más con servicio de alcantarillado. El sistema de servicios públicos acomodó la totalidad del aumento de población y aumentó la cobertura, sobre todo entre la gente más pobre.
El sistema no es perfecto. Se puede mejorar la asignación de subsidios, dirigiéndolos mejor hacia los más pobres y eliminándolos gradualmente a la clase media. Las Comisiones de Regulación se deben fortalecer. A veces se equivocan seriamente. Hay varias otras cosas que ameritarían reformas. Pero el progreso ha sido muy importante. A pesar de esto, no parece aventurado afirmar que ha pasado relativamente desapercibido, excepto para especialistas en el tema. Quizás la lección sea que no debemos apostar por soluciones repentistas, sino por soluciones serias, sostenidas durante un plazo de tiempo suficiente para cosechar el fruto de esfuerzos de largo plazo.