Jugaditas de última hora
CON LA CUENTA REGRESIVA A SUS espaldas, los funcionarios del anémico gobierno de Iván Duque están dedicados a hacer de las suyas hasta el último minuto. No sorprende en lo mínimo, pues si en algo se especializaron en estos cuatro años de usufructuar el poder fue en asestar jugaditas de último minuto, de esas que le encantan al saliente senador Ernesto Macías. Algunas groseras pero inocuas, otras costosas y malintencionadas, pero ninguna como la que viene urdiendo la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, en los sótanos por donde se les metió Memo Fantasma a la casa. En las últimas semanas la vicepresidenta está dedicada a presionar a los funcionarios de su despacho y a los de la Agencia Nacional de Infraestructura para que quemen las naves y antes de que caiga el telón adjudiquen la licitación para la ampliación del Canal del Dique.
Se trata de una ambiciosa y polémica obra de ampliación del Canal del Dique, que conecta el río Magdalena con la bahía de Cartagena. La licitación, que pretenden entregar en voz baja antes del 7 de agosto, tiene un valor de $3,2 billones y tendría enormes costos sociales, ambientales y para la memoria histórica de los miles de víctimas de desaparición forzada, cuyos restos aún son buscados a lo largo de los 115 kilómetros de sus aguas. También tendría fuertes afectaciones para las familias de pescadores que trabajan en las ciénagas que les han servido de sustento y refugio desde los tiempos en que huyeron del esclavismo.
Esto, sin contar con la división que están dedicados a promover entre las comunidades con remedos de consulta previa, en los que conducen a la gente a aceptar sus métodos transnacionales. Poco le ha importado a la vicepresidenta que muchas de estas tierras hayan sido despojadas a las comunidades de la ruta de cimarronaje por poderosas camaroneras, que se sirvieron del paramilitarismo para vaciar el territorio, controlar las voces de resistencia y quedarse con las tierras de los campesinos y las ciénagas de todos los colombianos.
Los interesados en la feria vicepresidencial tampoco son mejores que las intenciones de Marta Lucía. En la puja están la compañía China Harbour Engineering Company (CHEC), que, entre otras, adelanta la primera línea del metro de Bogotá; Copasa, empresa española que fue multada por cartelización en alianza con la también española Sacyr, sea dicho de paso, involucradas en la construcción del puente Hisgaura —el que quedó como un acordeón—; y para cerrar la lista está Senda, otra compañía española condenada por cartelización en Galicia. Es increíble cómo, ante este panorama, la vicepresidenta insista en adjudicar la obra.
Solo una buena razón, tasada en varios miles, puede explicar la descarada insistencia de Marta Lucía en que la obra debe quedar licitada. No alcanzaron las súplicas de las víctimas, amplificadas por la Comisión de la Verdad, que le pidió a la JEP expedir medidas cautelares sobre el canal por los miles de cuerpos que fueron desmembrados y lanzados a las aguas de las que beben los cartageneros, que llegan a la bahía del Corralito de Piedra. Tal vez lo que hay detrás no son solo las ganas de enrostrarles a Santos y Vargas Lleras que no pudieron realizar esta pesadilla de la infraestructura, sino que la señora vicepresidenta es una visionaria que no les teme a los fantasmas del desarrollo y desde ya avizora los beneficios económicos que traerá a Cartagena, donde ella y su familia tienen clavados los ojos en la industria del turismo. Ojalá que a Marta Lucía no le alcance el cinismo para entregarle amarrado a Francia Márquez, descendiente de africanos esclavizados que abrieron este canal a pica y pala, un proyecto tan dañino para el medio ambiente, las comunidades y nuestra memoria nacional.