El proyecto de Ocad-Paz que tiene cuatro contratistas investigados por la Contraloría
Un contrato de construcción de paneles solares en zona rural de Becerril (Cesar) fue adjudicado a empresas que consolidan un cartel que acaparó ocho licitaciones más. El supervisor fue una empresa con dos investigaciones por responsabilidad fiscal.
El pasado 2 de mayo, la Alta Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación reportó en su página web como un logro de gestión que, por primera vez, más de 500 familias de zonas rurales del Cesar tendrían energía eléctrica gracias a la instalación de paneles solares en varias veredas del municipio de Becerril. Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, asistió a la entrega del proyecto y explicó que esa obra había sido posible gracias a los recursos de Ocad-Paz, órgano del Sistema General de Regalías (SGR) responsable de viabilizar y aprobar proyectos de inversión financiados con esos recursos que contribuyan a la implementación del Acuerdo de Paz.
El contrato se dio, pese a que desde diciembre de 2020 la Presidencia de la República, la Procuraduría, el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación del Cesar y la Personería y Alcaldía de Becerril venían siendo alertados de irregularidades en esa contratación. En junio de 2021, las denuncias se extendieron hasta la Fiscalía, Contraloría y Defensoría. Aun así, la licitación se celebró por más de $10.000 millones y quedó en manos de los contratistas Elier Jovanny Martínez Martínez, de la Unión Temporal Energía 2020, y James Martínez Gallego, de Proinges S.A.S. El primero es cuestionado por la Contraloría por pertenecer al cartel de los paneles solares y el segundo tiene investigaciones por posible responsabilidad fiscal en contratos similares en otros municipios.
El 28 de junio pasado, antes de que se conociera el escándalo de los recursos de la paz revelado por Blu Radio, la Contraloría ya había advertido que en ocho de nueve proyectos auditados de paneles solares las empresas que habrían ganado el contrato serían las mismas, pero camufladas en distintas uniones temporales que crearon para participar en cuantiosos contratos en Dibulla, Fonseca, Urumita (La Guajira) y en La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Codazzi (Cesar). El ente de control también determinó que habrían incurrido en sobrecostos en todos estos proyectos de energía renovable.
Por el caso de Becerril (Cesar), Colombia+20 conoció un derecho de petición de junio de 2021 que enviaron los gobernadores de los resguardos indígenas Rosario, Bellavista, Yukatán (municipio de La Paz), Iroka (Agustín Codazzi) y Sokorhpa (Becerril) a todos los entes de control mencionados con la referencia: “Denuncia corrupción” por el proyecto de los paneles solares, advirtiendo que “dicho proyecto nunca fue socializado ni consultado de manera formal con la comunidad del resguardo Sokorhpa (uno de los beneficiarios) y mucho menos ha sido priorizado por nuestra comunidad. El proyecto en mención no refleja nuestras necesidades”.
En ese documento, las autoridades indígenas especifican que su resguardo hace parte del territorio PDET de la Serranía del Perijá y que el proyecto que desarrollaron salió de la cartera del Ocad-Paz; es decir, que todos los proyectos aprobados por esa cartera debieron pasar por la aprobación y el consenso de las comunidades beneficiadas, como lo determinó el Ministerio del Interior.
El 19 de julio pasado, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) respondió a este derecho de petición asegurando que varios actores institucionales, entre ellos las autoridades indígenas, debían definir los proyectos de inversión de esta cartera. Al responder esta petición, la entidad confirmó que conocieron las denuncias que hizo la comunidad al haber violado el mecanismo de consulta previa. Sin embargo, la oficina de prensa del DNP aseguró sobre ese contrato: “Hicimos un reporte a organismos de control por ausencia de requisitos de contratación. Importante aclarar que sobre la ejecución no tenemos ninguna alerta”. Esto, a pesar de que en el derecho de petición en poder del diario se lee: “Como pueblo yukpa, vemos con sorpresa cómo el contratista da avances de obra cuando ni siquiera ha iniciado”. Esta alerta fue enviada el 25 de junio de 2021, en plena ejecución.
Según James Martínez Gallego, interventor de ese contrato, “el alcalde nos entregó la lista de las personas beneficiadas y allí no había nadie que perteneciera a una comunidad indígena. Por eso nunca hubo consulta previa. Tampoco conocemos dicho derecho de petición del resguardo”. Por su parte, la gobernadora indígena Esneda Saavedra Restrepo, del resguardo Sokorhpa, confirmó que la comunidad indígena que dirige sí recibió los paneles solares. Este diario intentó comunicarse con Raúl Machado, alcalde de Becerril, pero hasta el cierre de esta edición no había contestado a los mensajes, correos ni llamadas.
Las advertencias que la Alcaldía no escuchó
Cristian Amilkar Jiménez, representante legal de la empresa Obair Electric S.A.S., fue el primero en solicitar que esta licitación fuera revocada, porque no cumplía con todos los requisitos de contratación pública ni dejaba garantías para los proponentes. Una de las observaciones que hizo, el 21 de diciembre de 2020, es que los estudios previos poblacionales no se hicieron con la población total rural de Becerril. “Se realizó un diagnóstico en el que se toman como referencia la población de los corregimientos de Estados Unidos y La Guajirita, pero no se hizo la caracterización de quienes sí iban a ser los beneficiarios”, se lee en los documentos.
Amilkar también advirtió que apenas hubo nueve días hábiles para hacer observaciones técnicas a la propuesta (la norma ordena que sean diez días). Algunas de las observaciones que Obair Electric S.A.S. iba hacer a la licitación estaban relacionadas con la inviabilidad de instalar paneles eléctricos sin que la administración municipal garantizara la empresa que les haría mantenimientos, además de cuestionar que la celebración de dicho contrato no estaba planeado en el plan de adquisiciones del municipio en 2020.
››Los
contratistas y el supervisor negaron que en los beneficiarios hubiera comunidades étnicas. Los gobernadores indígenas confirman que recibieron los paneles sin consulta previa.
El cuestionado interventor
Por este caso, la Contraloría ha puesto el ojo únicamente sobre los ejecutores del contrato, pero El Espectador conoció que el interventor de este proyecto, la empresa Proinges S.A.S., en cabeza de Martínez Gallego, también es un contratista recurrente del Estado, pues ha tenido por lo menos trece contratos como interventor en nueve departamentos del país en cuatro