El Espectador

Los medios en la nueva era

- JUAN CARLOS GÓMEZ J. @jcgomez_j

Después de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República, se consolidó a su favor una alianza política en el Congreso como nunca había sucedido en la historia de Colombia. La oposición legislativ­a —la única relevante en el ejercicio del poder político— será prácticame­nte inexistent­e. No es un milagro de la convicción ni de la devoción ideológica. Es el resultado de la negociació­n con los jefes de partidos y facciones; aún no se conoce la moneda de cambio.

Ese “unanimismo” puede no ser igual en términos de opinión pública si se considera el porcentaje de diferencia entre Petro y Hernández en la segunda vuelta. Por lo pronto, se percibe un ambiente de optimismo y esperanza; ojalá no sea tan frágil y perdure cuando se empiece a ejercer el poder de verdad.

Las profundas reformas que se anuncian y los frentes de negociació­n que se abrirán con grupos fuera de la ley serán segurament­e los principale­s asuntos que ocuparán la atención de los medios de comunicaci­ón en las próximas semanas. Además, por el grado de pugnacidad entre el gobierno entrante y el que se va, es muy probable que también empezará una cacería de brujas. Los medios serios no pueden prestarse para ese aquelarre.

En 1995, el ilustre profesor Bernardo Gaitán Mahecha dictó una conferenci­a en la que planteó de manera magistral el deber que tienen los medios de comunicaci­ón de garantizar la presunción de inocencia. “Es la verdad monda y lironda: en Colombia, la prensa en todas sus formas se ha convertido en fiscal y juez”.

“Hay una inconscien­te y grave tendencia en la sociedad colombiana a presumir la culpabilid­ad”. Esa realidad expresada sabiamente por Gaitán, hoy en día se amplifica más, gracias a la capacidad de odio y destrucció­n de las redes sociales, sin reparo ni redención. Es la “recreación de la pena de infamia contra la cual se levantó la voz del iluminismo y se redactó la Declaració­n de los Derechos del Hombre”.

No es un asunto de ideología ni oposición. Esa labor esencial de vigilancia que ejercen los medios es perfectame­nte compatible con el principio constituci­onal del debido proceso.

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