El talante del presidente Duque

ALGUNAS DE LAS ACTUACIONES DEL Gobierno, en particular del presidente Duque, a pocas semanas de terminar su mandato, confirman el talante que lo caracterizó a lo largo de los últimos cuatro años. La firma de contratos multimillonarios, algunos de ellos con empresas cuestionadas e incluso que están siendo investigadas no solo en Colombia sino en el exterior. Una de ellas es Sacyr, la constructora del tristemente famoso puente Hisgaura —conocido como el puente acordeón—. De otra parte, según se ha conocido, unos días antes de terminar su mandato, el contrato del Canal del Dique le será adjudicado a esta misma empresa (Sacyr) por un valor de $3,2 billones. Adicionalmente, como lo denunció recientemente El Espectador, hace unos días se les otorgó “un billonario contrato a tres empresas que serán, por tres años, los únicos proveedores de fármacos para estas instituciones”. Gracias a eso, el nuevo gobierno “entra con las manos atadas en la compra de medicamentos para hospitales públicos, Policía y Ejército”.

Tampoco ha sido ajeno el presidente a desconocer tratados, normas y leyes. Ya se ha hablado mucho sobre la suspensión, con pleno conocimiento de que esto era inconstitucional, de la disposición de la Ley de Garantías, que prohíbe la firma de contratos interadministrativos dos meses antes de las elecciones. Algo similar ocurrió cuando defendió airadamente al saliente comandante del Ejército, a pesar de la evidente participación en política de este en varios discursos públicos, haciendo además alusiones retadoras y amenazantes ante un eventual triunfo de Gustavo Petro.

A esto se suma la práctica de desconocer mandatos de entidades internacionales. Por ejemplo, la Cancillería y la Presidencia afirmaron que no están obligadas a obedecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así lo hicieron cuando esta conceptuó que la Procuraduría no podía sancionar a funcionarios electos, como lo hizo cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, y más recientemente a raíz de las recomendaciones que hizo al confirmar la extralimitación del Estado en el paro de 2021. Algo similar ocurrió al conocerse el informe de la FAO en el que concluyó que Colombia enfrenta una crisis humanitaria, información corroborada por la Asociación de Bancos de Alimentos Nacionales cuando afirma que “la mitad de los colombianos no tienen suficiente acceso a alimentos (…) y el 54,2 % de la población vive en inseguridad alimentaria”. A pesar de esto, el Gobierno le pidió al organismo de las Naciones Unidas retirar el informe.

Algunas “perlas” del discurso presidencial el pasado 20 de julio confirman este talante. Por ejemplo, al afirmar que su gobierno ha priorizado la llamada paz con legalidad, cuando durante los cuatro años hizo varios intentos de debilitar a la JEP, ignorando además a los cientos de desmovilizados y defensores de derechos humanos que han sido asesinados, los desplazamientos forzados y el incremento de la inseguridad durante este período, entre otros aspectos. También parece haber olvidado que en su gobierno el país vivió uno de los peores estallidos sociales de las últimas décadas, precisamente porque no escuchó el clamor de los ciudadanos. Y cerró con “broche de oro” al retirarse del recinto, como lo hizo reiteradamente en ocasiones anteriores, sin escuchar la réplica de la oposición, corroborando su desprecio por los que piensan diferente.