La restitución de tierras en Colombia, una realidad
La Unidad de Restitución de Tierras ha velado porque los colombianos víctimas del despojo y abandono forzado vuelvan a sus predios.
Desde la promulgación de la Ley 1448 y los decretos ley étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, comenzó el monumental plan de reparación para las víctimas del conflicto en el país. Colombia lleva once años en la tarea de devolverles la tierra a sus legítimos dueños. Con esta ley nació la Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha velado porque los colombianos víctimas de despojo y abandono forzado vuelvan a sus predios.
Este mecanismo constituye el reconocimiento de que la tierra lo es todo para el campesino, ya que es su fuente de vida e ingresos, es su techo y hogar. Cuando un campesino es desarraigado de su tierra, pierde su centro y seguridad. Basta ver el rostro de los beneficiarios de restitución de tierras para entender el verdadero significado de ese regreso: tocar la tierra es haber cumplido una promesa, la del cuidado y la vida. La tierra en sus manos es el mayor patrimonio que pueden desear.
El proceso de restitución de tierras ha estado lleno de obstáculos y lecciones. De quienes más se ha aprendido es de las mismas víctimas de la violencia, quienes han enseñado el significado de la fuerza, resistencia y reconciliación, así como de su capacidad de volver a empezar por encima de cualquier rencor.
En 2021, el presidente Iván Duque sancionó la prórroga de la Ley por diez años más, pues, tras una década de implementación, fue claro que la tarea era de tales dimensiones que se hacía necesario solicitar una ampliación de su vigencia hasta el 2031, fecha en la cual la meta es restituirles casi cinco millones de hectáreas a sus legítimos dueños, que es el número de hectáreas sobre las cuales hay solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras.
Esa voluntad política, al prorrogar la ley, se concretó en el Documento Conpes 4031 de 2021, que actualizó y aseguró los recursos para financiarla hasta 2031. Por su lado, el punto 1 del Acuerdo de Paz estableció los pilares de la Reforma Rural Integral y dispuso en la primera fase de implementación una intervención en el territorio a partir del fortalecimiento de las relaciones nación-territorio, cuyo mapa de actores consideró más de 55 instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sector privado y cooperación internacional. Dicho lo anterior, las expectativas son altas de cara a los nueve años que le restan a la ley y las miles de víctimas que aún esperan regresar a su tierra.
Quedan días para que finalice el gobierno en curso, momento en el que vale la pena hacer un corte de cuentas de lo alcanzado en los cuatro años de gestión de la Unidad.
La misión de restituir tierra en Colombia se enfrenta a una de las principales causas de la violencia en el país: la tenencia de la tierra. Si bien la dejación de las armas por las Farc-Ep le dio un definitivo impulso a la presencia en el territorio, no se puede negar que los factores de violencia persisten y han dificultado los procesos de restitución. Se ha cuestionado que aún existen zonas pendientes por intervenir, pese a que, según datos de la entidad, se ha llegado a más del 80 % del territorio con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
En los casi 48 meses de gestión, la Unidad reporta que alcanzó 239 zonas del país nunca antes intervenidas, como Alto Patía y norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Catatumbo, Chocó, cuenca del Caguán, Piedemonte caqueteño, Macarena,
Pacífico Medio, Pacífico y frontera nariñense, sur de Bolívar, sur de Córdoba, sur de Tolima y el Urabá antioqueño.
Para Andrés Castro, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, esta es una buena noticia para quienes salieron de estas zonas por culpa de la violencia, pues ahora podrán tramitar su solicitud de restitución sin temor, y asegura que “luego de tantos años de zozobra vivida por las víctimas, es esencial darles a los que fueron despojados la seguridad necesaria para regresar a sus tierras”. Es la base de la confianza en la política de restitución de tierras.
Por otro lado, el Gobierno presentó 10.816 demandas, lo que representa el 59,2 % del total de las demandas presentadas. Un hecho para destacar es que para las comunidades étnicas se presentaron 171 demandas; lo que indica que el 84,6 % del trabajo adelantado en once años de la ley se realizó en los últimos cuatro años.
Este número de demandas busca restituir 4’839.059 hectáreas, de las cuales 641.082 corresponden a la ruta campesina y 4’197.977 son de la ruta étnica. Estas acciones judiciales deberán ser revisadas por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras, quienes tomarán la decisión de fondo frente a cada solicitud. Se espera que estas decisiones sean favorables para los miles de colombianos que confiaron sus casos a la Unidad, lo que significa que en los años venideros se deberán garantizar los recursos y compromiso de los gobiernos de turno para cumplir esas sentencias y la reparación integral, como lo dicta la ley.
En lo relativo a los casos ya fallados, en los últimos cuatro años, más de 35.000 personas se hicieron legítimas dueñas de 223.000 hectáreas de tierra a través de más de 2.823 sentencias de restitución; un trabajo que se ha realizado gracias a los jueces, que son quienes tienen la decisión final sobre los casos que presenta la entidad.
Las regiones han sentido el impacto positivo en sus economías con el retorno de miles de familias que ya tienen sentencia de restitución, porque vienen acompañadas de órdenes como priorización de subsidios de vivienda, alivio de pasivos de deudas financieras, instalación de servicios públicos y saneamiento básico, mejoramiento de vías terciarias e implementación de proyectos productivos rurales. Frente a estos últimos, en este período de gobierno se implementaron 2.317 en 23 departamentos del país, beneficiando a igual número de familias; lo que representa el 40 % del total (5.779) de proyectos productivos implementados durante la vigencia de la Ley de Víctimas (2011-2022). Se trata de emprendimientos en ganadería, apicultura, avicultura, piscicultura, porcicultura y cultivos de hortalizas, pimienta y ají, que se encadenaron a sistemas de comercialización como la estrategia “Agricultura por Contrato”, que buscó generar acuerdos comerciales para los productores sin intermediarios y así asegurar la sostenibilidad económica de las familias.
Con el tiempo, quienes han estado al frente de la implementación de esta política entendieron que la mejor manera de volver a la tierra es con recursos que les permitan a los campesinos restituidos volver a sembrar. Es esencial darles a las víctimas reparadas las herramientas para poner a producir esa tierra a la que tanto anhelaron regresar.
Los proyectos productivos han generado comunidades solidarias que están trabajando juntas para sacar adelante a sus veredas. Todos, con un pasado común y un deseo de futuro distinto, unidos por el desarrollo de sus tierras.
Pese a estos avances, el proceso de restitución se ha ido complejizando y la misión es de una inmensa responsabilidad. El éxito dependerá de que el Estado haga sinergia mediante sus instituciones para que el desarrollo rural sea una realidad; además, es preciso mantener y mejorar las condiciones de seguridad para poder llegar a más zonas del país, garantizar el presupuesto para el cumplimiento de las órdenes de las sentencias y optimizar la coordinación entre entidades nacionales y territoriales para que dichas órdenes se cumplan a cabalidad.
››Se
ha cuestionado que aún existen zonas pendientes por intervenir, pese a que, según datos de esta entidad, se ha llegado a más del 80 % del territorio con el acompañamiento de la Fuerza Pública.
››Durante
el gobierno Duque, la Unidad alcanzó 239 zonas nunca antes intervenidas, como Alto Patía, norte del Cauca, Arauca, Bajo Cauca, Nordeste antioqueño, Catatumbo, Chocó, cuenca del Caguán, Piedemonte caqueteño, Macarena y Pacífico Medio.
››La
restitución de tierras les ha devuelto a las comunidades la confianza en su territorio.
››En
los últimos cuatro años, más de 35.000 personas se hicieron legítimas dueñas de 223.000 hectáreas de tierra mediante más de 2.823 sentencias de restitución; un trabajo que se ha realizado gracias a los jueces, quienes tienen la decisión final sobre los casos que presenta la entidad.