Una cosa es estar vigilantes; otra, ignorar delitos

SON EXTRAÑAS LAS PROPUESTAS DEL Pacto Histórico en relación con las personas capturadas durante las protestas que hubo en el país el año pasado. Siguiendo la línea del discurso de victoria del presidente electo, Gustavo Petro, en el que dijo: “Liberen a nuestra juventud”, ahora en el Congreso se habla de convocar comisiones accidentales y hasta incluir una medida en una posible ley de sometimiento. En todo momento se habla de capturas injustas, pero las propuestas presentadas parecen más encaminadas a intervenir en las funciones de la Fiscalía y romper el equilibrio de poderes. Una cosa es la vigilancia; otra, ignorar los delitos cometidos.

El tema es álgido, por supuesto, pues durante la administración de Iván Duque hubo un discurso criminalizante de la protesta social. En varios momentos, los altos funcionarios del Estado estigmatizaron a cualquiera que se estuviera movilizando y todo acto de violencia era utilizado para restarles legitimidad a los válidos reclamos sociales. También, como denunciamos en su momento, la policía hizo centenares de capturas que luego se cayeron en los juzgados de garantías por falta de evidencias. Como lo constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando vino al país, fueron constantes las irregularidades de la fuerza pública. Eso no está en duda.

Lo que tampoco está en duda, y esto es clave, es que durante el paro nacional hubo personas que aprovecharon para destruir espacios públicos y privados, y para cometer otros delitos. Eso no está protegido por el derecho fundamental a la protesta ni está permitido en el marco del Código Penal. Son esas las capturas recientes, donde la Fiscalía dice que tiene pruebas para vencer a estas personas en sus juicios. Como dijo el ministro de Defensa, Diego Molano: “Quienes protestaron pacíficamente están tranquilos en sus casas. Quienes actuaron contra la Constitución y la ley con terrorismo, tortura, destrucción y atentaron contra fuerza pública están presos”. Claro, tienen derecho a la presunción de inocencia y se tendrá que demostrar que cometieron esos delitos, pero es por ellos y no por la protesta que están siendo juzgados.

Ahora, el presidente electo y representantes del Pacto Histórico han insinuado que todo se trata de un falso positivo judicial. El representante a la Cámara Alirio Uribe dijo: “Vamos a mirar si desde el punto de vista legislativo, en la ley para el sometimiento de (las bandas criminales) y demás, podemos buscar fórmulas jurídicas para darles salida a las personas que están capturadas (...) vamos a trabajar por la liberación de los jóvenes que se encuentran injustamente encarcelados”. También habló de que estudian reactivar la comisión de verificación de garantías.

Tenemos que ser claros: si hay intransigencia y fallas en el debido proceso de los jóvenes capturados, ellos tienen todo el derecho a su defensa y a quedar en libertad. Si la Fiscalía no tiene pruebas suficientes y un juez lo determina así, por supuesto que no hay motivos para la cárcel. Es más, los congresistas que deseen acompañar de cerca los casos para verificar que todo esté ajustado a la norma lo pueden hacer según sus funciones constitucionales.

Lo que es extraño es hablar de incluir disposiciones en la ley de sometimiento, una norma que, por definición, está pensada para criminales que quieren entrar al sistema judicial con penas reducidas. ¿Al fin los jóvenes son capturados injustamente o son criminales que merecen penas más bajas? Nos parece que, en vez de andar desprestigiando el trabajo de la Fiscalía, esta situación merece un análisis caso a caso, fuera de la retórica rimbombante que estamos comenzando a ver en el Congreso.

‘‘Se habla de capturas injustas, pero las propuestas presentadas parecen más encaminadas a intervenir en las funciones de la Fiscalía y romper el equilibrio de poderes”.