Las incógnitas sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito en el gobierno Petro
Aún no es claro cuál será el futuro del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), que vincula a casi 100.000 familias.
“Acá los campesinos están en dos situaciones: enfrentar el hambre y la crisis alimentaria a la que los llevó arrancar los cultivos (de coca) para vincularse a un plan de sustitución que no cumplió, o reincidir y volver a sembrar”. La frase de Juan Carlos Quintero Sierra, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), resume la dicotomía en la que se encuentran buena parte de las 99.097 familias de 56 municipios del país que se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la punta de lanza del Acuerdo de Paz para que los campesinos arrancaran estas siembras y las reemplazaran por proyectos productivos en el marco de la legalidad que les permitieran subsistir.
Aunque gracias al PNIS se erradicaron voluntariamente 45.761 hectáreas de coca (entre 2017 y 2018, años en los que se implementó esa acción en el programa) y solo el 0,8 % de quienes se acogieron resembraron estos cultivos de uso ilícitos, los retrasos en la implementación y los incumplimientos del gobierno saliente llevaron a que a la fecha el 97,6 % de las familias no hayan alcanzado un proyecto productivo de ciclo largo para garantizar su sostenibilidad, según cifras del informe de seguimiento No enreden la paz, entregado en julio por el Congreso de la República.
De acuerdo con cifras de 2021 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Colombia hubo una reducción del 7 % en el área sembrada con coca en el país, pasando de 154.000 hectáreas en 2019 a 143.000 en 2020. Pese a ello, dice ese informe, la capacidad de obtención de cocaína por hectárea se incrementó en los últimos años.
Si bien los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro han sido cautos en señalar cuál va a ser el futuro del PNIS, en semanas anteriores –durante el empalme– sí adelantaron que existía la necesidad de “encontrar una alternativa” para dar respuesta a las familias campesinas cocaleras, sin descartar arrancar de ceros con una nueva estrategia.
Sin embargo, líderes de organizaciones campesinas y expertos consultados por Colombia+20 coinciden en que, más que buscar un nuevo programa, lo que debe hacer el Ejecutivo es reformular el ya existente. Para Estefanía Ciro, investigadora del centro de pensamiento amazónico A la Orilla del Río, “no se puede descartar lo que ya se avanzó con las 100.000 familias que están en el PNIS.
“La conclusión de las reuniones con los campesinos vinculados es que hay que reformular profundamente el programa”, afirma. Entre los puntos de esa reformulación, dice la investigadora, está poner en marcha la Reforma Rural Integral –punto uno del Acuerdo de Paz– y articularla con el PNIS. Además, detalla Ciro, revisar la estructura burocrática del programa, que para la investigadora resultó “enriqueciendo a intermediarios y terceros”.
La necesidad de una transformación en esos y otros campos es tan urgente que, de acuerdo con un informe reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), si se sigue con el curso de acción visto durante el gobierno de Iván Duque, “es alto el riesgo de que la inversión del Estado —que podría superar los dos billones de pesos— no tenga un impacto real en el cambio en las condiciones de los territorios en los que opera el PNIS”.
Frente a eso, la FIP recomienda que durante los primeros 100 días del nuevo gobierno se tomen decisiones claves, como hacer un balance rápido de la implementación del programa (incluyendo la deserción de las familias); activar los diálogos a través de las instancias de participación del programa e involucrar a sus actores en la toma de decisiones; revisar en qué casos se pueden modificar los contratos y convenios ya firmados; conectar la ejecución del PNIS con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), entre otras. “Es importante que el Gobierno sea cuidadoso con los incentivos que genera con los anuncios, porque de momento pareciera que no es posible ampliar el PNIS y no es conveniente sembrar expectativas y en unos meses tener a familias frustradas y reclamando”, dice Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP.
Para Nidia Quintero, vocera nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), lo primero que debe hacer el Ejecutivo es “frenar acciones que produzcan violencia en los territorios y generar actos de confianza para que se pueda mostrar la ruta a seguir con el programa. Las comunidades están pidiendo a gritos que haya mesas territoriales para dialogar, para sentirse involucradas”, asegura.
Sobre ese punto, el investigador Lucas Marín, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, enfatiza en que “las necesidades de las familias que se vincularon al PNIS hace ya cinco años han cambiado, así como las expectativas y las condiciones de seguridad de sus territorios”.
Los líderes y expertos coinciden, además, en que la respuesta del nuevo gobierno al futuro del PNIS o cualquier estrategia para transformar la economía de las regiones cocaleras debe cambiar del enfoque individual o familiar al territorial, para garantizar transformaciones estructurales en el largo plazo, y que debe cambiarse el discurso de la sustitución como una salida por otras apuestas más integrales. Por ahora, habrá que esperar a que el presidente Petro designe formalmente al equipo encargado de liderar la política de drogas, uno de los ejes centrales de su plan de gobierno.
‘‘Los campesinos están entre dos situaciones: enfrentar el hambre y la crisis alimentaria a la que los llevó arrancar los cultivos de coca o reincidir, volver a sembrar”.