Las mujeres que luchan contra el machismo y defienden el Sumapaz
Hace más de dos décadas, en medio del conflicto entre la guerrilla de las Farc y el Ejército en esta localidad de Bogotá, las habitantes empezaron a abrirse camino en las organizaciones sociales. Hoy la apuesta es por la autonomía territorial y la pervivencia sin la presencia de grupos armados, incluida la Fuerza Pública.
Después de recorrer la carretera que atraviesa el parque principal de Usme, empieza a quedar atrás la ciudad urbana. Los edificios, el bullicio y el concreto se pierden mientras van apareciendo montañas verdes y una que otra casa campesina. Ocho kilómetros más adelante, un letrero anuncia que llegamos a la localidad del Sumapaz, la más grande de Bogotá y la única rural: 780 kilómetros cuadrados que contienen al páramo más extenso del mundo. Después aparece el primer puesto de control del Ejército Nacional, donde un puñado de soldados jóvenes revisan los documentos de cualquiera que intente entrar al páramo y deciden si levantan o no la talanquera de ingreso.
Los militares son los únicos que hacen presencia en el Sumapaz. Desde hace años se marchó la Policía y las organizaciones sociales asumieron la resolución de los conflictos que se producen en la localidad. Así lo dice la lideresa comunitaria Arnidia Runza Pinilla: “No vemos la necesidad de que llegue la Policía, que es un grupo armado, porque acá las organizaciones arreglamos los problemas conciliando”. Arnidia tiene 50 años y desde hace tres meses asumió como presidenta de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Tunal Bajo, aunque llevaba 14 años desempeñando este rol en las sombras, pues en teoría la junta siempre había estado presidida por hombres.
Esa es otra de las batallas que nos hemos ganado las mujeres de Sumpaz, lo digo yo misma como coautora de este texto: pudimos abrirnos espacio en las organizaciones sociales que históricamente han estado dirigidas por hombres. Pero de eso hablaremos más adelante. Volvamos a la carretera. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, los militares del puesto de control solo anotan en un cuaderno los datos del conductor y del vehículo y preguntan para dónde van, pero antes la historia era otra. Lo recuerdo bien: un día del 2004, cuando tenía 16 años, iba de camino a la Bogotá urbana con mi mamá en el único bus que pasaba en el día. Cuando llegamos al retén, los soldados hicieron bajar a todos los pasajeros. Separaron en un lado a hombres y en otro a mujeres, nos hicieron abrir las maletas y requisaron todo. Nos pidieron nuestros documentos de identidad y se los llevaron. Cuando volvieron, le dijeron a un campesino de la vereda Lagunitas que se tenía que quedar con ellos. Esa situación, el empadronamiento, era el pan de cada día.
Para entonces, la presencia de la entonces guerrilla de las Farc en el territorio era frecuente. Sumapaz, pese a hacer parte de Bogotá, era una zona roja de conflicto y varios miembros de la Fuerza Pública señalaban con insistencia a los pobladores como auxiliadores de ese grupo insurgente. La estigmatización arrancó desde inicios de los años 90, cuando empezó la militarización para sacar a las Farc del territorio. Y se sentía a diario, desde esas retenciones arbitrarias hasta la imposibilidad de los sumapaceños de decir abierta y libremente que eran simpatizantes o pertenecientes al Partido Comunista, que ha tenido mucha fuerza en esta zona.
En medio de esa disputa entre las Farc y el Ejército, en el ámbito de las organizaciones sociales las mujeres empezamos a reclamar y ganarnos más espacios. Primero, a finales de siglo, con los comités veredales de mujeres de Santo Domingo y San Juan, y más tarde, con la gran apuesta de formar un Consejo Local de Mujeres, que se materializó en el 2003, en el marco de una conmemoración del 8 de marzo. En ese momento se escucharon varios cuestionamientos de parte de la organización agraria y comunal, no solo de los hombres, sino incluso de las mujeres que participaban y llegaron a murmurar que ese sería el fin de los hogares del Sumapaz, porque ahora las mujeres estábamos construyendo nuestro propio espacio. Pero conformar un consejo de mujeres no era un capricho, sino una necesidad de incidir en las instituciones para conocer nuestros derechos y satisfacer deudas históricas que había con nosotras. Empezamos a priorizar recursos para nuestra formación sobre políticas públicas, derechos, paz, entre otros; tanto, que los hombres decían que “parecíamos carros varados porque andábamos de taller en taller”.
Las heridas que no queremos que regresen
Si hay algo que ha sido transversal a la lucha que hemos abanderado las mujeres del Sumapaz por defender nuestro territorio y nuestros derechos, es la paz. En 2010, cuando se estaba actualizando la Política Pública de Mujer y Equidad de Género en Bogotá, participamos en un encuentro distrital de mujeres rurales y allí exigimos incluir el derecho a la paz y al hábitat. Unos meses antes de ese encuentro distrital, el 18 de octubre de 2009, habíamos pasado por un hecho que nos mostró la crueldad de ese conflicto y cómo se ensañó también con el liderazgo social. Miembros de las Farc llegaron hasta la reunión de Asojuntas en la vereda Los Ríos del corregimiento Nazareth y asesinaron a Fanny Torres, la única edilesa de la localidad en ese momento. “A las mujeres nos marcó mucho el asesinato de nuestra edilesa Fanny, porque ella fue una mujer líder, que era muy solidaria y que quería que siempre las mujeres tuviéramos esas oportunidades. Nos enseñó muchísimo”, cuenta Arnidia.
Todas esas cicatrices que nos dejó el conflicto, sumadas a la pacificación del Sumapaz después de la firma del Acuerdo de Paz, han hecho que las organizaciones sociales queramos mantener nuestro territorio libre de cualquier grupo armado. En los últimos meses han sonado propuestas de traer una base de la Policía de Carabineros a la localidad, pero para nosotros no es necesaria. “Es muy difícil que desde un solo punto los agentes puedan garantizar seguridad en un territorio tan extenso, pero además, nos preocupan los efectos de que los niños vuelvan a crecer viendo personas armadas”, explica la lideresa Liliana Melo, y agrega: “Acá no queremos que se destine más plata a la guerra. El dinero de la construcción de esa base puede usarse para suplir necesidades más urgentes como un centro de salud de mayor nivel, más escuelas, vías e incluso fortalecer la justicia comunitaria”.
Este texto hace parte de varios productos periodísticos construidos con lideresas sociales de Santander, Córdoba, Sucre y Cundinamarca en el marco del proyecto de International Media Support (IMS) “Implementando la Resolución 1325 a través de los medios”, en asocio con la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz y el apoyo de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.
‘‘Es
fundamental que los jóvenes asuman una participación activa en el liderazgo”.
Esperanza Rubiano, primera mujer elegida como presidenta de la Asociación de Juntas.