Donald Trump no quiere reconocer sus errores

CUANDO EL FBI DECIDIÓ ENTRAR A la residencia de Donald Trump, todo el Partido Republicano de los Estados Unidos entró en trance. Hablaron de un golpe de Estado, persecución a la oposición (dado que Trump quiere ser candidato presidencial en 2024) y “parecerse a un país del tercer mundo”. El mismo Trump dijo que algo así nunca antes le había pasado a un presidente, que esto era equivalente a las chuzadas ilegales del Watergate durante la presidencia de Richard Nixon y que el FBI plantó evidencia para incriminarlo. Una representante a la Cámara dijo que esto era el comunismo en acción, que había que hacerle un juicio político a Joe Biden y que el país entero estaba en crisis. Lo que no dijeron es que Trump está siendo investigado por llevarse material clasificado que no debería estar en su poder. Otra cosa que les faltó: nadie, ni siquiera un expresidente, puede estar por encima de la ley.

Que el FBI, por orden del Departamento de Justicia, haya tenido que realizar un allanamiento en las propiedades de un expresidente es, sin duda, un acto preocupante que se debe mirar con lupa. Si hay algún atisbo de persecución política o intransigencia, debe denunciarse. Pero los hechos del caso de Trump señalan hacia otra parte. Para empezar, la decisión la tomó el fiscal general, Merrick Garland, y contó con la aprobación de un juez que avaló los méritos para el allanamiento. Adicionalmente, la medida, sin duda seria, vino después de que Trump en repetidas ocasiones se negara a colaborar con la justicia. El mismo Garland explicó que otros medios “menos intrusivos” fallaron porque el expresidente no quería entregar todos los documentos que estaban en su posesión.

¿Y qué buscaban, exactamente, los agentes del FBI? No conocemos todo el contexto, porque se trata de una investigación cubierta por la confidencialidad. Sin embargo, gracias a una pesquisa de The Washington Post, sabemos lo más importante: al parecer Trump estaba almacenando documentos con información sensible sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos y otro tipo de secretos de Estado con la mayor protección de privacidad posible. Al salir de la Casa Blanca, el exmandatario se llevó un montón de papeles clasificados que deben ser resguardados bajo estrictos protocolos y que, por supuesto, no le pertenecen a ningún presidente. Aunque hace unos meses devolvió unas 15 cajas con documentos, el FBI tenía suficientes indicios para creer que material clasificado seguía en poder de Trump, con todas las consecuencias nefastas que eso implica.

Entonces, no hay una persecución política ni un abuso de poder. Lo que estamos viendo es que parece que Trump violó la ley y no quería afrontar las consecuencias. Lo dijo el fiscal Garland esta semana: “Respetar el Estado de derecho exige aplicar la ley de manera equitativa, sin temores ni favores. Eso es lo que está haciendo el Departamento de Justicia”.

Lo que logran Trump y sus aliados al atacar la justicia es destruir las instituciones y decir que hay personas por encima de la ley. Eso es autoritarismo. Todo, porque el exmandatario no quiere reconocer sus malos comportamientos.

‘‘No

hay una persecución política ni judicial contra Donald Trump, solo se busca que responda por sus malos comportamientos”.