Aborto y privacidad
UNA MUJER EN NEBRASKA, ESTAdos Unidos, enfrenta cargos por presuntamente ayudar a su hija a buscar una forma de abortar, algo que, desde hace unas semanas, es ilegal en ese estado. La prueba reina de la policía son unos mensajes privados de Facebook que supuestamente muestran que el aborto no fue espontáneo sino voluntario. Algunas personas se indignaron con Facebook por entregarle a la policía los mensajes, pero la verdad es que en Estados Unidos ningún mensaje es realmente privado para la policía, que puede pedir una orden judicial para ver historial de llamadas, mensajes privados en redes sociales, movimientos bancarios, lo que se les ocurra, siempre y cuando sea con la justificación de estar investigando un delito, y ahora el aborto es un delito en la mitad del país.
En 1972, justo antes de que pasara la sentencia Roe v Wade, internet no existía, así que el rastro de un aborto ilegal era mucho más fácil de esconder. En cambio hoy estamos dejando todo tipo de rastros de datos que pueden corroborar un aborto ilegal, no solo la mensajería en redes sociales, también hay información valiosa en las apps para hacer seguimiento del periodo menstrual, en el historial de navegación, en las apps que se usan para monitorear la salud.
Y aún así esta es la vía más efectiva: el abogado Adam Schwartz explicó a The New York Times que hay dos vías para proteger la privacidad de la ciudadanía: “una es la autodefensa digital frente a la vigilancia, que es importante pero no suficiente” y con esto se refiere a usar servicios de mensajería encriptados como Signal o navegadores que no dejan rastro como Tor, o a recomendaciones como dejar el celular en casa para que no queden registrados tus movimientos o asistencia a la clínica; “y la otra vía es pasar legislación que proteja la privacidad reproductiva”. Entre los proyectos legislativos está “My Body My Data Act” (Acto “Mi cuerpo, mis datos”) de la representante Sara Jacobs que “prohibiría que las compañías recolecten, guarden, usen y compartan información sobre la salud sexual y reproductiva de una persona sin su consentimiento”, algo difícil ya que la recolección y venta de estos datos es un gran negocio. Otro proyecto legislativo es “The Fourth Amendment Is Not For Sale Act” (Acto “La Cuarta Enmienda no está en venta”), que busca “prevenir que la policía o las agencias de inteligencia compren registros y detalles personales a los ‘data brokers’”; algo que también parece difícil en un país que desde el 9-11 se ha vuelto cada vez más invasivo, justificándose con el discurso de la seguridad.
Esta situación también es una oportunidad para que feministas y activistas por los derechos digitales se organicen en una alianza urgente y necesaria. En los años 2010 y posteriores se empezó a dar un punto de encuentro entre ambos movimientos cuando se empezó a visibilizar y problematizar cómo la misoginia del mundo real se replica de manera virulenta en las redes sociales y esto hace que sea difícil la participación de las mujeres, hombres trans y personas no binarias en estos espacios. Y quizá son movimientos que llevan mucho tiempo en la misma orilla, y fortalecer y entrelazar estas luchas debería ser una prioridad tanto en Estados Unidos como en toda Latinoamérica.