Decisión histórica para tratar problema de baldíos
La Corte Constitucional sentó las reglas de juego que deberá seguir el Estado para resolver un problema de décadas de atraso: el de los baldíos y el derecho de los campesinos a acceder a ellos.
Después de dos años de espera, la Corte Constitucional tomó una decisión histórica para uno de los problemas más graves que padece el país desde hace décadas: el tema de los baldíos y el acceso a ellos. El alto tribunal, al estudiar 13 tutelas que pusieron en evidencia la complejidad del asunto, sentenció sin rodeos: el Estado ha incumplido en promover el acceso a la propiedad de la tierra para los campesinos. Asimismo, la Corte expresó que existe un vacío en la aplicación e interpretación del régimen especial para otorgar estos predios. Por ello, con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la corporación adoptó una serie de medidas para proteger los derechos de los particulares que han querido regularizar y formalizar la propiedad rural.
La puja por este caso está ante el alto tribunal desde 2017, cuando llegó la primera acción de tutela, que junto a doce más se acumularon en el despacho del magistrado Lizarazo para que en enero del año pasado presentara una ponencia. Desde 2014, la Corte ha dicho que los bienes baldíos como propiedad del Estado son imprescriptibles y solo pueden ser adjudicados a campesinos, en desarrollo de la reforma rural. Es decir, no pueden ser entregados a particulares por decisión judicial. Sin embargo, lo que evidenció la Corte es que se creó todo un sistema que, a través de movidas jurídicas, benefició a terceros que adquirieron baldíos, de buena y mala fe, pero que no cumplían con los requisitos para acceder a ellos.
Según los informes de expertos que revisó el alto tribunal para tomar esta decisión, esa situación no solo generó que los campesinos se quedaran sin acceder a tierras, sino que promovió la acumulación de terrenos. Como lo reveló este diario hace unas semanas, la ponencia de Lizarazo planteaba unas reglas claras de lo que debía hacer el Estado con respecto a esos baldíos y las tierras que se entregaron durante años, bajo la figura jurídica conocida como prescripción de dominio. En palabras muy sencillas, ese recurso les permite a terceros (no propietarios) pedirle a un juez que les otorgue un pedazo de tierra, después de probar que han vivido en ella y la han explotado por determinado tiempo, sin necesidad de aportar títulos ni tener una tradición del dominio.
El lío es que muchos de estos terrenos se entregaron mal y el problema es tan grave que, como lo dice la propia Corte, hoy no existe información para entender cuántos predios fueron legalmente entregados y cuántos no. Por eso, la Corte estableció una especie de manual que deberán seguir las autoridades relacionadas con tierras para resolver los casos de tenencia. Lo más importante, quizás, es que el alto tribunal le dice a la Agencia Nacional de Tierras que debe ejecutar un plan de recuperación de baldíos, especialmente sobre las tierras que obtuvieron ciudadanos que no eran campesinos ni sujeto del derecho a acceder a ellas.
Además, la Corte le ordena a la Agencia que también debe priorizar la recuperación de terrenos que fueron acumulados por sus dueños, algo completamente prohibido por las leyes vigentes y que hoy es uno de los problemas más graves del acceso a tierras. “En la ejecución del plan de recuperación de baldíos, las autoridades deberán reconocer las sentencias que hubieren declarado la pertenencia de predios rurales, no obstante los defectos en que hubieren podido incurrir los jueces que las profirieron, siempre que constaten que cumplen las finalidades asignadas a los bienes baldíos y los requisitos subjetivos y objetivos para su adjudicación”, aclaró la Corte en un comunicado de prensa.
Otra clave del fallo es que, para el alto tribunal, cualquier dedo que mueva el Gobierno o las autoridades del caso en tema de tierras, debe hacerse pensando en lo que se pactó en el Acuerdo Final de Paz con las Farc. Para la Sala Plena, existen puntos que considera de especial relevancia para avanzar en una política que logre sacar el tema de tierras de las décadas de atraso que padece: el fortalecimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la creación de la jurisdicción especial agraria, la consolidación del catastro multipropósito, la actualización del sistema de registro, el cumplimiento de las metas del Fondo Nacional de Tierras y la elaboración y ejecución del plan de formalización masiva de la propiedad rural.
La decisión de la Corte se convierte en la hoja de ruta que deberá seguir el nuevo gobierno que, precisamente, tiene como promesa de campaña garantizar el acceso a tierras y promover una reforma agraria. La ministra de Agricultura, Cecilia Álvarez, reconoció el fallo en sus redes sociales y dijo: “El Gobierno acata el fallo de la Corte sobre baldíos, lo va a estudiar con rigor y objetividad pensando siempre en respetar los derechos legalmente adquiridos, la seguridad y estabilidad jurídica”.
››La Corte ordenó la creación de la jurisdicción agraria y la consolidación del catastro multipropósito.